Semana informó que se encontraron 32 bienes ocultos del ex gobernador de Santander, Hugo Aguilar, quien en ocasiones anteriores, se había negado a indemnizar a sus víctimas por falta de dinero. El patrimonio oculto estaba a nombre de terceros y tendría un valor de 6,700 millones.

 

Para poder dejar la prisión a la que el ex gobernador fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por tener nexos con los paramilitares, sin pagar la multa de 6.337 millones de pesos que le fue impuesta, Aguilar alegó que no podía pagar la multa impuesta porque ni él, ni su familia, tenían recursos, y su único ingreso era su jubilación de la Policía, que de acuerdo con sus capacidades económicas y basado en su pensión llegaba a los $500.000 pesos mensuales.Pero meses después de varias investigaciones, la Fiscalía logró llegar al botín del ex gobernador.

Ante el Tribunal de Justicia y Paz de Santander, el ente investigador procedió a pedir el embargo de 32 bienes que Hugo Aguilar al parecer tenía en cabeza de terceros. En este caso habría personas que prestaron su nombre para administrar, ocultar y mezclar su patrimonio con el del exoficial.

Se trata de 28 inmuebles que tiene repartidos en Bogotá, Boyacá y cuatro municipios de Santander. En estos lugares tiene casas, fincas, lotes, depósitos y oficinas. Además, la Fiscalía pidió embargar cuatro vehículos. La sociedad santandereana recuerda cuando Aguilar conducía un Porsche convertible por las calles de Bucaramanga y fue fotografiado por Diana Saray Giraldo, periodista y directiva de Vanguardia Liberal.

Según el Ministerio Público, Aguilar se dio a la tarea de satisfacer sus propios intereses mediante la compra de bienes «totalmente suntuarios». Y logró poner «esos bienes a nombre de un tercero, para tanto ocultar la nueva capacidad financiera como proseguir en la tarea de elusión al deber de pago”.

Según las cuentas de la Fiscalía, los 32 bienes que están a nombre de terceros están avaluados catastralmente en más de 6.700 millones de pesos, es decir, este dinero alcanzaría para reparar parcialmente a las más de 40.000 víctimas reconocidas en la sentencia, de las cuales más de 5.000 son atribuidas al Bloque Central Bolívar.

El ente acusador explicó que una vez decretadas las medidas pedirá ante los magistrados de Justicia y Paz la extinción de dominio de los 32 bienes a favor del fondo para la reparación de las víctimas. Mientras tanto, avanzan las indagaciones penales para determinar si los propietarios de los bienes han incurrido en conductas delictivas.