La compañía de servicios profesionales PwC publicó su
Encuesta Global Crimen Económico 2018, que realiza cada dos años. Estos son los resultados resumidos.
Resultado general
¿Está creciendo realmente el fraude o simplemente ahora somos más conscientes de su existencia? Este año,
el 39% de los entrevistados colombianos indicó que su empresa ha sido víctima de algún delito económico, lo cual se encuentra siete puntos por encima de los reportados en la encuesta anterior de 2016 cuya cifra fue de 32%. En cuanto a los encuestados globales agregados el incremento es de 13 puntos, al pasar de 36% en 2016 a 49% en 2018.
La inversión en la lucha contra el delito económico
Así como la tasa reportada de delito económico ha aumentado tanto a nivel global como en Colombia, igualmente ha crecido el número de empresas que invierte en la lucha para combatirlo. En el país el 38% de los encuestados dijo que sus empresas habían aumentando la inversión para combatir delitos económicos en los últimos dos años mientras que el 47% de los encuestados expresó que planea aumentar el gasto en los próximos dos años.
Estas cifras se deben a que más que nunca las organizaciones utilizan herramientas tecnológicas para el análisis de datos con el fin de combatir el fraude. Varios están ampliando también sus sistemas internos de denuncias y tomando las medidas necesarias para mantenerse a la vanguardia.
En este punto, PwC se pregunta
si son estas medidas un cambio genuino hacia enfoques más proactivos con respecto al fraude y la corrupción, o si son simplemente una acción defensiva, motivada principalmente por el endurecimiento de la legislación antisoborno o anticorrupción, y por formas cada vez más globalizadas del cumplimiento. “Los resultados de nuestra encuesta fuertemente sugieren que así es”, señala la firma de servicios.
Lea también:
Estas son las jurisdicciones con mayor percepción de corrupción
Las evaluaciones de riesgos
El llamado general del PwC es a "empezar por el principio", es decir por la realización de evaluaciones de riesgo como el primer paso para prevenir el delito económico. A pesar del incremento del gasto, muchas organizaciones todavía abordan la prevención del fraude desde una perspectiva reactiva y defensiva, lo cual se refleja en algunos resultados de la encuesta.
Así,
menos de la mitad de las compañías encuestadas llevó a cabo evaluaciones de riesgo en las áreas críticas para prevenir el soborno y la corrupción, el 84% indicó no haber realizado valoraciones de riesgo relacionadas con lavado de activos, y el 28% de las organizaciones colombianas dijo haber llevado a cabo solo una evaluación general de fraude o riesgo de delito económico, y
el 8% de los encuestados colombianos dijo no haber realizado ninguna evaluación de riesgo en los últimos 2 años.
¿En dónde está el fraude?
La encuesta global reveló un aumento significativo en la participación del delito económico cometido por actores internos, al pasar del 46% en 2016 al 52% en 2018, así como un aumento significativo en la proporción de tales delitos atribuidos a la dirección senior de las compañías, pasando del 16% en 2016 al 24% en 2018. “De hecho, nuestra encuesta indica que la probabilidad de que los perpetradores de un fraude de gran impacto sean actores internos es un tercio mayor a los actores externos”, concluyó PwC.
Sin embargo, no se debe perder de vista que uno de los mayores puntos ciegos del fraude en una empresa, y la mayor amenaza, a menudo no tiene nada que ver con sus empleados o colaboradores internos sino con la gente con quien se hace negocios. Estos son los terceros con quienes las compañías tienen relaciones regulares y rentables, tales como los representantes, intermediarios, vendedores, proveedores, clientes, entre otros. “Son estos terceros las personas y las organizaciones con quienes se espera un cierto grado de confianza mutua, pero quienes de hecho, pueden estar robando a la compañía”, indicó el autor de la encuesta.
Lea también:
¿A cuánto asciende la corrupción global por año?
El riesgo reputacional
“
Con más frecuencia, el gerente general o presidente es visto como la personificación de una organización, estando en todo momento, al tanto de cada detalle del desarrollo de la cultura organizacional y sus operaciones” enfatizó PwC para luego afirmar que, cuando ocurren fallas éticas o de cumplimiento, estas personas deben responder tanto ante la opinión pública como ante los reguladores.
Adicionalmente, durante los últimos años se ha producido un cambio significativo en la forma en la que el mundo ve el fraude y la corrupción, pues hoy día una arraigada exigencia por parte de la opinión pública, los reguladores, los empresarios, y otras partes interesadas en la transparencia.
Colombia, así como otros países en Latinoamérica, se ha unido a estos esfuerzos y en los últimos años ha tomado medidas importantes en la lucha contra la corrupción para, entre otros, demostrar su compromiso serio de cumplir con todos los requisitos para su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - Ocde el cual se hizo efectivo en mayo de 2018.
Como parte de este esfuerzo, Colombia ha adoptado otras leyes en la lucha contra el soborno trasnacional, materializado en la Ley 1778 de 2016, por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción, relacionada con servidores públicos extranjeros y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción.
Sin embargo,
el tema va más allá de lo normativo pues la reputación de una compañía no se somete a ninguna jurisdicción fija, ley o debido proceso. “Los ejecutivos colombianos que encuestamos ubicaron consistentemente el daño reputacional dentro de los principales impactos negativos de diferentes formas de delito económico, siendo la percepción pública la más afectada y en crecimiento continuo desde 2016”. Esto ha hecho que el cumplimiento regulatorio continúe siendo tan crítico como siempre, o incluso más.
Lea también:
Este es el monto del lavado de activos en Colombia
¿Por dónde empezar?
PwC invita a que cuando se considere el actual panorama de fraude y de prevención del mismo, se realicen las siguientes preguntas prácticas para saber por dónde comenzar:
¿Ha llevado a cabo una evaluación de riesgo de fraude en toda la empresa, que le permita identificar sus escenarios de riesgos y vulnerabilidades al fraude?
¿Está teniendo en cuenta, en sus actividades para mitigar el fraude, los roles y responsabilidades de los cargos de la alta gerencia; los potenciales riesgos asociados con su poder de decisión y la posible capacidad de saltarse los controles internos existentes?
En la lucha contra el fraude ¿se está enfocando solo en el fraude externo?
¿Qué tan involucrada se encuentra la junta y/o comité de auditoría en la supervisión de las actividades para detectar eventos de fraude, corrupción y/o lavados de activos en la compañía?
¿Cuenta con un programa integrado de cumplimiento y ética empresarial que incluya procedimientos para prevención, detección de fraude y corrupción?
¿Cómo se compara su programa con el de sus colegas?
¿Tiene su compañía un programa robusto de capacitación en materia de fraude, corrupción y lavado de activos, que se ajuste a las necesidades y tamaño de la organización?
¿Está encontrando un equilibrio adecuado entre la inversión en tecnología, así como en la cultura organizacional?
¿Ha disminuido el número de sus revisiones internas o recortado los recursos que antes se dedicaban a los programas para la prevención de fraude?
¿Tiene su organización un sistema de denuncias que se ajusta al tamaño de la compañía? ¿Es confiable para cualquier interno/externo que quiera denunciar? ¿Cómo se está gestionando? ¿Qué resultados arroja? ¿Cómo se están adelantando las investigaciones derivadas de las denuncias?
En una crisis ¿conoce el protocolo de respuesta, los roles y responsabilidades de quienes deben intervenir?
