Infolaft aplicó una encuesta a 100 oficiales y analistas de cumplimiento de entidades financieras, de empresas del sector real y de cooperativas para conocer qué precisiones jurídicas requerirían con el objeto de fortalecer la prevención del lavado de activos durante el posconflicto. Las conclusiones son muy interesantes.

 

Ante la cercanía de la eventual firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc luego de casi cuatro años de negociaciones, y ante el gran debate que generó la publicación del diario The Economist acerca de la supuesta riqueza de las Farc, las dudas sobre el manejo que se debe dar a los bienes y recursos de esta agrupación guerrillera siguen creciendo.

En este escenario la opinión de los oficiales y analistas de cumplimiento (profesionales encargados de prevenir el lavado de activos en las compañías) toma gran relevancia debido a que son ellos quienes, en últimas, tendrán que avalar si vinculan o no a desmovilizados y qué manejo le darán a recursos que antes pertenecieron a las Farc.

Por ello Infolaft se dio a la tarea de encuestar a 100 de estos profesionales, vinculados a las entidades financieras y empresas más grandes de Colombia, para conocer de primera mano sus principales preocupaciones y sus propuestas de cara al posconflicto. La encuesta se aplicó entre el 23 y 24 de junio de 2016.

 

Una cuarta parte contrataría desmovilizados para combatir el lavado

Un primer dato muy interesante arrojado por la encuesta es que cerca del 40% de los encuestados cree que sería adecuado que un desmovilizado fuera contratado como analista de prevención del lavado de activos en su entidad.

Esto se podría justificar en el hecho de que algunos de los miembros de la población desmovilizada pueden conocer detalles acerca de la forma como las Farc lavaban sus recursos y de las diferentes modalidades utilizadas para burlar los controles antilavado de las diferentes empresas y entidades financieras, lo cual puede ser muy bien aprovechado para fortalecer la gestión del riesgo.

 

Preocupan mucho los aspectos jurídicos de la vinculación de desmovilizados

Al preguntar a los 100 oficiales y analistas de cumplimiento qué situación específica generará mayores obstáculos en su entidad para prevenir el LA/FT en el posconflicto, el 48.5% sostuvo que la ‘‘falta de claridad jurídica respecto a la vinculación de desmovilizados’’, lo cual evidencia que para cerca de la mitad de los profesionales encuestados este es un público de alto riesgo.

Entre las posibles causas de este temor se pueden señalar las siguientes: el hecho de que algunos desmovilizados traten de mover recursos obtenidos de manera ilícita o que eventualmente reincidan en su actividad criminal.

Por otra parte, el 34.3% de los encuestados señaló que la ‘‘falta de claridad jurídica respecto al manejo de los bienes de las Farc’’ les ocasionaría serios problemas para cumplir con su trabajo.

Así mismo, el 13.1% cree que la posibilidad de que las Farc y sus principales lideres continúen reseñados en la ‘lista Clinton’ traería serias dificultades para gestionar el riesgo de lavado de activos, esto debido a que las políticas de la mayoría de estas entidades incluyen la prohibición taxativa de hacer negocios o tener cualquier tipo de vínculo con personas allí reseñadas.

 

 

Habrá que modificar los procedimientos de conocimiento del cliente

La tercera pregunta de la encuesta fue: ¿qué acciones concretas cree que deberá adoptar su entidad este año en caso de que se firme el acuerdo de paz? Una amplia mayoría (el 62.5% de los encuestados) cree que tendrá que modificar los procedimientos de conocimiento de sus clientes, esto debido a que posiblemente decidan o tengan que vincular parte de la población desmovilizada a sus respectivas entidades.

Es importante mencionar que dichas políticas de conocimiento definen, entre otras, qué tipo de documentación se exige a los clientes potenciales, cómo se hace seguimiento de las operaciones y en qué situaciones se acepta o niega una vinculación.

En sintonía con esta respuesta, el 16.7% indicó que este año tendrá que ‘‘actualizar las bases de listas restrictivas’’, es decir, aquellas que contienen información negativa de personas y empresas con problemas legales y las cuales les sirven de herramienta para conocer a sus clientes.

El 11.5% cree que tendrá que ‘‘redefinir el mercado no objetivo’’ de la compañía, bien puede ser para permitir la inclusión de desmovilizados o para cerrar la puerta a esta población.

Sin embargo, un dato que llamó la atención fue que el 7.3% considera la posibilidad de ‘‘crear o destinar productos específicos para los excombatientes’’.

 

Superintendencias deberían definir cómo manejar los bienes ilícitos

El 33.7% de los encuestados por Infolaft aseguró que para facilitar la gestión del riesgo de lavado de activos en el posconflicto las superintendencias Financiera, de Sociedades o de Economía Solidaria deberían ‘‘dar una directriz clara respecto al manejo de los bienes de las Farc’’, en el entendido de que estas entidades públicas son las encargadas de verificar el cumplimiento de las políticas de prevención del lavado.

A su vez, el 30.5% considera que las superintendencias deberían ‘‘definir las causales objetivas para negar servicios a excombatientes’’ y el 16.8% piensa que es necesario que las superintendencias definan si habrá un ‘‘mandato de inclusión de desmovilizados’’, es decir, la obligación de recibirlos.

Por su parte, el 8.4% de los encuestados considera que es necesario que se emita una norma específica para gestionar el riesgo de LA/FT con los excabecillas.

Estas respuestas reiteran las inquietudes expresadas anteriormente respecto al manejo que las entidades financieras, las empresas y cooperativas deben dar a los desmovilizados.

 

Hay que fortalecer las superintendencias

Finalmente, cuando Infolaft le preguntó a los 100 oficiales y analistas de cumplimiento qué entidades creen que tendrán que ser fortalecidas en el posconflicto para combatir de forma efectiva el LA/FT, el 44.7% respondió que las superintendencias. Es decir, las superintendencias Financiera, de Sociedades o de Economía Solidaria.

El 31.9% de los encuestados manifestó que ante los retos que traerá el posconflicto la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) debería ser la entidad del Estado que más se fortalezca, mientras que el 17% cree que debe ser la Fiscalía General de la Nación y un pequeño porcentaje (6.4%) dijo que deben ser los jueces.