Repaso por los sistemas de prevención del lavado de activos aplicables al sector financiero, al sector real, a las cooperativas, a las empresas prestadoras de servicios de salud, a las transportadoras y a las empresas de comercio exterior, entre otras.

 

Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida como prestador del servicio de listas restrictivas y de consultoría Sarlaft y Sagrlaft a cerca de 200 empresas del sector financiero, sector real, sector cooperativo, sector salud y de comercio exterior en Colombia y en varios países de Latinoamérica.

 

El Sarlaft para las entidades financieras

A través de los artículos 102 al 105 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) y del capítulo IV del título IV de la Parte I de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia se consagran las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (Sarlaft) que deben cumplir, con determinadas excepciones, las entidades sometidas a su inspección y vigilancia.

De acuerdo con lo que se expresa en esa norma, se entiende por riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad vigilada debido a su propensión a ser utilizada, directamente o a través de sus operaciones, como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.

 

 

El Sarlaft se instrumenta a través de las etapas y los elementos. Las primeras corresponden a los pasos sistemáticos e interrelacionados mediante los cuales las entidades administran el riesgo de LA/FT (identificación, medición, control y monitoreo), y los segundos corresponden al conjunto de componentes a través de los cuales se instrumenta de forma organizada y metódica la administración del riesgo de LA/FT: políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, órganos de control, infraestructura tecnológica, divulgación de información y capacitación.

Para administrar adecuadamente el riesgo la norma precisa que las entidades vigiladas deben tener en cuenta como mínimo los siguientesagentes generadores:

  • Clientes/usuarios.
  • Productos.
  • Canales de distribución.
  • Jurisdicciones.

Así mismo, se debe tener en cuenta también que el riesgo de LA/FT se materializa a través de los riesgos asociados, a saber: legal, reputacional, operativo y de contagio.

Como es usual en todos los modelos antilavado, el Sarlaft debe contar con procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de todos los clientes, dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas con listas internacionales vinculantes para Colombia y reportar sus operaciones sospechosas y determinadas transacciones en efectivo a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).

A su turno, el oficial de cumplimiento debe velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el Sarlaft.

Por otro lado, la norma establece una obligación consistente en segmentar todos los factores de riesgo mencionados anteriormente. La segmentación de los clientes es un instrumento fundamental para la detección de inusuales, tarea que ya no depende exclusivamente de la actividad económica y del volumen o frecuencia de las transacciones, sino que adicionalmente incorpora el monto de ingresos, egresos y patrimonio, lo cual exige contar con una base de datos completa y actualizada.

Finalmente, la norma determina como supremo responsable del Sarlaft a la junta directiva, en la medida en que le impone el deber de hacer seguimiento y pronunciarse periódicamente sobre el perfil de riesgo LA/FT de la entidad.

Vea también: Las distintas formas de segmentar

 

Sagrlaft para el sector real

Este sistema se encuentra consagrado en el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades y establece que las empresas que cumplan con determinados requisitos deben implementar sistemas de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sagrlaft) en un plazo de 12 meses contados a partir del 1 de enero del año siguiente al cual cumplieron los mencionados requisitos.

En relación con las obligaciones contenidas en el Capítulo 10 de la mencionada Circular Básica Jurídica, las empresas que sean sujetos obligados tendrán que diseñar y aprobar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de LA/FT que contemple lo siguiente:

  • La adopción de políticas de prevención y gestión del riesgo.
  • La descripción de unos elementos mínimos para la administración del riesgo LA/FT, relacionados con la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos a que está expuesta la compañía frente al LA/FT.
  • Unas etapas para la puesta en marcha del sistema. Estas son: diseño, aprobación, supervisión, cumplimiento, divulgación y capacitación del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de LA/FT.
  • Medidas para la prevención y gestión del riesgo de LA/FT.
  • Contar con mecanismos que permitan el reporte de operaciones sospechosas a la Uiaf.

Es importante precisar que el sistema debe estar bajo la supervisión y dirección de un oficial de cumplimiento, quien debe ser designado por la junta directiva o el máximo órgano social de la empresa. De dicha designación se debe dejar expresa constancia en la correspondiente acta.

El proyecto del Sagrlaft debe ser presentando a la junta directiva o máximo órgano social, en conjunto entre el representante legal y el oficial de cumplimiento, para su correspondiente aprobación. De dicha designación se debe dejar expresa constancia en la correspondiente acta.

