Según informó Dinero, Estados Unidos investiga a Rio Tinto por presunto fraude. La Securities And Exchange Commission (SEC) anunció la investigación porque aparentemente la compañía infló el valor de unos activos, de carbón, adquiridos en Mozambique por US$3.700 millones y años después los entregó por US$50 millones.

 

La queja advierte que, ni Rio Tinto, ni su ex director general Thomas Albanese, ni su ex director financiero Guy Elliott cumplieron con los estándares de contabilidad y las políticas de la compañía para valorar y registrar sus activos con precisión.

Deduce la SEC que debido a que el proyecto comenzó a sufrir un revés tras otro que resultó en la rápida disminución del valor de los activos del carbón, trataron de ocultar o demorar la divulgación de la naturaleza y el alcance de los acontecimientos adversos del consejo de administración de Rio Tinto, al comité de auditoría e incluso de los auditores independientes y a los propios inversionistas.

“Los altos ejecutivos de Rio Tinto supuestamente incumplieron sus obligaciones de divulgación y obligaciones corporativas ocultando de su junta, auditor e inversionistas el hecho crucial de que una transacción multimillonaria fue un fracaso”, explicó en los documentos la dirección de la División de Aplicación de la SEC, en cabeza de Stephanie Avakian.

Entre tanto, el codirector de la División de Aplicación de la SEC, Steven Peikin, dijo que “Rio Tinto y sus altos ejecutivos supuestamente no lograron aclarar un acuerdo fallido que se realizó bajo su supervisión. Intentaron salvar sus propias carreras a expensas de los inversores ocultando la verdad”.

Bajo lo anterior, Rio Tinto, Albanese y Elliott están en la mira de las autoridades por aparentemente violar las disposiciones antifraude, informes, libros y registros y controles internos de las leyes federales de valores.

Con base en esto, la SEC estaría buscando medidas cautelares permanentes, devolución de ganancias supuestamente mal obtenidas más intereses y sanciones civiles de todos los acusados.

Sumado a lo anterior, las decisiones de la SEC también podrían impedir que Albanese y Elliott sirvan como funcionarios o directores de empresas públicas, algo similar a lo que ocurre en Colombia con la denominada “muerte comercial de las personas”.