El Informe de Gestión 2013-2014 de la Fiscalía General de la Nación reveló que entre febrero de 2013 y febrero de 2014 la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos (Unedla) logró afectar 3161 bienes con fines de extinción de dominio, avaluados en aproximadamente 2.5 billones de pesos.

 

Datos generales de la extinción

El citado Informe de Gestión revela que al primero de febrero de 2014 la Fiscalía había dictado resolución de inicio sobre 3327 bienes, además se dictaron procedencias en otros 1435 bienes, y 267 improcedencias, lo cual da un total de 5029 bienes sobre los cuales ha habido algún tipo de actuación.

Por considerarlo de interés, a continuación infolaft hace un recuento de los casos más destacados adelantados por la Unedla.

 

Concesionarios de las Farc

Entre los casos más representativos se encuentran la extinción de dominio a cuatro concesionarios presuntamente pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), la cual tuvo lugar en septiembre de 2013.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía dichos concesionarios, además de 16 inmuebles y 26 bienes muebles, están avaluados en 12 000 millones de pesos y eran de propiedad de Luís Hernando Carrillo Alvarado, Luís Arturo Carrillo Alvarado y Rafael Bernal Carrillo, presuntos colaboradores del Frente 45 de las Farc.

 

Funcionarios y exfuncionarios investigados

 

Concejales de Bogotá y el ‘carrusel’

Según la Fiscalía, producto de una información entregada a la Unedla por un fiscal de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, se abrió una investigación con el fin de determinar ‘‘la existencia de posibles bienes producto del desvío irregular de recursos asociados a probables conductas en contra de la administración pública por parte de 17 concejales de la capital y particulares’’.

Adicionalmente, el informe del ente acusador sostiene que también se realizan investigaciones en contra de los hermanos Iván y Samuel Moreno Rojas, exsenador de la República y exalcalde de Bogotá, respectivamente; Hector Zambrano, exsecretario de Salud de Bogotá, y Emilio Tapia y Julio Gómez, contratistas. También son objeto de investigación los concejales José Juan Rodríguez, Isaac Moreno, Darío Fernando Cepeda, Antonio Sanguino, Orlando Parada, Hipólito Moreno y Jorge Ernesto Salamanca.

En esta misma investigación se encuentran además Carlos Hernando Lizcano, exgerente del Hospital de Meissen; Luis Guillermo Cantor Wilches, exgerente del Hospital Simón Bolívar; Fabio Barrera Barón, exgerente del Hospital de Kennedy; Mauricio Solano, exgerente del Fondo de Vigilancia; y el abogado Manuel Sánchez.

 

Excontralor González Arana

De acuerdo con la Fiscalía la investigación tuvo su origen en una denuncia anónima por medio de la cual se ‘‘señaló que Óscar González Arana, quien se desempeñó como Contralor General de la Nación entre 2004 y 2007, tenía varios bienes a nombre suyo y de su esposa ubicados en Colombia y en el exterior, cuyo valor ascendía a varios millones de dólares’’.

Según el reporte del ente investigador dichos bienes, ‘‘al parecer, nunca fueron declarados ante la función pública pese a ser funcionario del Estado’’.

 

Otros casos de especial connotación

 

‘Alias ‘Papero’

La Unedla ordenó la incautación con fines de comiso de 24 bienes y la suma de más de $7302 millones de pesos, representados en aproximadamente 12 300 millones de pesos, propiedad de Marco Antonio Gil Garzón, alias el Papero.

Gil fue condenado en septiembre de 2013 a seis años de cárcel tras reconocer su participación en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

 

Casos hermanos Báez y alias ‘Marulo’

La Unedla profirió resolución de inicio en contra de 193 bienes avaluados en 50 000 millones de pesos, los cuales pertenecerían a Diego Rodolfo Báez Báez, Jacinto Enrique Báez Báez y José Fernando López Sierra, quienes fueron capturados el 24 de junio de 2013. Sobre ellos pesa una solicitud de extradición.

Por otra parte, también en junio de 2013 la Fiscalía ocupó 61 bienes valorados en 100 000 millones de pesos que serían propiedad de Fernando Vicente Marulanda Trujillo, alias Marulo, ‘‘señalado de tener vínculos con Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco’’.

 

Casos de fraude

 

Fraude en la Fedecafé

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de la Nación, tras una auditoría interna realizada en la Federación Nacional de Cafeteros ‘‘se evidenció la apropiación de dineros del Estado destinados a subsidiar a los caficultores’’.

Para hacerlo, los presuntos delincuentes habrían configurado en 2012 la ‘‘compraventa de facturas en blanco a través de las cuales se reclamaba un subsidio denominado PIC (Protección de Ingreso al Caficultor), en 2012’’; además, se habrían dedicado a adulterar la ‘‘información contenida en las facturas legales expedidas por las cooperativas que compraban el café a los pequeños caficultores y, con ello, obtener un mayor subsidio’’.

Al parecer el monto apropiado ascendería a los 30 000 millones de pesos.

 

Cobros fraudulentos al Fosyga

La Fiscalía se encuentra investigando los recobros efectuados por la EPS Solsalud vía tutela al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga). Según el ente investigador se pudo ‘‘identificar un universo de 558 recobros’’ que a pesar de ser realizados a entes territoriales fueron desembolsados por el Fosyga.

Aquí vale la pena aclarar que los recobros de servicios de salud para el régimen subsidiado (que en este caso aplica a Solsalud) se deben realizar ante la entidad territorial, es decir, seccionales o secretarías de salud, y no ante el Fosyga. Según la Fiscalía, ‘‘la ley es clara al señalar que los recobros ante el Fosyga únicamente operan en el régimen contributivo, frente a servicios médicos ordenados por jueces de tutela o autorizados por el Comité Técnico Científico’’ (CTC) de la EPS.

De acuerdo con la investigación, ‘‘en los recobros autorizados por tutela, donde el derecho a reclamar es el equivalente al 50% u 85%, según el caso, la EPS efectuaba el recobro por el 100%, a través del cambio fraudulento de tutelas por CTC’’.

Adicionalmente, la posible modalidad de pago se habría efectuado a través de ‘‘mesas de trabajo en las que los servidores del Ministerio de Protección Social, abusando de sus cargos y de sus funciones, recibían comisiones o remuneración a cambio de firmar los memorandos o actos administrativos que permitían levantar de forma automática y fraudulenta esas glosas’’.

 

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