Con ocasión de la objeciones que el Presidente de la República, Iván Duque, le hizo al proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Fiscalía General de la Nación publicó un comunicado en el que apoya las objeciones y plantea una serie de preguntas que buscan guiar el debate. Entre los interrogantes que propuso el ente acusador se encuentran algunos relacionados con finanzas ilícitas, listas y prevención del LA/FT.

Según dijo la fiscalía, de cara a la nueva discusión que se abre en torno a los cambios que propuso el presidente Duque a la JEP, “es su deber como ente ejecutor de la política criminal del Estado poner de presente ante la Nación todo aquello que puede dejar desprotegida a la sociedad frente a las distintas expresiones del delito”.

En tal sentido, la fiscalía insitió que es un pésimo mensaje para el país tanto que los desmovilizados puedan mantener el régimen de beneficios de la justicia transicional si continúan con cultivos de coca después de la firma de los acuerdos, como que los reinsertados puedan reincidir en el secuestro, el narcotráfico, el homicidio y la extorsión manteniendo los beneficios de la JEP, así sea con gradualidad.

De esta manera, la fiscalía dijo que “Colombia tiene que darse el derecho a contestar sosegadamente, por los canales que determina el orden constitucional, si son convenientes para la paz y para la política criminal del país, los siguientes asuntos”, algunos de los cuales tienen que ver con la prevención del riesgo de LA/FT y con el patrimonio ilícito:

 

  • ¿Es conveniente que la reparación de las víctimas del conflicto armado quede a cargo exclusivamente del Estado y se excluya a los victimarios de este deber de reparación, manteniendo intangible su patrimonio ilícito?
  • ¿Es conveniente que el gobierno no pueda excluir de las listas de desmovilizados a personas a quienes se les compruebe que son narcotraficantes reconocidos, ajenos a los movimientos reinsertados, para que gocen de los beneficios de la JEP?
  • ¿Es conveniente que mientras arranca la JEP, la Fiscalía deba suspender las diligencias judiciales para recabar pruebas frente a los graves crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad?
  • ¿Es conveniente que las bases de la guerrilla que cometieron delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra se beneficien de impunidad y queden expuestos mañana a ser llamados a rendir cuentas por la justicia internacional? ¿No será mejor ofrecerles una solución en la justicia de transición?
  • ¿Es conveniente que terceros distintos a rebeldes y agentes del Estado puedan invocar la garantía de no extradición, apelando a la argucia de que están contribuyendo con la verdad del proceso de paz, a la que pueden servir desde jurisdicciones extranjeras mediante la tecnología moderna?

 

“La fiscalía contribuirá al análisis reposado de estos asuntos desde el Congreso de la República, con la profunda convicción de que el trámite de estas cuestiones no compromete para nada la paz, ni mucho menos cause una herida a la JEP, que ha venido actuando durante estos dos años sin traumatismos, y, por el contrario, constituye una valiosa oportunidad para que, bajo el liderazgo del Jefe del Estado, los distintos sectores de la vida nacional procuren un consenso al respecto”, concluyó la entidad.

 

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