Descripción general:

Este caso ha estado bajo la lupa desde que el 21 diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la firma brasileña había pagado sobornos en más de 11 países de América Latina. Para entender cómo llegó a convertirse en uno de los casos mas emblemáticos de corrupción que se ha destapado hasta el momento en el país, es necesario analizarlo en perspectiva.

 

En esta ocasión, Infolaft decidió observar este polémico caso bajo un enfoque pedagógico, para establecer cómo se debió investigar y determinar si hubiera podido ser prevenido.

En primer lugar, es importante tener una metodología de investigación que logre revelar y obtener toda la información necesaria de cada caso. En Infolaft recomendamos una metodología que se basa en analizar los casos teniendo en cuenta la cronología de estos, los vínculos, los documentos y los detalles financieros, todos investigados bajo un marco legal vigente, para posteriormente desarrollar un informe completo que permita tomar decisiones que beneficien a la empresa.

Teniendo en cuenta el ámbito cronológico, la primera revelación sobre los sobornos de la empresa brasileña en el país llegó en 2016 cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que, a través de procesos de licitación, Odebrecht habría entregado más de 11 millones de dólares en contratos entre 2009 y 2014. Esto encendió las alertas tanto en Colombia como en toda Latinoamérica y abrió paso a una cacería de contratos y funcionarios involucrados en dichos sobornos.

Pero antes de esto es importante mencionar que el escándalo inició en 2014 cuando el exdirector de refinación de Petrobras, Paulo Costa, explicó a la justicia brasilera que entre 2004 y 2012 las más grandes constructoras del país (Odebrecht, entre ellas) habían pagado millonarias coimas a directivos de Petrobras y a más de 50 políticos de diferentes partidos políticos en Brasil.

A pesar de que  esto hubiera sucedido en otro país, esta declaración debió encender alertas en Colombia teniendo en cuenta la presencia de Petrobras en nuestro país.

Con base en lo anterior, aunque la multinacional entró a Colombia en 1992, solo hasta 2015 la empresa dejó de pasar desapercibida. En ese año el Banco Mundial recibió una alerta de Néstor Franco, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR),  quien advertía que estaba inquieto por la licitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de El Salitre, donde Odebrecht participaba.

Esta alerta llegó al Banco Mundial debido a que, en ese entonces, había prestado 430 millones de dólares para esta obra y exigía una transparencia total al entregarla.

Por otro lado, y también antes de que se destapara el escándalo latinoamericano, el país obtuvo otra señal de alerta: la SuperSociedades impuso una multa de $70 millones a Odebrecht por incumplir las nuevas normas contables. Dicha multa debió haber alertado a las autoridades de que algo andaba mal con la constructora brasileña.

El superintendente Francisco Reyes recordó que para ese momento Odebrecht entregó algunos datos requeridos pero de forma parcial, lo que no alivió su situación ante la SuperSociedades.

Aún así, el escándalo en Colombia inició el 13 de enero de 2017, cuando, gracias a un acuerdo de colaboración con los miembros de la constructora brasileña y la fiscalía,  se encontró y capturó al primer implicado en los sobornos de Odebrecht, el exviceministro de transporte, Gabriel García Morales quién, según las investigaciones, no solo recibió US$6.5 millones de la firma brasileña en 2009, sino que además adjudicó el contrato de $5 billones de la Ruta del Sol II a Odebrecht.

García aceptó los cargos e inmediatamente encendió los ventiladores que darían paso a varias capturas y la vinculación de varios funcionarios más con esta red de sobornos en el país.

Teniendo claros estos hechos cronológicos, es posible dar inicio a un análisis de vínculos, donde cada declaración reveló la relación y participación de varios funcionarios públicos colombianos en la red de sobornos de la empresa brasilera.

Para esto, es importante recordar que existen dos clases de vínculos: aquellos que son aparentes como los familiares, societarios y laborales, y los no aparentes, o más difíciles de relacionar como los sociales (amistad, sentimentales…), jurídicos (contratos, poderes, etc.) y transaccionales.

 

Campañas políticas

Con este análisis, la Fiscalía logró destapar uno de los hechos más importantes de todo el caso Odebretch en Colombia: la vinculación de las campañas políticas.

Las campañas presidenciales Santos 2014 y la de Oscar Iván Zuluaga se vieron implicadas en este caso luego de que la Fiscalía revelará que supuestamente la compañía brasileña había aportado dinero a las campañas y estas no habían reportado dichos ingresos.

En primer lugar, y según informó El Espectador en ese momento, la Fiscalía tenía pruebas que demostraban que la multinacional había asumido costos en las campañas presidenciales de 2014, tanto de Óscar Iván Zuluaga por el Centro Democrático como de Juan Manuel Santos, en ese momento presidente en ejercicio, y estas habían sido enviadas al Consejo Nacional Electoral.

“Compartimos todos los elementos materiales probatorios de naturaleza testimonial y documental que a la fecha tiene en su poder la Fiscalía General de la Nación y que le permiten concluir, certeramente, que con relación a las campañas presidenciales 2014 – 2018, Odebrecht asumió costos relacionados con las mismas, y que los dineros se pagaron desde el Departamento de Operaciones Estructuradas, creado por la compañía brasilera”, informó el diario el 17 de julio de 2017.

