A pesar de que la fase de post-acuerdo ha sido expuesta y estudiada ampliamente por los medios de comunicación y la opinión pública, aún quedan varios interrogantes, sobre todo en esferas tan delicadas como la inclusión de los excombatientes a la vida civil, la labor de cumplimiento y la economía.

 

Esquema financiero de las FARC antes y después del acuerdo

Un tanque de agua es quizá la mejor analogía para explicar cómo funcionan las finanzas de una organización criminal: ambas estructuras tienen una entrada que las alimenta, las dos tienen la capacidad de almacenar, y tanto la una como la otra tienen válvulas por las que sale algo de lo que contienen.

En efecto, como se muestra en la siguiente figura, la economía criminal tiene como inicio la entrada de recursos, que para el caso de las Farc tenían origen en actividades de narcotráfico, minería ilegal, secuestro, extorsión y abigeato, entre otros (1).

Estos ingresos fueron, a su vez, una fuente importante de riqueza que le permitió tanto a la organización como a sus miembros acumular un stock relevante de activos conformado por tierras, efectivo, ganado, participación en sociedades, cuentas por cobrar, oro, y productos financieros, entre otros (2). Y por último, a través de la utilización de los ingresos y del patrimonio acumulado, las Farc financiaron tanto sus actividades de guerra como el día a día de su operación (3).

 

Con posterioridad a la firma, refrendación y entrada en vigencia del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional para la Construcción de una Paz Estable y Duradera, los tres elementos que componían el esquema de financiamiento criminal desaparecen: los ingresos se cortan, el stock de activos desaparece (a través del envío de las tierras al Fondo de Tierras, de la entrega voluntaria de bienes, de la extinción de dominio y otras herramientas de las que dispone el gobierno para ese efecto), y las actividades de guerra cesan.

 

 

Sin embargo, y a pesar de que el proceso de paz desmontó los sistemas de financiación criminal, es probable que queden ciertos riesgos remanentes (como la financiación del terrorismo, la canalización de recursos ilícitos a campañas políticas y la infiltración financiera de autoridades y entidades privadas) que requiere una supervisión y acompañamiento que verifique el cumplimiento de los términos del Acuerdo de Paz, y evite tanto que los excombatientes regresen al esquema de economía ilícita como que nuevos actores ocupen los vacíos dejados por la desaparición de la guerrilla como movimiento armado.

 

Inclusión en lo económico

La reincorporación de las Farc a la vida civil en lo económico, lo social y lo político requiere de múltiples acciones tanto del Gobierno Nacional como de la ciudadanía en general. Pero quizá una de las más importantes, y que a la vez comporta mayores desafíos para el país, es la inclusión de los excombatientes al sector financiero. Y es que la bancarización de los excombatientes no sólo es la puerta para desenvolverse con normalidad en la sociedad, sino que en la mayoría de los casos es prerrequisito para acceder a empleos y a otro tipo de servicios como el pago de pensiones.

Al respecto se ha pronunciado en varias ocasiones el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), Joshua Mitrotti, quien ha dicho que parte del contexto actual genera que los reintegrados estén excluidos del sistema financiero dado que las políticas de riesgo de lavado de activos de muchas entidades los toman como factores de alto riesgo alto, por lo que se niegan los productos y servicios financieros.

En este escenario, y con el fin de que la población de excombatientes avance hacia la vida civil, es necesario construir caminos y mecanismos para que este grupo tenga acceso a la banca. Pero para que esta meta se materialice es necesaria una regulación especial que señale los requisitos especiales de vinculación al sector financiero así como los mecanismos que permitan comprobar el cumplimiento legal del Acuerdo por parte de los excombatientes. Esta supervisión es necesaria para garantizar que este proceso de inclusión en lo económico no se utilice para dar apariencia de legalidad a activos obtenidos ilícitamente.

Así las cosas, la inclusión en lo económico de las Farc exige de tres elementos: inclusión financiera cuyo primer eslabón es el acceso a la banca, vigilancia, y seguridad jurídica, todo bajo un marco de programas de capacitación y pedagogía:

El Sarlaft en el postconflicto

En el postconflicto el Sarlaft será una de las cuestiones que más dudas generará para el medio, pero aún así podemos encontrar una relación entre cada etapa de este sistema y el cambio político y social que vivirá el país.

En primer lugar, la etapa de identificación, donde se reconocen los riesgos de LA/FT inherentes al desarrollo de la actividad prevista, será una de las que más cuestionamientos generará pues los factores de riesgo y los riesgos asociados, que conocemos formalmente, cambiarán.

Una de las tantas preguntas que traerá consigo postconflicto será: ¿los excombatientes de las Farc se convertirán en un nuevo segmento? y por ende ¿será necesario desarrollar nuevas metodologías para identificar los factores de riesgo y los riesgos asociados?

Teniendo esto en cuenta y si la respuesta a esta pregunta resulta positiva, habría que preguntarse entonces, ¿cuáles serán los nuevos riesgos asociados? Para ello Lozano Consultores creó dos modelos que podrían definir comó funcionaría la nueva segmentación.

El primero, partiría de una segmentación dividida en tres grupos: las víctimas, los colaboradores o financiadores de las Farc y los miembros de esta guerrilla, quienes a su vez, se dividirían en combatientes y milicianos. Un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz reveló, el pasado 4 de abril del 2017, que para esta última categoría de división existieron 6804 combatientes y 1541 milicianos en las filas de las Farc.

El segundo esquema parte de una división en dos grupos, los miembros de las Farc amnistiables y los miembros de las Farc no amnistiables. Aún así, según un analísis de Lozano Consultores, la primera segmentación resulta ser un escenarío más real ya que está mucho más aterrizada al contexto colombiano. Existen cifras y listados oficiales que demuestran que esta es más oportuna, mientras que la segunda segmentación, al ser una categoria normativa incluida en el acuerdo de paz, que no ha sido desarrollada, carecer de elementos que no permiten aterrizarla.

Otra de la estapas del Sarlaft que genera dudas es la medición, ya que esta analiza la posibilidad o probabilidad de ocurrencia del riesgo inherenre de LA/FT frente a cada uno de los factores de riesgo, por lo que resulta conveniente preguntarse: ¿cómo se medirá la probabilidad de ocurrencia del riesgo respecto a los excombatientes de las Farc?

Lo que nos lleva a la tercera etapa de este sistema, el control, una de las etapas más densas, pues de ella depende que las empresas puedan estar tranquilas con sus negocios y contrapartes.

La primera duda que nos resulta es: ¿qué controles adicionales se deberán tener ahora que los excombatientes hacen parte de la segmentación? y ¿la debida deligencia deberá ser aún más detallada y especifica?

Una de las preguntas más importantes frente a la etapa de control es: ¿los ex combatientes serán considerados como PEP?, duda que hoy en día no solo se presenta con este nuevo segmento, sino con muchos otros, como lo son los familiares de las PEP o quienes asuman un cargo PEP por un corto tiempo, entre otros.

Para Lozano Consultores los excombatientes de las Farc se convertirían en PEP, pues estarían manejando dineros públicos, algo que define a esta categoría. Adicionalmente, aún si los guerrilleros no tienen una exposición pública, al ser excombatientes de las Farc si podrían ser expuestos públicamente, por lo que tambíen habría que hacerles una debida diligencia reforzada.

Por último, la etapa de monitoreo no se queda atrás. Para este seguimiento es importante hacerse otra pregunta: ¿qué pasará con las operaciones inusuales, las intentadas, las operaciones sospechosas y los ROS?