El día de ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expidió una Orden Ejecutiva para darle vida a un nuevo régimen de sanciones financieras que busca perseguir a quienes violen derechos humanos o adelanten actos de corrupción alrededor del mundo.

Esta nueva ‘Lista Trump’ funciona igual que los otros programas de sanción que administra la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Ofac), es decir que los activos bajo jurisdicción de Estados Unidos de los designados quedan congelados y se les prohíbe a las U.S. Person involucrarse en transacciones con ellos.

Como acción adicional a la creación de la lista, Trump realizó la primera designación de 14 abusadores de derechos humanos y actores corruptos de diferentes nacionalidades, entre ellos un dominicano, un nicaragüense y un guatemalteco.

Roberto José Rivas Reyes
Como presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, cuya asignación salarial es de USD 60.000 dólares al año, Roberto José Rivas fue acusado por la prensa de amasar una considerable fortuna personal compuesta por múltiples propiedades, aviones privados, vehículos de lujo y yates.

Rivas ha sido señalado en su país de estar por encima de la ley, pues todas las investigaciones por corrupción en su contra han sido bloqueadas por autoridades del gobierno nicaragüense.

Adicionalmente, en abuso de su cargo, también es sindicado de adelantar fraudes en elecciones y otros procesos democráticos.

Ángel Rondón Rijo
Ángel Rondón es un empresario y lobista de República Dominicana, íntimamente ligado con la clase política del país, señalado de canalizar los sobornos que la constructora brasilera Odebrecht entregó a funcionarios público en el país. Rondón fue arrestado por autoridades dominicanas para responder por cargos de corrupción.

Julio Antonio Juárez Ramírez
Julio Antonio Juárez Ramírez es un congresista guatemalteco acusado de ordenar un ataque en el que dos periodistas fueron asesinados y uno más resultó herido. La fiscalía de Guatemala, en conjunto con una comisión anticorrupción de las Naciones Unidas, alegan que Juárez contrató a dos sicarios para matar a los corresponsales de Prensa Libre Danilo Efraín Zapan López, cuyo trabajo periodístico amenazaba con las aspiraciones reeleccionistas del político.