Una noticia nueva empaña a la inmediatamente anterior, pero muchas de ellas son de gran relevancia para los administradores del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y deben permanecer en la retina. Desde un escándalo que empieza con la revelación a la prensa de papeles filtrados de una oficina de abogados de la región, hasta el cuestionamiento que debemos formularnos sobre qué tan preparados están nuestros países para enfrentar los desafíos del terrorismo y de su financiación.
Por: Jorge Humberto Galeano Lineros*
La actualidad entre el terremoto y los ‘Panama Papers’
El mundo produce noticias día a día y a veces es difícil digerir muy ágilmente las últimas sin olvidar las anteriores, muchas de las cuales deberían llamar la atención de quienes estamos en el mundo de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Por supuesto lamentamos profundamente la pérdida de la vida de más de medio millar de personas en Ecuador a raíz del terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter, pero tan solo 13 días antes (el 3 de abril) se habían revelado los Panamá Papers. La mayor filtración de datos de la historia en la que participaron 109 redactores de todo el mundo y al menos 370 periodistas de 76 países. Una filtración 2300 veces más grande que la de Wikileaks.
Este fue un escándalo que como presenciamos fue creciendo en la medida en que la prensa iba revelando el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas expuestas políticamente (PEP) y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte.
Entre los mencionados estuvieron el presidente de Rusia, Vladimir Putin; el presidente de Argentina, Mauricio Macri; el futbolista Lionel Messi; el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez; y otros que a la fecha han debido abandonar sus cargos, como el primer ministro de Islandia, el ministro de Industria en funciones de España o el presidente de la organización Chile Transparente.
Los ‘Panamá Papers’ han tenido la atención mundial, primero por la magnitud de la filtración, segundo por los personajes públicos que allí han ido apareciendo, y tercero por la expectativa que ha generado el saber si las personas que utilizaron los servicios de Mossak Fonseca lo hicieron no solo para tener eventuales beneficios tributarios que ofrece la jurisdicción o para facilitar sus negocios legales, lo cual no tendría nada de reprochable, sino para dar un mal uso a las sociedades locales u off shore.
Este episodio que hubiera podido ser aislado y solamente ser catalogado como la filtración de documentos de una oficina de abogados en la región, ha pasado a ser la antesala de reformas globales y estructurales en la manera de hacer negocios trasnacionales, así como de la fijación de una política de transparencia con consecuencias muy graves para las personas y las jurisdicciones que no se adhieran, empezando por sanciones o señalamientos de los organismos multilaterales como el FMI, la Ocde o el Gafi.
Este caso, sin duda, es interesante desde la perspectiva de la prevención del lavado de activos porque algunas de los cientos de operaciones hechas a través de las 240 000 empresas que Mossack Fonseca ha ayudado a crear a lo largo de 40 años, podrían incluir recursos obtenidos de actividades ilegales. También sería grave si dichas sociedades sirvieron para perfeccionar las actividades ilegales, ya que eso podría comprometer a la misma oficina de abogados por posibles omisiones de debida diligencia.
Esta historia está lejos de terminar y menos ahora que el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, ha dado apertura a "una investigación criminal" sobre asuntos "relevantes" vinculados con los papeles de Panamá.
Ya el estallido del escándalo de la Fifa, ocurrido coincidencialmente en el mismo período en el que presuntamente se filtraron los documentos de Mossack Fonseca al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, eran una clara señal de que no había cuartel en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos o los delitos fiscales y que no importaba hace cuánto ni dónde se hubiese cometido.
Los atentados
En este recuento de noticias diarias que empañan rápidamente las anteriores debemos forzosamente devolvernos en el tiempo a otros que han impactado al mundo, como por ejemplo los actos terroristas perpetrados en Bélgica el 22 de marzo de 2016, los de París el 13 de noviembre de 2015 y el 7 de enero (este último contra el semanario Charlie Hebdó), y los de Túnez en marzo de ese mismo año, porque ahí es donde quiero centrarme: en el terrorismo y su financiación.
Es natural, por muchas razones, que los países hayan avanzado más rápidamente en la implementación de medidas de prevención, investigación y juzgamiento de aspectos relacionados con el lavado de activos, aunque también –valga decirlo- hay otros tantos que apenas están haciendo esfuerzos en lo normativo y carecen de resultados porque no se ha hecho realmente la implementación.
Foto IDF vía Flickr
No obstante, frente a la financiación del terrorismo existen lagunas importantes y generales en casi todos los países.
Así las cosas, surge la inquietud de qué tan lejos estuvieron Estados Unidos en el 2001 (11-S), España en el 2004 (11-M), Francia en el 2015 (7-E y 13-N) y Bélgica en el 2016 (22-M) para prevenir y detectar la financiación de los actos terroristas que ya se han materializado. También vale preguntarse: ¿qué tan preparada está América Latina para prevenir y detectar la financiación de actividades terroristas o grupos terroristas como lo piden los estándares de Gafi?
Que tan preparada está América Latina?
Hasta ahora la guerra contra el grupo radical Daesh (Isis ó Estado Islámico) se ha concentrado en Siria e Irak y eso ha generado ataques por parte de los terroristas en Europa, pero ese antecedentes no nos puede hacer descartar la posibilidad de nuevos ataques, esta vez en alguna capital latinoamericana.
