Infolaft analiza el estado del país en cuanto a la regulación de las denominadas actividades y profesiones no financieras designadas (Apnfd).

 

La recomendación 23 de Gafi hace extensiva la obligación de implementar programas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo a las actividades y profesiones no financieras designadas (Apnfd), las cuales son: abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes, contadores, agentes inmobiliarios, casinos, comerciantes de metales preciosos y de piedras preciosas, y los proveedores de servicios societarios y de fideicomisos.

Sin embargo, cuando las recomendaciones hablan de abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores no se refiere a todos, ya que el estándar solo aplica a aquellos que realicen operaciones de compra y venta de bienes inmobiliarios, que administren dinero de sus clientes o creen empresas para la compra y venta de entidades comerciales, entre otras.

Igualmente, el Gafi también les recomienda a estas Apnfd reportar las operaciones sospechosas de las que tengan conocimiento en el ejercicio de sus labores a la respectiva unidad de inteligencia financiera: para el caso de Colombia, a la Uiaf.

Adicional a ello, en muchos foros y seminarios de prevención del LA/FT varias autoridades nacionales en la materia han dicho reiteradamente que el sector de las Apnfd es uno de los que tiene mayor exposición al riesgo, por lo que es importante revisar cuáles de ellos tienen normas y cuáles no, de acuerdo con los estándares.

 

Los que no tienen obligación

 

 

Abogados

En Colombia los abogados aún no tienen una obligación específica para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, ni mucho menos una para entregar reportes de operaciones sospechosas a la Uiaf.

Tal y como lo mencionó infolaft en su artículo ‘Riesgos LA/FT de los abogados’, en el Código disciplinario del abogado se califica como falta el hecho de ‘‘aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad’’, y esto sería lo único medianamente relacionado con temas LA/FT.

No obstante, infolaft conoció que la Superintendencia de Sociedades está a punto de publicar una circular que obligaría a las firmas de abogados más grandes del país a implementar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT, el mismo que deben adoptar las más importantes empresas del sector real.

 

Contadores

Con la emisión de la ley 1762 de 2015, también conocida como ley anticontrabando, se obligó a los revisores fiscales a reportar a la Uiaf las operaciones catalogadas como sospechosas ‘‘en los términos del literal d) del numeral 2 del artículo 102’’ del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Eosf).

Vale decir que para que una persona pueda ejercer la función de revisoría fiscal o auditoría externa como se denomina en otras jurisdicciones, debe contar con título profesional de contador, razón por la cual esta se puede entender como una obligación para los contadores.

No obstante, todos los revisores fiscales de Colombia –y por ende todos los contadores- no están obligados a reportar. Según lo expresado por el columnista Daniel Jiménez en su artículo ‘Novedades para los revisores fiscales’, publicado en la edición 81 de infolaft, ‘‘el reporte lo deben cumplir únicamente los revisores fiscales de las empresas que están obligadas a atender los literales a), b), c) y d) del numeral 2 del artículo 102 del Decreto-ley 663 de 1993’’. Las empresas en mención son únicamente las vigiladas por la Superintendencia Financiera.

Jiménez también observa que los revisores fiscales no tienen el deber de evaluar las transacciones de los clientes de la empresa para detectar inusualidades, razón por la cual deben reportar únicamente aquellas que hayan advertido dentro ‘‘del giro ordinario de sus labores’’.

Ahora bien: ¿cuántos de estos revisores están registrados en el Sirel de la Uiaf? Según la misma unidad, con corte al 31 de octubre de 2015 solo dos revisores estaban registrados y ninguno de ellos ha entregado ROS.

 

Agentes inmobiliarios

Los agentes inmobiliarios en Colombia, a la fecha, no cuentan con una norma específica que los obligue a implementar procedimientos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en sus operaciones o las de sus clientes, ni a reportar operaciones sospechosas a la Uiaf.

Sin embargo, la circular que emitiría la Superintendencia de Sociedades para regular a los abogados también cobijaría a las empresas más grandes del sector inmobiliario, esto con base en unos ingresos brutos que están siendo calculados por el ente de supervisión. De esta forma, contemplaría a los que por monto deben estar más protegidos frente a las vulnerabilidades que les generan estos fenómenos delictivos.

 

Comerciantes de metales y piedras preciosas

En Colombia no existe una obligación específica de implementación de controles contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo para los comerciantes de metales y piedras preciosas. No obstante, la resolución 363 de 2008 de la Uiaf impone el deber de reporte de operaciones sospechosas a las empresas exportadoras y/o importadoras de oro, casas fundidoras de oro y a las sociedades de comercialización internacional que dentro de su actividad comercialicen o exporten oro. De no hacerlo se exponen a sanciones por parte de la Superintendencia de Sociedades.

Algo que vale pena mencionar es que pueden existir empresas comercializadoras de oro  que -por ejemplo- deban cumplir con la Circular 170 de 2002 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) siempre que realicen operaciones de comercio exterior. Esta circular impone la obligación de implementar un sistema integral de prevención de lavado de activos (Sipla).

 

Chris Fithall

 

Sectores que ya tienen norma

Casinos

La resolución 260 del 21 de marzo de 2013, proferida por Coljuegos, obliga a las empresas de juegos de suerte y azar localizados y novedosos a adoptar e implementar un sistema de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo (Siplaft).

Estos establecimientos comerciales deben contar con mecanismos de prevención y control del LA/FT para identificar a sus clientes. El numeral 2.3.2.2.1 de la circular impone la obligación de entregar varios reportes a la Uiaf, entre estos los de operaciones sospechosas (ROS), los reportes de ausencia de operaciones sospechosas, los reportes de transacciones en efectivo y en tarjetas débito y crédito, los reportes de transacciones múltiples en efectivo y los reportes de ganadores de premios, entre otros.

Según información de la Uiaf, con corte al 31 de octubre de 2015 un total de 430 empresas de este sector estaban registradas en el Sirel y habían entregado 51 ROS.

 

Notarios

Los notarios en Colombia deben implementar un sistema integral de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (Siplaft), esto de acuerdo con lo señalado en la circular 1536 del 17 de septiembre de 2013 de la Superintendencia de Notariado y Registro.

A través de esa norma se impone a los notarios la obligación de aplicar procedimientos para conocer a sus usuarios y empleados, esto con el fin de gestionar el riesgo de LA/FT que se puede generar en los actos o contratos que se hagan mediante escritura pública.

El numeral 7.2 de la circular también obliga a los notarios a entregar reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la Uiaf cuando estas tengan lugar y sean detectadas. Además de los ya mencionados ROS, los notarios deben entregar reportes de operaciones notariales (RON) y reportes de adjudicaciones en remate.

De acuerdo con el ‘Informe de gestión octubre 2014 – octubre 2015’ de la Uiaf, con corte al 31 de octubre de 2015 había 901 notarías registradas en el Sistema de reporte en línea (Sirel). Vale decir que el Sirel es el único medio a través del cual las entidades obligadas deben entregar sus reportes.

El mismo informe de la Uiaf sostiene que al 31 de octubre de 2015 las notarías del país entregaron 5644 ROS, lo que equivale a un 9% del total de ROS recibidos por la Uiaf desde el año 1999.