Así lo confirmó el superintendente de sociedades, Francisco Reyes, en diálogo con Infolaft.

 

Según Reyes, el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica se actualizará para »ponerla a tono con las políticas impuestas por Gafi y Gafilat de manera que podamos tener un estandar en el sector real de la economía».

Tal y como lo había anticipado Infolaft, la nueva norma obligará a algunas empresas de servicios jurídicos, de servicios contables, inmobiliarias y de construcción, entre otras, a implementar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos.

Esta decisión se presenta ad portas de la evaluación que el próximo año realizará el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Colombia.