Esta es la segunda entrega de este especial en tres parte en el que Infolaft extrajo las tareas generales que pueden ser preparadas con antelación por las áreas de cumplimiento de los sujetos obligados  de acuerdo con la información contenida en el informe realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que se evaluó el Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo de Colombia frente a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).

 

5. Se reitera la necesidad de incluir los riesgos de FT

 

8. El importante número de actos terroristas cometidos presenta un riesgo de FT interno alto. (…) Colombia estableció un régimen de inscripción para las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), pero la supervisión o monitoreo basados en el riesgo en relación con la lucha contra el FT es insuficiente. Colombia no ha identificado el subconjunto de organizaciones que entran en la definición del Gafi ni las características y tipos de OSFL que tienden a estar en riesgo de uso indebido para el FT”. (Informe de Evaluación de Colombia. Gafilat 2018)

 

Este extracto de la evaluación:

 

  • El Gafilat alerta sobre el nivel de riesgo de conductas de financiación del terrorismo en el país, que califica como alto. En este escenario se reitera el llamado de integrar a las matrices de gestión de riesgo a la financiación del terrorismo. Ante los vacíos de información o dudas de implementación conviene capacitarse o buscar consultoría especializada.

 

  • Afirma que las entidades sin ánimo de lucro entrañan un alto riesgo de canalizar recursos a organizaciones terroristas dado que, en Colombia, la supervisión basada en como riesgo para este tipo de estructuras jurídicas es insuficiente. Se recomienda que, en caso de realizar operaciones con este tipo de entidades se considere, durante el proceso de debida diligencia, el riesgo de financiamiento terrorista.

 

6. Los operadores postales de pago no son sujetos obligados

 

10. (…) Los operadores postales de pagos (OPP) no se consideran explícitamente como sujetos obligados y, como tales, no tienen la obligación de aplicar medidas ALA/CFT, incluidas de debida diligencia del cliente”. (Informe de Evaluación de Colombia. Gafilat 2018)

 

Este extracto de la evaluación:

 

  • Permite inferir que, dentro de los planes de acción de las autoridades luego de conocerse el informe, estará el de obligar a los operadores postales de pago. Al saber que es probable que serán obligadas, estas empresas tienen tiempo para provisionar los recursos de diseño e implementación del sistema e inclusive ir adelantando el proceso.

 

7. Preocupa el conocimiento del beneficiario final

 

10. (…) hay deficiencias en el marco jurídico en cuanto a la identificación y verificación de la identidad del beneficiario final, y no se exige la recopilación de

información sobre el beneficiario final en todos los casos”. (Informe de Evaluación de Colombia. Gafilat 2018)

 

Este extracto de la evaluación:

 

  • Da la posibilidad de deducir que una de las acciones que tomarán las autoridades sea la de exigir la identificación de los beneficiarios finales y de recopilar su información en todos los casos. Las empresas particulares tienen la posibilidad de ir organizando el proceso para lograr esta exigencia una vez se convierta en obligatoria.

 

 8. Los excombatientes de las Farc presentan retos

 

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12. (…) los supervisores también están enfrentando desafíos emergentes en la adaptación de sus sistemas de evaluación y mitigación de riesgos para dar cuenta de la integración de los ex miembros de las Farc en el sistema financiero formal, incluyendo el control de las cooperativas de crédito”. (Informe de Evaluación de Colombia. Gafilat 2018)

 

31. El riesgo de que los miembros de las Farc se conviertan en organizaciones criminales después de que comience la desmovilización parece ser muy alto. Aunque el acuerdo de paz de 2016 tiene el objetivo de producir una reducción importante en las actividades de delincuencia organizada terroristas y asociadas en Colombia, la posibilidad de que los miembros disidentes de las Farc conviertan los campos de transición en bases desde donde continuar la comisión de delitos es una causa de preocupación”. (Informe de Evaluación de Colombia. Gafilat 2018)

 

Estos extractos de la evaluación:

 

  • Nos informan que los supervisores tomarán medidas regulatorias para encarar los retos que surjan como consecuencia de la integración de los excombatientes de la desaparecida guerrilla de las Farc a la economía formal. Mientras se conoce cómo se enfrentará el fenómeno, las empresas privadas tienen la potestad de evaluar mediante debidas diligencias reforzadas, caso a caso, si conviene vincular a estos sujetos salvo cuando por ley es obligatorio recibirlos.
  • Señala que la Superintendencia de la Economía Solidaria deberá expedir una regulación específica para controlar que las cooperativas de crédito no sean utilizadas como canales de financiamiento del crimen organizado. Estas entidades pueden hacer barridos hacia atrás para identificar excombatientes vinculados e ir estructurando procedimientos de debida diligencia reforzada para el ingreso de nuevos miembros con estas características.

 

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