Dentro del plan “Bolsillos de Cristal”, la Fiscalía General de la Nación desarticuló una organización que favorecía la corrupción en el Ministerio de Transporte y puso en evidencia la existencia de mafias en diferentes niveles del sector público.

En este caso la Fiscalía investigó tres líneas de corrupción: chatarrización., cupos para el transporte especial y centros de diagnóstico automotriz (CDA).

En la primera línea la Fiscalía descubrió que el corazón de la mafia de la chatarrización iniciaba en el funcionario del Ministerio de Transporte que operaba el Registro Único Nacional de Transito (RUNT) y que en algunos procesos de desintegración de camiones de carga pesada, se alteraba fraudulentamente ese sistema.

Dentro de esta investigación fueron capturadas hoy 20 personas, entre funcionarios del Ministerio de Transporte, de la Policía Nacional, exsecretarios de transporte, tramitadores, particulares y representantes de gremios camioneros.

Por este caso fue capturado Harry José López, coordinador del Registro Único Nacional de Transito (RUNT), quien se encontraba vinculado al Ministerio desde 1991 y ocupaba el actual cargo desde 2001. La Fiscalía lo investiga porque, al parecer, era contactado para realizar alteraciones al sistema y, a cambio, recibía entre uno y cinco millones de pesos a través de giros electrónicos.

Harry José López será imputado por cargos de cohecho propio, prevaricato por acción y falsedad en documento público.

Según datos gubernamentales se estima  que al menos 12 mil vehículos de carga han sido chatarrizados de manera fraudulenta en Colombia, operaciones que podrían representar ganancias aproximadas a los  seiscientos mil millones de pesos ($600.000.000.000), es decir, cincuenta millones de pesos ($50.000.000) por cada camión.

Dentro de la investigación por las mafias de la chatarrización también fueron capturados cinco funcionarios del grupo de automotores de la Policía Nacional, dos de la Dijín y tres de la Sijín Metropolitana de Cali (Valle del Cauca). Los cinco uniformados -un subintendente, tres intendentes y un patrullero, todos activos- serán procesados por cargos de concusión y concierto para delinquir.

De acuerdo con la investigación, al parecer los dos funcionarios de la Dijín recibían pagos por suministrar información de los procesos de chatarrización, mientras que los tres integrantes de la Sijín supuestamente certificaban vehículos de carga para chatarrización, sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Dentro de la misma investigación fue capturado el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), Pedro Aguilar Rodríguez, quien será procesado por cargos de concierto para delinquir, fraude procesal, uso de documento falso; destrucción, supresión u ocultamiento de documento público y estafa agravada.

La información que posee la Fiscalía permitió establecer que Aguilar León, al parecer, lideraba la organización a través de la cual se postularon y desintegraron vehículos sin el lleno de los requisitos, utilizando documentos falsos, con el fin de obtener un beneficio económico establecido en la Resolución 7036 de 2011 del Ministerio de Transporte. Esta norma definió las condiciones y el procedimiento para el reconocimiento económico por la desintegración física total de vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor de carga y para el registro inicial de vehículos de transporte de carga por reposición, entre otras.

También fue capturado un tramitador que supuestamente era el encargado de adulterar la documentación original, además de servir de intermediario entre el organismo de tránsito en Cali y Pedro Aguilar para obtener las carpetas originales y adulterar su contenido.

Asimismo, por irregularidades en la tramitación de Cupos Especiales, fue capturado Luis Fernando Delgado Cardona, quien exigía dinero a los propietarios de los vehículos para renovarles los cupos, a pesar de que no reunían los requisitos.

Delgado Cardona será procesado por cargos de concusión y abuso de la función pública.

La investigación de la Fiscalía también abarcó la renovación de las licencias de funcionamiento de los Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA), donde se encontró que para agilizar estos trámites algunos funcionarios del Ministerio de Transporte solicitaban dinero.

 Por otra parte, en relación con el paro camionero realizado entre junio y julio del año pasado y que afectó la movilidad en los departamentos de Boyacá, Nariño y Cundinamarca, siete personas serán procesadas por obstrucción de vías públicas, obstrucción de transporte colectivo, daño en bien ajeno, amenazas, lesiones personales y concierto para delinquir, de quienes existe evidencia documental de su ilícito proceder.

Entre los representantes del paro camionero capturados se encuentran Héctor Alfonso Medrano, representante de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) Boyacá; Jorge Andrés Charfuelán Moreno, de la Asociación de Transportes de Carga ATC de Nariño; y cinco líderes más de la ACC y la ATC en Boyacá, Nariño y Cundinamarca.

Las capturas se produjeron en Bogotá, Cali (Valle del Cauca), Pasto (Nariño), Ibagué (Tolima), Medellín (Antioquia), el Cocuy y Duitama en Boyacá, por parte del CTI, la Sijín de Bogotá y la Dirección de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional.

(Nota agregada de Fiscalía)