Ocho funcionarios del gobierno de Venezuela fueron designados en la tarde del día de ayer, 18 de mayo, por la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (siglas en inglés “OFAC”) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, conforme al Decreto del Ejecutivo 13692.

Los funcionarios designados, miembros del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (Tribunal Supremo de Justicia o TSJ), son  responsables de una serie de decisiones judiciales que durante el último año han usurpado el poder de la legislatura de Venezuela democráticamente elegida, la Asamblea Nacional, incluyendo la autorización concedida al Poder Ejecutivo para que gobierne mediante decretos de emergencia,  limitando de este modo los derechos y frustrando la voluntad del pueblo venezolano.

“El pueblo venezolano está sufriendo el colapso de su economía provocado por el mal manejo y la corrupción de su gobierno. Los miembros del Tribunal Supremo de Justicia han agravado esta situación al interferir constantemente con las facultades del poder legislativo,” expresó el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin.  “Al imponer estas sanciones específicas, Estados Unidos está apoyando al pueblo venezolano en sus esfuerzos por proteger y promover el gobierno democrático en su país.”

Los ocho funcionarios son el Presidente del TSJ de Venezuela, Maikel José Moreno Pérez, y los siete miembros principales de la Sala Constitucional del TSJ (La Sala Constitucional del TSJ  TSJ-C): Juan José Mendoza Jover (Vicepresidente segundo del TSJ y Presidente de la Sala Constitucional del TSJ);  Arcadio de Jesús Delgado Rosales (Vicepresidente de la Sala Constitucional del TSJ); Gladys María Gutiérrez Alvarado (Jueza de la Sala Constitucional del TSJ y ex Presidente del TSJ); Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán (Jueza de la Sala Constitucional del TSJ); Luis Fernando Damiani Bustillos (Juez de la Sala Constitucional del TSJ); Lourdes Benicia Suárez Anderson (Jueza de la Sala Constitucional del TSJ); y Calixto Antonio Ortega Ríos (Juez de la Sala Constitucional del TSJ). Como resultado de las acciones de hoy, todos los activos pertenecientes a los individuos designados en jurisdicción de los Estados Unidos han sido congelados, y queda prohibido de manera general a todo ciudadano estadounidense participar en transacciones que involucren a los mismos.  

(Nota agregada de OFAC)