A su vez, el capítulo 10 establece como función principal de la junta directiva o el máximo órgano social y del representante legal disponer de las medidas operativas, económicas, físicas, tecnológicas y de recursos que sean necesarias y requeridas para que el oficial de cumplimiento pueda desarrollar sus labores.

De igual forma, el Capítulo 10 establece la obligación de contar con mecanismos de debida diligencia en el conocimiento de los clientes y demás contrapartes, teniendo en cuenta la operación, tamaño, actividad económica, forma de comercialización de sus productos, áreas geográficas donde opera y demás características particulares de las empresas obligadas.

Se debe también dar cumplimiento a la consulta permanente en las listas restrictivas emitidas por autoridades nacionales y extranjeras que sean vinculantes para los Colombianos.

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Sarlaft para el sector cooperativo

En el Capítulo XI de su Circular Básica Jurídica la Superintendencia de la Economía Solidaria le ordena a todas sus vigiladas que adopten un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft).

Las organizaciones solidarias deben contemplar dentro de su Sarlaft las cuatro etapas de gestión de riesgo: identificación, medición, control y monitoreo.

Adicionalmente, este Sarlaft consagra el deber de segmentar cada uno de los factores de riesgo, atendiendo como mínimo los siguientes criterios:

  • Asociados o clientes: actividad económica, volumen o frecuencia de sus transacciones y monto de ingresos, egresos y patrimonio.
  • Productos: naturaleza, características y nicho de mercado o destinatarios.
  • Canales de distribución: naturaleza y características.
  • Jurisdicciones: ubicación, características y naturaleza de las transacciones.

En este sentido, el mencionado capítulo establece que “a través de la segmentación, las entidades deben determinar las características usuales de las transacciones que se desarrollan y compararlas con aquellas que realicen los clientes, a efectos de detectar las operaciones inusuales”.

En lo que respecta a la idoneidad técnica del oficial de cumplimiento, la Superintendencia exige que dicho profesional acredite “capacitación en materia de LA/FT, mediante certificación expedida por parte de instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional para impartir formación en esta materia, en la que conste que su duración no es inferior a 90 horas”.

Por otro lado, el Sarlaft que implementen las entidades solidarias debe tener en cuenta la elaboración de políticas en relación con el sistema, establecimiento de procedimientos de atención oportuna de solicitudes de información de autoridades competentes, de monitoreo y seguimiento de operaciones y transacciones, y de conocimiento de los clientes, entre otros.

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Sarlaft del sector Salud

A través de la Circular Externa 21 de 2016 se impone la obligación a los agentes del sistema general de seguridad social en salud adoptar procedimientos y herramientas para llevar a cabo una adecuada gestión del riego de lavado de activos y financiación del terrorismo frente a todas las actividades que realizan.

Como en casi todos los demás sistemas, este impone la obligación de llevar a cabo las etapas de identificación, medición, control y monitoreo.

También establece la obligación de contar con políticas en relación con el sistema, las cuales deben ser diseñadas y aprobadas por la junta directiva o quien haga sus veces. De no existir este órgano será el representante legal el encargado de llevar cumplir con estas funciones.

De la aprobación de las políticas se debe dejar constancia en la respectiva acta y está deberá quedar a disposición del Superintendencia Nacional de Salud. De igual forma, las políticas aprobadas deberán ser comunicadas a todos los empleados, socios, directivos, administradores y cualquier otra persona que tenga vinculación con la entidad.

El sistema que implementen los sujetos obligados debe establecer procedimientos que les permitan identificar situaciones que generen riesgo de LA/FT en las operaciones, negocios y contratos que realicen; establecer procesos de debida diligencia para los clientes, usuarios, PEP, asociados y trabajadores o empleados; determinar el monto máximo de efectivo que pueden manejar y determinar operaciones inusuales y/o sospechosas.

En relación con el conocimiento del cliente y usuario, la circular señala que “debido a la obligatoriedad del aseguramiento y la prestación de servicios de salud por parte de las EPS y prestadores, no se consideran como clientes y/o contrapartes los usuarios (afiliados) de las EPS, ni los pacientes de las IPS cuyos servicios sean cancelados efectivamente por algún tipo de seguro (…)”.

El sistema debe contemplar funciones para la junta directiva, el oficial de cumplimiento y la revisoría fiscal.

