Personal de Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de tropas del Ejército Nacional, ocupó con fines de extinción de dominio 157 bienes avaluados en 8.500 millones de pesos, registrados a nombre de los implicados en el millonario desfalco de los XX Juegos Nacionales y IV Paranacionales 2015, que se cumplieron en Ibagué, y comprometieron recursos públicos superiores a los 11.500 millones de pesos.

Durante el procedimiento fueron afectados 12 bienes inmuebles, 20 vehículos, nueve sociedades y 116 cuentas bancarias. En Bogotá e Ibagué las medidas se aplicaron sobre apartamentos y oficinas de la multinacional Typsa y algunas de sus filiales en Colombia, mientras que en Paz de Ariporo y San Luis de Palenque (Casanare), fueron ocupadas tres fincas. Los 157 bienes quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para su administración.

Según la Fiscalia, llama la atención un exclusivo apartamento ubicado en el sector de El Chicó en el norte de Bogotá, que habría sido pagado con dineros que la empresa española Typsa recibió para la construcción de los escenarios deportivos. La propiedad fue entregada a algunos de los supuestos cómplices de Orlando Arciniegas Lagos, considerado como el principal intermediario para garantizar que la contratación de los Juegos Nacionales fuera entregada a la firma internacional.

Las evidencias recopiladas señalan que Arciengas Lagos realizó reuniones en ese apartamento para supuestamente pactar asuntos relacionados con la desviación de los dineros públicos y, durante varios meses, fue ocupado por su hija.

Los procesados.

  • Orlando Arciniegas Lagos, fue sentenciado a 36 años de cárcel, la condena más alta impuesta en el país por corrupción.
  • Wílmer Manchola Cano, quien servía de puente entre Arciniegas y Typsa, aceptó los cargos formulados por la Fiscalía y se encuentra privado de la libertad, en espera de una condena en su contra.
  • Jorge Orlando Navarrete Laverde, jefe de licitaciones de Typsa, recientemente solicitó a la Fiscalía la negociación de un preacuerdo y aceptó su responsabilidad en el escándalo.
  • Gloria Inés Martínez Acevedo, fue llamada a cargos por lavado de activos, recibió medida de detención domiciliaria y el 5 de agosto de 2016 fue acusada por este delito. Es sindicada de legalizar las dádivas que entregaba Typsa, que internamente eran respaldas por la empresa con facturas y cheques de supuestos pagos hechos a sus contratistas.
  • Carlos Heberto Ángel Torres, ex gerente del Instituto Municipal para el Deporte y Recreación de Ibagué, ha tenido dos condenas, una de 12 años de cárcel por peculado, y otra de cinco años de prisión por contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

(Nota agregada de la Fiscalía)