La entidad de supervisión recordó que las oficinas de representación están exceptuadas de implementar un Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft), pero aún así deben nombrar un funcionario responsable de prevenir operaciones con fondos de origen ilegal.

 

Hace varias semanas la oficina de representación en Colombia de Berkley Insurance Company (BIC) consultó a la Superintendencia Financiera para determinar si estaba o no obligada a implementar un Sarlaft.

La respuesta, contenida en el concepto 2017055463-003 del 1 de junio de 2017, señala que si bien la oficina se encuentra exceptuada de aplicar un Sarlaft, “está plenamente obligada” a designar un funcionario responsable de administrar las medidas tendientes a prevenir que la entidad pueda ser utilizada como instrumento para dar apariencia de legalidad a dineros provenientes de actividades delictivas.

La Superfinanciera agregó que en general las oficinas de representación no deben implementar un Sarlaft, pero sí requieren políticas y controles que se apliquen en las relaciones que establezcan con proveedores, empleados y terceros con los que tengan algún vínculo comercial, contractual, legal o laboral.

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Finalmente, la Superintendencia Financiera recordó que es posible que el funcionario responsable sea un empleado del área de cumplimiento de la institución en el exterior.