El año 2012 arrancó con una noticia de gran impacto LAFT: tres personas que trabajaban en dos firmas comisionistas de bolsa y un reconocido banco, además de cinco empresarios, fueron capturados por pertenecer presuntamente a una red de lavado.

 

El pasado jueves 26 de enero la Fiscalía General de la Nación informó mediante comunicado de prensa que funcionarios adscritos al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) arrestaron en Bogotá y Cali a ocho personas, quienes se desempeñaban en cargos del sector financiero y bursátil, los cuales habrían aprovechado su posición social para no despertar sospechas y así poder cometer el ilícito.

Origen e identidades

Las capturas se dieron luego de las investigaciones adelantadas por el Internal Revenue Service (Servicio Interno de Impuestos de EE.UU.) luego de cuatro años de seguimientos. Se conoció que la oficina estadounidense realizó pagos controlados – 36 en total – a los presuntos lavadores para lograr comprobar el ilícito.

Las personas detenidas fueron María Margarita Salinas, Juliana Rubio Isaza, Juan Alberto Charria Martínez, Carlos Fernando García Córdoba, Manuel Alfonso Madero, Héctor Álvaro Martínez Rujana, Hugo Sighinolfi Encinales y Daniel José Bernal Colmenares.

Según información publicada por el Diario El Tiempo, Salinas, Charria y Rubio eran los ‘‘cerebros’’ de la organización criminal. Los dos primeros laboraban como promotores de dos reconocidas firmas comisionistas de bolsa. Por su parte, Juliana Rubio trabajaba en un banco y los demás capturados aparentaban ser empresarios para facilitar la comisión del lavado.

Tipología

La Fiscalía señaló que la investigación – que duró alrededor de cuatro años – permitió establecer que »la organización desarrollaba y ejecutaba desde empresas de fachada contratos falsos para realizar asesorías técnicas y estudios de licitaciones ficticias», además, »tales operaciones tenían el propósito de reintegrar las divisas por medio de plataformas financieras y cuentas bancarias».

Posteriormente, se conoció que la red cobraría entre el 7% y 16% de comisión por lavar el dinero y habría hecho negocios con varias entidades territoriales de Caquetá, Huila, Nariño y Putumayo. Incluso se supo que casi todas las personas que aparecen en las transacciones adelantadas están fallecidas.

La red habría alcanzado a lavar cerca de 12 mil millones de pesos y sus operaciones llegarían a varios países del mundo. Razón por la cual, una Corte del Distrito Sur de la Florida los solicitó en extradición.

Conclusiones

Lo primero que se puede deducir es que ninguna entidad esta exenta de ser usada para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas, por eso es necesario que las unidades de cumplimiento – teniendo en cuenta estos casos – identifiquen nuevos riesgos LAFT y adopten las medidas necesarias para calibrar su SARLAFT.

También, es claro que las tipologías consistentes en hacerse pasar por empresarios y usar nombres de personas fallecidas en operaciones bancarias y transacciones comerciales  siguen vigentes. Es probable que ante los enormes controles de las autoridades las organizaciones hayan vuelto a usar tácticas de antaño.

Fuentes:

*http://www.eltiempo.com/justicia/los-8-empresarios-colombianos-que-cayeron-por-lavar-dinero-de-la-mafia_11027428-4

*Oficina de Prensa Fiscalía General de la Nación.