Faltan apenas unos meses para que lleguen a Colombia los evaluadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) a revisar el sistema nacional contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Estas son las razones por las cuales esa prueba debe tener un buen resultado.

 

Acerca del Gafi

Si bien será el Fondo Monetario Internacional (FMI) el encargado de evaluar al país, lo cierto es que lo hará con base en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y será este organismo –a través de su grupo regional latinoamericano, Gafilat– el que debe aprobar la evaluación.

En su página web se lee que el Gafi tiene como mandato vigilar la aplicación de las recomendaciones de sus países miembros, así como examinar las técnicas y medidas adoptadas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.  

El organismo internacional también ‘‘trabaja para identificar las vulnerabilidades a nivel nacional con el objetivo de proteger al sistema financiero internacional del mal uso’’. Esta tarea se traduce en la emisión de unos listados de ‘jurisdicciones de alto riesgo y no cooperativas’ y de ‘otras jurisdicciones monitoreadas’.

 

Listas de Gafi

Quizá una de las consecuencias más obvias de una eventual mala calificación en la evaluación que el FMI hará a Colombia sería la posible reseña en alguna de las listas del Gafi.

A manera de contexto, Panamá estuvo varios meses en la lista de jurisdicciones con deficiencias en sus sistemas de prevención del LA/FT (conocida como lista gris) luego de un examen del FMI en el que obtuvo pésimos resultados.

En su momento el FMI lanzó fuertes críticas al trabajo de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá (UAF) debido a su poca capacidad de análisis de los reportes de operaciones sospechosas, cuestionó el trabajo de los supervisores del sector no bancario y halló deficiencias en el sistema judicial debido a las pocas condenas por lavado de activos y financiación del terrorismo.

De acuerdo con información de la Dirección de Estudios Económicos de la Superintendencia de Bancos de Panamá, cerca de 26 líneas de corresponsalía de las 500 que manejaban los 94 bancos que funcionan en Panamá se vieron afectadas en los meses posteriores a la reseña del país en la lista del Gafi.

Otros países que tuvieron problemas con la lista gris del Gafi fueron Ecuador y Argentina. Ambos países tuvieron dificultades en la tipificación adecuada del lavado de activos y la financiación del terrorismo, lo que motivó la emisión de nuevas leyes para ponerse al día.

Para un país el hecho de estar reseñado en una de estas lista implica enfrentar dificultades para obtener financiación internacional y serios problemas para que su sector privado pueda realizar negocios, toda vez que muchas autoridades del mundo emiten alertas a sus vigiladas en las que las llama a tener especial cuidado con las entidades que operan en países reseñados.

De hecho, la recomendación 19 indica que ‘‘debe exigirse a las instituciones financieras que apliquen medidas de debida diligencia intensificada a las relaciones comerciales y transacciones con personas naturales y jurídicas, e instituciones financieras, procedentes de países para los cuales el Gafi hace un llamado en este sentido’’.

En lo que respecta a los países, el organismo los llama a ‘‘(…) ser capaces de aplicar contramedidas apropiadas cuando el Gafi haga un llamado para hacerlo. Los países deben ser capaces también de aplicar contramedidas independientemente de algún llamado emitido por el Gafi en este sentido. Tales contramedidas deben ser eficaces y proporcionales a los riesgos’’.

 

Efectividad, el ‘coco’

Los evaluadores prestarán especial atención a la efectividad de las normas colombianas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, toda vez que el criterio fundamental del examen ya no será el cumplimiento técnico o formal de las recomendaciones del Gafi.

En una entrevista reciente con Infolaft el secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Marconi Costa, sostuvo que los evaluadores buscarán resultados concretos acerca de condenas y preguntarán sobre la gestión de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), de la Policía, de la Fiscalía y de todo el aparato judicial para establecer si existe o no sinergia entre todos los actores.

Dicho esto será necesario que haya resultados concretos en la prevención, persecución y castigo del delito, así como unas estadísticas puntuales que demuestren la efectividad de las normas existentes.

 

La incidencia de la firma del acuerdo de paz

Es claro que el contexto es la base de toda evaluación y esta se verá afectada si en un país hay fenómenos de violencia, de tráfico de armas o presencia de agrupaciones terroristas.

Por ello muy seguramente el Gobierno de Colombia va a destacar ante los evaluadores del FMI la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), toda vez que esa es una agrupación señalada como terrorista en listas internacionales y acusada de lavar dinero del narcotráfico.

No obstante, el acuerdo no sería en sí mismo un gran aporte debido a que los evaluadores buscarán efectividad. Según Marconi Costa, quien vale la pena aclarar que no participará en el examen, desde la perspectiva de una evaluación como la que realizará el FMI es difícil determinar la incidencia del acuerdo y por ello los evaluadores podrían analizarlo con ‘‘mucha cautela’’.

El experto aseguró que ‘‘vamos a sentir y a poder evaluar la realidad en un marco temporal un poco más largo’’. En sus palabras, ‘‘lo importante acá es remarcar que lo que se espera en toda la comunidad internacional es que eso [el acuerdo] genere paz social para Colombia, pero en el marco de una evaluación específico es difícil todavía tener un escenario claro’’.

Por esa razón sería bueno que las autoridades colombianas presentaran el acuerdo como un gran avance, sin olvidar que los resultados –tanto sociales como de reducción del delito– no son inmediatos y se podrán concretar en unos años.