Habría evidencia según la cual desde 2011 por lo menos 27 000 extranjeros de 86 países viajaron hacia Irak y Siria para unirse a Daesh y de estos casi 100 serían de América del Sur. Esto haría probable que expandan sus actividades terroristas en este lado del mundo para no dar señales de debilidad y por el contrario demostrar ser una gran amenaza para el mundo occidental e ‘infiel’, como ellos lo califican.
Acaecidos los atentados en Bruselas, Europa ha empezado a hacerse una autocrítica por la falta de coordinación en la lucha antiterrorista y han admitido que no se aplicaron las medidas de seguridad acordadas tras los ataques de París. Es así como las fallas que se van evidenciando a lo largo de la investigación sobre los atentados motivaron la renuncia de dos ministros belgas, las cuales no les fueron aceptadas.
Esa es sin duda la primera gran lección aprendida para América Latina: la coordinación nacional y la internacional debe ser ágil y permanente en los flujos de intercambio de información de inteligencia militar o de policía, pero principalmente en el de información financiera que es la que podría hacer inviables estos actos de horror.
Es evidente que así existan los canales y los medios, así como la experticia para detectar y reportar operaciones asociadas al lavado de activos, la financiación del terrorismo ofrece una alta complejidad en su detección por el carácter lícito que en su origen pueden tener esos recursos, aunado a los relativos bajos montos que puede costar hacer terrorismo.
Los costos del terrorismo
Según el Global Terrorism Index, en el año 2015 las muertes por actos de terrorismo aumentaron un 80%, lo que sería el porcentaje más alto alcanzado en la historia con un costo económico global que alcanzó los U$52 900 millones de dólares.
El grupo yihadista, que es calificado como el grupo terrorista más rico del mundo gracias al cobro de ‘impuestos’ y a la venta de petróleo, gastó en los atentados de París aproximadamente el 2% de lo gastado por Al-Qaeda el 11 de septiembre de 2001 en los atentados a las torres gemelas.
Los estimativos de cuánto costaron los actos terroristas de París el 13 de noviembre de 2015, que dejaron 130 muertos y más de 300 heridos, según Reuters se estiman en alrededor de U$7800 dólares correspondientes a alquiler de dos apartamentos, alquiler de tres carros y la compra de seis fusiles Kalashnikov con su respectiva munición.
Solo para tener un comparativo con actos terroristas de gran calibre se puede recordar el dato que suministró la Comisión Federal de Estados Unidos sobre el costo de los ataques a las torres gemelas de Nueva York. Según esta dependencia los atentados costaron entre U$400 000 y U$500 000 dólares, dejando un saldo trágico de aproximadamente 2820 muertos (9% de ellos latinoamericanos) y alrededor de 6000 heridos.
Los billetes de alta denominación para financiar terrorismo
Dado que hacer terrorismo requiere de costos relativamente bajos respecto de aquellos demandados para prevenirlos o para remediar sus efectos, hay ya una nueva mirada sobre los billetes de alta denominación, pues no necesariamente estos montos pasan por el sector financiero que tiene controles más estrictos, sino se transfieren a través de medios alternativos para el envío de remesas o a través de correos humanos.
Es así como el Banco Central Europeo ya ha planteado hacer que el billete de 500 euros sea parte del pasado y ha sido motivo de discusión en la Unión Europea cómo contener la financiación del terrorismo.
El director de la agencia de la policía europea (Europol), Rob Wainwrigth, ha caracterizado a los billetes de alta denominación como la moneda preferida por los terroristas y las organizaciones criminales. Es apenas natural que los criminales busquen las altas denominaciones porque el dinero en efectivo será más fácil de transportar y más fácil para invertir en negocios de sectores poco regulados.
Igualmente de manera reciente el profesor Lawrence H. Summers de la Universidad de Harvard, en un artículo publicado en el Washington Post, señaló que era tiempo de acabar el billete de U$100 al argumentar que este facilita el crimen y la corrupción. Esta misma propuesta la planteó desde los años 90 en el G7 cuando se iba a lanzar el billete de 500 euros.
El primer paso lo ha dado Europa y se puede especular que la tendencia de las economías será la de desaparecer los billetes de alta denominación que resulten representativos en su conversión.
En el caso colombiano podría suponerse que el billete de $100 000 pesos y los que vienen de más baja denominación, emitidos bajo argumentos eminentemente técnicos como lo expuso el banco emisor, forzarán a las organizaciones que han tenido literalmente enterradas fortunas ilícitas a ponerlas a circular para hacerse a los nuevos billetes o mejor aún a los de más alta denominación para bajar los volúmenes que implica su depósito y custodia.
Esperemos que no lo hagan para perpetrar más actos terroristas en el país como lo han hecho el ELN o las Farc, para autofinanciarse o para seguir fortaleciendo las alianzas de esta última organización con grupos de la región como Sendero Luminoso en el Perú o el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
No se entendería, como lo expresó Alfonso Cuellar en su columna de noviembre de 2015 en la revista Semana, en palabras mías: la diferencia entre matar inocentes por ideología o por creencias religiosas es que a unos los han asesinado por presuntos infieles y a otros los volaron en mil pedazos por ser presuntamente ricos.
Grande es entonces el desafío para los estados frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo: el primero por ser una enfermedad silenciosa para sus intereses económicos y el segundo porque al materializarse significa la pérdida de cientos de sus ciudadanos.
*Exsuperintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos de la Superfinanciera/Colombia
Actualmente consultor AML/CFT