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Sipla para el sector aduanero

Mediante Circular Externa No. 170 del 10 de Octubre de 2002 la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) indicó el procedimiento que deben seguir los usuarios del servicio aduanero para prevenir, detectar, controlar y reportar operaciones sospechosas que puedan estar vinculadas con el lavado de activos.

Dicho procedimiento debe seguirse a través de la adopción de un Sistema Integral para la Prevención y Control al Lavado de Activos (Sipla).

Las personas o empresas destinatarias de la norma, en cuanto prestan servicios inherentes o relacionados con operaciones de comercio exterior, tienen el deber de establecer mecanismos de control orientados a seleccionar y conocer a sus clientes –ya sean habituales u ocasionales–, identificarlos y tener conocimiento de sus actividades económicas en aras de establecer la coherencia entre estas y las operaciones de comercio exterior que realizan.

En este modelo el empleado de cumplimiento es la persona que tiene la responsabilidad de verificar el adecuado y oportuno cumplimiento de la circular. Además, es el enlace directo con la Subdirección de Fiscalización Aduanera de la Dian para atender sus requerimientos.

El sistema debe contener medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en la realización de cualquier operación de comercio exterior la empresa sea utilizada como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a las transacciones y fondos vinculados con las mismas.

La junta directiva puede adoptar un manual de procedimientos que incluya, por lo menos, los siguientes aspectos: conocimiento del cliente y del mercado, funciones y categoría del empleado de cumplimiento, y sanciones y correctivos por el incumplimiento de los procedimientos.

Por otra parte, el código de ética, exigido en la norma, tiene por objeto aportar pautas de comportamiento fundadas en principios y valores que fijen la conducta esperada del funcionario frente a situaciones que pueden derivar en conflictos de interés, para el manejo de información privilegiada y recibo de regalos.

Adicionalmente, la nueva regulación aduanera (Decreto 390 de 2016) establece la obligación de que las empresas que pretendan habilitarse como operadores de comercio exterior tendrán que acreditar ante la Dian un cronograma de implementación de un sistema de administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En complemento de lo anterior, la mencionada regulación establece como un mecanismo de control para los operadores de comercio exterior la implementación de un sistema de administración del riesgo de LA/FT, las empresas que incumplan esta obligación podrán ser sancionados con una multa equivalente a 300 UVT.

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Sipla para emisores de valores inscritos en el RNEV

En el capítulo VII del título I de la parte III de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera se consagran los parámetros del Sistema para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Sipla) que deben adoptar los emisores de valores no sometidos a la inspección y vigilancia permanente de la superintendencia.

Esta normatividad aplica únicamente cuando el emisor coloca de manera directa en el mercado primario los valores emitidos; es decir, cuando dicha colocación no se realiza por intermedio de una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

En efecto, si la colocación se hace a través de una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, corresponde a dicha entidad darle aplicación a las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV del título IV de la parte I de la Circular Básica Jurídica. Lo mismo acontece en los eventos de negociación en el mercado secundario.

Por su parte, las entidades por intermedio de las cuales se realice la colocación de valores en el exterior deben acreditar, mediante certificación expedida por su representante legal, que se ha dado cumplimiento a las normas exigidas en el respectivo país en materia de prevención y control de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

El Sistema que diseñen los emisores debe contar con procedimientos para el conocimiento de los inversionistas, lo cual conlleva determinar el origen y procedencia de los fondos a utilizar en la adquisición de los valores, dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas con listas internacionales vinculantes para Colombia, y contemplar –a cargo de la junta directiva– el deber de pronunciarse respecto de cada uno de los puntos que contengan los informes que presente el oficial de cumplimiento.

A su turno, el oficial de cumplimiento debe velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento del sistema.

Como es usual en todos los modelos antilavado, el sistema debe contar con procedimientos para reportar las operaciones sospechosas y determinadas transacciones en efectivo a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).

 

Siplaft para notarías

Mediante la Circular Externa 1536 de 2013 la Superintendencia de Notariado y Registro ordena a las notarías implementar mecanismos de control para la detección de operaciones sospechosas, con ocasión de la realización de cualquier acto o negocio jurídico sometido a su autorización.

De manera precisa la Circular señala que las notarias “(…) deberán adoptar políticas, procedimientos, mecanismos e instrumentos que contemplen las actividades que se realizan a través de escritura pública, en desarrollo de la función notarial (…)”

En este contexto, el notario debe establecer un Siplaft que tenga dos etapas principales. La primera es la etapa de prevención en donde se deben identificar los riesgos de LA/FT inherentes al desarrollo de su actividad notarial, mientras que la segunda etapa se denomina control y hace referencia a la obligación de definir medidas de control de riesgo LA/FT.

