El pasado 24 de septiembre las delegaciones del Gobierno y las Farc publicaron el borrador conjunto de los acuerdos que hasta el momento han logrado en el marco de las negociaciones de paz que se adelantan en La Habana, Cuba. Para el tema específico de la lucha contra el lavado de activos se prevé la creación de una comisión de expertos encargada de develar las tipologías del delito, además de posibles ajustes normativos y rediseño de instituciones.

 

Hasta hace algunos días poco se conocía –oficialmente- de los avances en el proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba, entre la delegación del Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Sin embargo, ante las constantes críticas por parte de algunos líderes políticos y el escepticismo creciente en un sector de la población, ambas partes decidieron hacer público un borrador conjunto de los acuerdos para despejar todas las dudas que se habían sembrado alrededor de la negociación.

Lo primero que se debe destacar es que en el mencionado borrador las dos partes reconocen que el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas ‘‘han atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno’’, y que las instituciones, tanto nacionales como locales, han sido afectadas por la ‘‘corrupción asociada al narcotráfico’’.

De igual manera, llama la atención que las Farc se comprometen, en un eventual escenario de fin del conflicto, a ‘‘poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno’’, lo cual se puede interpretar como un reconocimiento tácito de su relación con el narcotráfico.

 

¿Cómo se propone luchar contra el lavado de activos?

Para dar solución a la problemática que plantea el tráfico de drogas ilícitas las partes aceptan que es necesario diseñar una ‘‘nueva visión que atienda las causas y consecuencias de este fenómeno’’, que a su vez permita intensificar la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, incluyendo actividades relacionadas como las finanzas ilícitas y el lavado de activos.

Adicionalmente, ambas partes declaran que para facilitar la implementación de los acuerdos encaminados a enfrentar el crimen organizado asociado al narcotráfico y al lavado de activos ‘‘es necesario poner en marcha políticas y programas para desactivar los factores y mecanismos que estimulan y mantienen el problema la producción (sic) y comercialización de drogas ilícitas lucrándose de la misma. El propósito central es desarticular las organizaciones criminales comprometidas con este flagelo, incluyendo las redes dedicadas al lavado de activos’’.

El punto 4.3.2. del borrador plantea la ‘‘estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos’’. Allí se denota que el Gobierno se compromete a poner en marcha una gran estrategia para perseguir decididamente los bienes y activos involucrados en el narcotráfico y prevenir y controlar el lavado de activos.

Dicha estrategia se propone determinar la cadena de valor del narcotráfico, la cual permitirá ‘‘identificar los sistemas de financiación de las organizaciones de crimen organizado, los usos de esos recursos, los responsables financieros, las estrategias nacionales e internacionales de lavado de activos, tipologías y canales de blanqueo de capitales, bienes adquiridos con estos capitales y las redes de testaferros de las estructuras criminales y su nivel de penetración en el Estado y sus instituciones’’.

 

Equipos negociadores. Foto Presidencia

 

Para lograr lo anterior se conformará un grupo de expertos nacionales e internacionales, incluyendo delegados de organizaciones internacionales y regionales especializados en el tema, quienes tendrán que entregar recomendaciones y ‘‘harán un informe público sobre las redes de las finanzas ilícitas, su funcionamiento y su impacto sobre la vida nacional’’.

Es muy posible que ese grupo esté conformado, entre otros, por algunos funcionarios de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés), los cuales fueron propuestos por las Farc en un comunicado fechado el 6 de marzo de 2014 en el cual la agrupación al margen de la ley propuso conformar una  ‘‘comisión independiente especializada de la verdad sobre la empresa capitalista trasnacional del narcotráfico’’.

 

Estrategia para implementar efectivamente la extinción de dominio

Según el borrador, el Gobierno ‘‘pondrá en marcha una nueva estrategia para garantizar la aplicación efectiva de la extinción de dominio, que incluya los recursos y los ajustes normativos e institucionales necesarios para cualificar y fortalecer las capacidades de las entidades del Estado competentes en materia de identificación de activos, investigación y judicialización, que estará acompañada de la implementación de una estrategia integral de lucha contra la corrupción’’.

Así mismo, el Gobierno garantizará, por medio de los ajustes normativos e institucionales que sean necesarios, ‘‘la administración transparente y eficiente de los bienes en proceso de extinción y promoverá la destinación de bienes y capitales objeto de extinción en apoyo a los planes y programas contemplados en el Acuerdo Final’’.

Aquí vale la pena recordar que el 20 de enero de 2014 el Gobierno expidió la ley 1708, también conocida como Código de Extinción de Dominio, y por medio del artículo 215 de la mencionada norma se ordenó a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura crear nuevas salas y juzgados especializados de extinción de dominio, mientras que el artículo 216 autorizó la creación y puesta en marcha de ‘‘al menos cincuenta (50) despachos adicionales de fiscalías especializadas para la extinción de dominio, con igual número de cargos de asistentes de fiscal y cien (100) investigadores’’.

