Las preguntas que toda Colombia se hace en este momento con respecto al manto de duda que se ha levantado contra la campaña del actual presidente Juan Manuel Santos son: ¿cómo entró ese dinero al país?, ¿por cuántas manos pasó? y, de haberse recibido, ¿en qué fue gastado?

 

Estas preguntas no son importantes por curiosidad intelectual ni morbo noticioso. Son el método investigativo para determinar si existe responsabilidad penal y administrativa por parte de los miembros de la campaña, incluyendo al mismo Presiente de la República.

Hasta el momento han aparecido claramente dos protagonistas: el Fiscal General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral, pero es importante que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) no pase agachada y cumpla su rol en forma transparente e imparcial.

Recordemos que la UIAF no es una Fiscalía diminuta, es una entidad independiente, de la rama ejecutiva, y con funciones complementarias. Esta unidad tiene acceso a una porción muy significativa de la información de transacciones formales de varios sectores de la economía mediante herramientas informáticas. Es decir que en este momento- sin orden judicial- la UIAF puede responder las siguientes preguntas.

 

¿Cómo entró el dinero al país?

El Fiscal General habló de monetización de divisas. Precisamente, desde el año 2004 la UIAF tiene acceso a todas las transacciones cambiarias de este país y en su base de datos puede determinar por cuál de los intermediarios del mercado cambiario (como bancos, firmas comisionistas de bolsa, casas de cambio, entre otras) entró dinero de Odebrecht o de sus empresas fachadas.

Además, a través  del Grupo Egmont (organismo internacional con sede en Canadá que es una especie Interpol de Unidades de Inteligencia Financiera), la UIAF tiene acceso a información financiera de 152 países, entre los cuales se encuentran Brasil, Panamá, Estados Unidos y varias islas caribeñas.

 

¿Cuál fue el flujo del dinero?

Al igual que los lavadores, los corruptos buscan anonimato y tratan de borrar su rastro con transacciones sucesivas, frecuentemente anónimas o falsas. Para lograr develar la información la UIAF tiene el registro de todas las transacciones en efectivo del sistema financiero. En su base de datos, con cédula y nombre, aparecen los cheques que se han cambiado, las divisas que se han negociado, las consignaciones y los retiros en billetes y monedas, solo para citar lo más relevante.

En este caso, teniendo en cuenta las cifras que reportan los testigos y de ser verdad que el dinero ingresó por el sistema financiero internacional y se convirtió a efectivo, es difícil no dejar rastro. Además, como elemento inicial de su investigación, la UIAF ya cuenta con los nombres de las personas que supuestamente manipularon el dinero.

Adicionalmente –y esto hay que entenderlo como la verdadera arma secreta de la UIAF– todo el sistema financiero debe reportarle las operaciones sospechosas. En promedio esta Unidad recibe aproximadamente 600 reportes al mes. Dentro de estos reportes, que técnicamente se llaman ROS, debe haber alguna entidad que sospechó de un giro de medio millón de dólares o de un particular que cambió un cheque por 200 millones de pesos.

Este reporte es a veces inmediato, pero también existe la posibilidad de que al hacerse pública la información de este escándalo los empleados bancarios aten cabos y decidan reportar como sospechosas las operaciones en las cuales participaron los involucrados en este supuesto escándalo.

Y si lo anterior no es suficiente, la UIAF puede oficiar a cualquier persona o empresa de este país, incluyendo –pero sin limitarse– a las entidades financieras y pedirles información sobre negocios o transacciones.

Con todo esto la UIAF, en un tiempo record, puede dibujar el mapa de lo que pasó o plantear una explicación alternativa frente a lo que la prensa y los testigos dicen que sucedió.

 

De ser verdad, ¿en qué se gastó?

Si el dinero entró a las cuentas de la campaña, disfrazado o no, encontrarlo no sería complejo pues las entidades financieras deben guardar registro de todas estas transacciones.

Pero como la acusación implícita en contra de la campaña supone un manejo paralelo o un desvío a cuentas personales, se requieren técnicas de investigación normalmente empleadas en casos de lavado de activos para determinar cómo se usaron cuentas de terceros o pagos en efectivo para promover una campaña presidencial.

Ocultar dinero fruto de la corrupción en una campaña es lavado y por lo tanto hay que investigarlo como lavado. En este caso, nuevamente, la UIAF tiene todas las herramientas para levantar el manto de duda u ofrecer explicaciones alternativas.

Sin reemplazar a la Fiscalía y sin esconder sus hallazgos, la UIAF podría aportarle en un tiempo record al país –exclusivamente por los conductos regulares– un foco de luz y claridad sobre la información sin contrastar ni corroborar que como ciudadanos hemos recibido.

El único problema es que la UIAF no tiene director en propiedad desde hace 9 meses y el Presidente de la República debe nombrar uno en los próximos días. Es decir que la UIAF tiene las herramientas pero carece de director y cualquiera que sea su veredicto tendrá una mirada desconfiada de los opositores por tratarse de un cargo que depende del Presidente.

 

 

Alberto Lozano Vila. Exdirector de la UIAF (2003-2006)

Experto internacional en prevención de lavado de activos

Director de la Revista Infolaft