 

Se agranda el escándalo

Justo cuando el país pensaba que no podía existir peor escenario que el que se vivía en ese momento en temas de corrupción y soborno, el fiscal general Néstor Humberto Martínez aseguró que la cifra de sobornos pagados por la compañía brasilera en Colombia no era de 21 000 millones de pesos como se dijo inicialmente, sino de 84 000 millones de pesos. Esta información fue revelada después de un análisis documental y financiero.

Gracias a varias declaraciones de funcionarios implicados en esta red, como el senador Bernardo “ñoño” Elías, el excongresista Otto Bula y el exviceministro García Morales, la Fiscalía logró conocer que por medio de varías tipologías de lavado y soborno, como la compra de un banco y el uso de empresas fachada, la multinacional había logrado sobornar a funcionarios por 3 veces más dinero que la cifra inicial descubierta.

Por ejemplo, y según afirmó El Tiempo, para la adición del contrato Ocaña Gamarra en la Ruta del Sol II se utilizaron “contratos simulados y servicios que no fueron prestados (…) Las empresas distribuían los pagos a través de otras facturaciones que tenían para hacer llegar los pagos a funcionarios públicos, para impulsar la adición de la vía Ocaña Gamarra” aseguró en su momento el Fiscal General.

Para comprobar el pago de estos 84 000 millones de pesos, el artículo de El Tiempo también menciona que la Fiscalía además encontró que “un contrato por 10 000 millones de pesos se pagó en el 2015 en tres facturas, otro con una banca de inversión por supuesta asesoría por 9000 millones, un tercero por más de 7000 millones de pesos con una entidad panameña, un cuarto contrato de 6000 millones recaudados por una sociedad colombiana que subcontrató a una empresa de Sahagún (Córdoba), el pueblo natal del senador  Bernardo Elías, y  un quinto contrato de 5000 millones en donde se involucra a Federico Gaviria”.

 

¿Podía Odebrecht ofrecer sobornos?

De acuerdo con la ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA) emitidas por Estados Unidos, ofrecer directa o indirectamente coimas a funcionarios públicos en el extranjero con el fin de obtener un contrato o mantener un negocio está extrictamente prohibido.

Esta ley no solo regía a la compañía Odebretch por tener oficinas en el territorio americano, sino a muchas de las multinacionales que conocemos hoy en día. Es decir que, desde el primer momento, los funcionarios de la multinacional brasileña sabían que entregar dinero a cambio de contratos era ilegal y no estaba permitido.

Por otra parte, el manual de ética corporativa de esta compañía también tenía un capítulo que hablaba extrictactmente sobre la prohibición de la entrega de “regalos” o “ dineros” para beneficiarse con contratos.

Explícitamente mencionaba: “Queda prohibido a todos los integrantes de la organización: (…) ofrecer, prometer, conceder, autorizar, aceptar o recibir, directa o indirectamente, cualquier tipo de ventaja, pago, obsequio o entretenimiento que contradiga los lineamientos de la organización o que  pueda ser interpretado como ventaja indebida, coima, soborno o pago a un agente público, privado o de cualquier otro sector”

A pesar de que Odebrecht tenía un sistema de ética corporativa aparentemente completo, terminó envuelta en un escándalo de corrupción con repercusiones operacionales, reputacionales, legales y de contagio. Es decir que el tener un manual ético no siempre quiere decir que la compañía sea ética.

 

En qué falló el programa de ética corporativa

En el acuerdo de culpabilidad que Odebrecht entregó a la justicia de Estados Unidos, el Departamento de Justicia de este país incluyó una guía de lo que debe contener un programa de cumplimiento anticorrupción.

En primer lugar, y para que este sea efectivo, el manual de ética debe evaluar el sistema con base en riesgos, aplicar a todos los empleados, aliados, representantes y participantes en empresas conjuntas o consorcios, contar con un sistema de contabilidad con controles internos para garantizar libros, estados financieros, asientos y soportes contables transparentes y contar con el compromiso directivo del más alto nivel.

Y aunque en el papel todo esto estaba tal cual menciona el Departamento de Justicia, el compromiso directivo del más alto nivel solo se encontraba por escrito y esta fue la brecha por donde se permeó la corrupción dentro de la empresa brasileña.

 

¿Se hubiera podido prevenir?

Aún así, aunque la corrupción se logró permear dentro de Odebretch, las empresas que recibieron los sobornos pudieron haber detectado estas actividades inusuales y sospechosas si se hubieran fijado en la probabilidad y el impacto de las operaciones y hubieran utilizado la metodología de investigación desde antes de que iniciara el escándalo en Colombia.

El hecho de que Odebretch fuera una empresa tan grande y reconocida sesgó a los oficiales de cumplimiento, pues no tuvieron en cuenta que muchas veces las empresas con menos probabilidad de cometer delitos son aquellas que más impacto generan, y más cuando esta es una multinacional con presencia en más de 12 países y que delinquía en todos.

Por otro lado, si las empresas hubieran realizado una investigación metodológica desde el comienzo y cuando inicio el escándalo en Brasil, seguramente la red de sobornos en Colombia no hubiera logrado crecer con la dimensión que alcanzó.