Adicionalmente, el artículo 91 de la misma ley 1708 señaló que los bienes objeto de extinción ‘‘se utilizarán a favor del Estado y serán destinados así: en un veinticinco por ciento (25%) a la Rama Judicial y en un veinticinco por ciento (25%) a la Fiscalía General de la Nación (…); y el cincuenta por ciento (50%) restante para el Gobierno Nacional, quien reglamentará la distribución de este último porcentaje’’.

Dicho lo anterior y recordando que el acuerdo parcial en el punto 4 relacionado con el problema de las drogas ilícitas se dio a conocer el 16 de mayo de 2014 (momento en el cual la ley 1708 no estaba vigente, ya que solo lo hizo hasta el 20 de julio), es válido preguntarse si el acuerdo entre las delegaciones del Gobierno y las Farc contempló o no el nuevo Código de Extinción de Dominio y la distribución que este hizo de la monetización de los bienes objeto de extinción.

 

¿Qué se plantea para combatir la corrupción?

En este punto específico el Gobierno pondrá en marcha una ‘‘estrategia de política criminal, en forma paralela a la implementación de una estrategia integral de lucha contra la corrupción, que fortalezca y cualifique la presencia y efectividad institucional y concentre sus esfuerzos en la investigación, judicialización y sanción de los delitos asociados a cualquier organización o agrupación criminal relacionados con la producción y comercialización de drogas ilícitas’’.

El Gobierno también se compromete, según lo expuesto por el borrador conjunto, a poner en marcha las políticas y programas para ‘‘intensificar y enfrentar de manera decidida la lucha contra la corrupción en las instituciones causada por el problema de las drogas ilícitas (…)’’.

Para alcanzar esta meta, entre otras, se contempla la creación de grupos interinstitucionales para ‘‘adelantar investigaciones estructurales que cuenten con mecanismos para reconocer y comprender las dinámicas locales, regionales, nacionales y trasnacionales de la criminalidad en todas sus dimensiones’’.

 

Posibles ajustes normativos

De acuerdo con el documento, el Gobierno también conformará una comisión de expertos que incluirá académicos e investigadores, nacionales e internacionales, así como mesas de trabajo a nivel territorial, ‘‘con el objetivo de desarrollar un nuevo Estatuto de prevención y lucha contra las finanzas ilícitas (…)’’.

El mencionado Estatuto sería el documento bandera por medio del cual se definiría el futuro del sistema antilavado colombiano, toda vez que, según el borrador conjunto, permitirá ‘‘adecuar donde sea necesario, o definir y actualizar la normatividad referida a esta materia, haciendo énfasis en la persecución de los eslabones fuertes del narcotráfico como son las organizaciones dedicadas a la producción, comercialización y al lavado de activos’’.

Por otra parte, también se menciona que la normatividad en materia de prevención del lavado de activos se extenderá a todos los sectores que estén en riesgo de ser utilizados para la comisión de este delito.

En este sentido, es posible que parte de la responsabilidad recaiga en la Comisión de Coordinación Interinstitucional de lucha Contra el Lavado de Activos (Ccicla), la cual es una instancia del Gobierno dirigida por el Ministerio de Justicia y del Derecho en la que se formulan las políticas y directrices para combatir este delito.

 

Se fortalecerán o reformarán entidades del Estado contra el LA

Otro de los acuerdos consiste en que el Gobierno ‘‘promoverá la cualificación y el fortalecimiento, y donde sea necesario, el rediseño o creación de instancias de investigación, supervisión o control financiero y de lavado de activos que permitan identificar los sistemas financieros de las redes de crimen organizado asociadas al narcotráfico sus (sic) dinámicas de acuerdo con la cadena de valor en el nivel nacional y local, y sus enlaces con el nivel internacional’’.

Este punto es de vital importancia, toda vez que podría generar cambios en los sistemas de prevención LA/FT (entre ellos el Sarlaft, Siplaft y Sipla, los cuales son objeto de seguimiento por parte de varias superintendencias), además de producir eventuales modificaciones al interior de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y la Fiscalía General de la Nación.

 

Cultura antilavado

Otro de los puntos a los que se comprometió el Gobierno es el de garantizar la puesta en marcha de una ‘‘nueva campaña nacional que promueva valores, alerte sobre nuevas modalidades de lavado y fomente la participación y capacidad ciudadana en el espíritu del punto 2 del Acuerdo General para ejercer el control y fiscalización frente a la corrupción asociada al lavado de activos y a operaciones irregulares o sospechosas, con el fin de evitar que la población y las instituciones sean utilizadas para el lavado de activos’’.

A pesar de todo lo anterior, se prevé que el tema del dinero ilícito regrese a la mesa cuando se negocie el punto de las víctimas, en el cual la agrupación guerrillera tendría que reparar a los afectados por sus acciones bélicas. Sin embargo, la pregunta del millón seguirá siendo: ¿qué pasará con la plata de las Farc?