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Durante este segundo semestre de 2019 Costa Rica fortaleció su régimen anticorrupción por primera vez desde 2005 al imponer la responsabilidad penal de las personas jurídicas por todos los delitos de corrupción. Asimismo, el país aprovechó para definir los elementos básicos que debe tener un programa de cumplimiento para obtener una reducción de la multa penal.

La nueva ley, conocida como Estatuto 9699, establece que la responsabilidad penal corporativa se configura cuando la corrupción es cometida por directores, accionistas y otras personas con poder de decisión en la empresa, así como por empleados e incluso por terceros que actúan en nombre de la organización.

Las sociedades declaradas culpables criminalmente son susceptibles de ser sancionados con una...

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