El informe de monitoreo de cultivos ilícitos de 2018 elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) mostró que, en Colombia, el área identificada de cultivos de coca a diciembre 31 de 2018 fue de 169.000 hectáreas, lo que representa una reducción del 1,2% respecto a 2017, año en el cual se identificaron 171.000 hectáreas, cifra considerada la máximo histórica. Según el Minjusticia, este resultado “revierte la tendencia de crecimiento después de años de crecimiento y se evidencia una estabilización en el problema que tanto ha afectado al país”.
Esta estabilización coincide con las estimaciones de cultivos ilícitos para 2018 realizadas por la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas (Ondpc pr su nombre en inglés) de la Casa Blanca. Dichos resultados mostraron que los cultivos ilícitos disminuyeron en un 0,5%, frenándose así la tendencia creciente de la siembra de cultivos ilícitos que el país evidenció entre 2013 y 2017.
El informe detalla aspectos relevantes como que 22 departamentos están afectados por cultivos de coca. Se celebra que en Nariño, Putumayo, Guaviare, Chocó y Meta haya una disminución importante y preocupa que en Bolívar, Norte de Santander y Cauca se registren incrementos. Nariño sigue siendo el departamento con mayor afectación (41.903 hectáreas), pese a presentar una reducción del 8 % en el área sembrada.
El informe muestra también la concentración de coca en ciertas zonas e identifica territorios que pueden liberarse de cultivos ilícitos en el corto plazo. Los territorios que están cerca de convertirse en departamentos libres de coca son la Guajira, Magdalena, Cesar, Santander, Boyacá, Arauca, Guainía y Guaviare, en los que se identificó un total de 195 hectáreas de cultivos de coca. Estos ocho territorios podrían unirse en el corto plazo a Caldas, que fue catalogado este año como departamento libre de estos cultivos.
Se calcula que el 17 % de los municipios de Colombia registraron cultivos de coca, de los cuales los diez primeros (Tibú, Tumaco, Puerto Asís, El Tambo, Sardinata, El Charco, El Tarra, Orito, Tarazá y Barbacoas) sumaron el 44 % del total de cultivos del país en 2018. En la zona de frontera con Venezuela y Ecuador se registró una reducción del 11% entre 2017 y 2018.
Respecto a las regiones en las cuales persisten los cultivos ilícitos, se ha identificado que el rendimiento del cultivo, los precios de los diferentes subproductos de la planta de coca, los ingresos estimados, la situación de la producción lícita en relación con los riesgos técnicos y económicos y la presión de las organizaciones criminales asociadas al narcotráfico, son factores que promueven la permanencia de los cultivos en las zonas productoras.
Como comentario adicional al informe, el Minjusticia dijo que “entre 2013 y 2017 se observó un incremento sostenido en la capacidad de obtención de cocaína en Colombia, que se ve contrarrestado con una desaceleración en el crecimiento en el último año. En 2018 se estima un potencial de producción de clorhidrato de cocaína pura de 1.120 toneladas métricas frente a 1.058 en 2017. Este aumento se explica por el aumento del rendimiento de la hoja de coca y el área productiva de coca que se reportó entre 2014 y 2017”.
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¿Cómo ha sido la lucha del gobierno?
Según datos del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), en 2018 se erradicaron 59,978 hectáreas de coca, se incautaron 415 toneladas de cocaína, 43 toneladas de pasta y de base de cocaína, 264 toneladas de marihuana y 230 kg de heroína, y se desmantelaron 338 cristalizaderos y 4.219 infraestructuras de producción primaria.
Respecto a los resultados de este año, entre enero y junio de 2019 se han erradicado 38.395 hectáreas de coca, lo que representa un aumento del 51% en comparación con el mismo periodo de 2018. Así mismo, se han incautado 200 toneladas de cocaína, 35 toneladas de pasta y base de cocaína, 197 toneladas de marihuana y 186 kilos de heroína; y se han desmantelado 176 cristalizaderos y 2.970 infraestructuras de producción primaria.
Las incautaciones de cocaína, pasta y base del primer semestre del año representan pérdidas para las organizaciones criminales equivalentes a COP 6.789 millones, es decir, COP 20 billones aproximadamente.
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