De igual forma, los notarios deben adoptar políticas en relación con el Siplaft, las cuales deben ser aprobadas por el correspondiente notario mediante acta o comunicado interno y deberá quedar incluida en las actividades que desarrollará la notaría. Dichas políticas deberán ser comunicadas a todos los empleados y cualquier otra persona que tenga vinculación contractual con la notaría.

Los notarios deberán acreditar procesos de debida diligencia para conocer a los usuarios del acto o contrato que se realiza por escritura pública. De igual forma, deben verificar los antecedentes de sus trabajadores o empleados antes de su vinculación y tienen que contemplar procedimientos para identificar a las personas expuestas políticamente (PEP).

Otra de las obligaciones que deben cumplir los notarios del país es la de establecer herramientas que les permitan identificar operaciones inusuales o sospechosas. Tales herramientas pueden ser aplicativos tecnológicos que generen alertas u hojas electrónicas que puedan consolidar información.

En esta Circular, a diferencia de las otras regulaciones, la figura del oficial de cumplimiento se denomina coordinador Siplaft y es el empelado de la notaría que tiene a su cargo, entre otras funciones, la de implementar y desarrollar los procesos diseñados para el Siplaft.

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Siplaft para empresas transportadoras de carga

Mediante la Resolución 74854 del 21 de diciembre 2016, la Superintendencia de Puertos y Transporte señaló los criterios técnicos y jurídicos que deben cumplir las empresas de transporte terrestre de carga sujetas a su vigilancia, inspección y control, a efecto de que diseñen e implementen en sus empresas el sistema integral para la prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción (Siplaft).

El sistema que deben implementar las empresas de transporte terrestre de carga debe contar con una políticas orientadas a establecer reglas generales para la prevención y el control del LA/FT, y tales políticas deben ser aprobadas por el máximo órgano social de la empresa transportadora y de esto se deberá dejar constancia expresa.

Además de la política, las empresas transportadoras deberán implementar procedimientos de prevención y control del riesgo LA/FT, para lo cual deberán identificar situaciones que generen este tipo de riesgo, contar con procedimientos de debida diligencia de conocimiento de clientes, proveedores, socios, empleados y PEP de la empresa.

Otro de los procedimientos de prevención y control es reglamentar la cantidad máxima de dinero en efectivo que puede operarse con los clientes.

Frente a la detección, la resolución establece que las empresas transportadoras deben contar con herramientas que les permitan identificar operaciones inusuales y sospechosas, así como mecanismos que permitan reportar a la Uiaf estas últimas. De igual forma, deberán reportar las transacciones en efectivo que hayan realizado con una misma persona y que en conjunto, durante un trimestre, sumen treinta millones de pesos o su equivalente en otras monedas.

En cuanto al oficial de cumplimiento, la resolución señala que esta persona será la responsable de implementar el Siplaft y deberá ser designada por el máximo órgano social de la empresa transportadora y comunicada a la Superintendencia de Puertos y Transporte.

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Siplaft de los juegos de suerte y azar

En la Resolución 20161200032334 emitida por Coljuegos se estableció que las personas que se dediquen profesionalmente a actividades de juegos de azar deben “adoptar criterios y parámetros mínimos (…) para la implementación y funcionamiento del Siplaft”.

Si algunas de las personas obligadas ya cuentan con un sistema deberán verificar, como mínimo, que dicho Sistema cumpla con los criterios y parámetros establecidos en la mencionada resolución.

La resolución establece que este Siplaft se compone de dos fases: una de prevención y otra de control. La primera corresponde a las fases para prevenir que se introduzcan a la operación de los juegos de suerte y azar localizados y novedosos recursos provenientes de actividades relacionadas con el LAFT, y la segunda de las fases hace referencia a los mecanismos que deben tener los sujetos obligados para detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado.

Como mecanismos de prevención y control del LA/FT se encuentran la identificación de los clientes, obligación que dependerá de los montos de la transacción que se lleve a cabo con dichas personas. Para llevar a cabo tal identificación, el sujeto obligado deberá recaudar y conservar la información del cliente solicitando como mínimo lo siguiente:

  • Nombres y apellidos completos.
  • Tipo y número de identificación, así como fecha y lugar de expedición.
  • Fecha y lugar de nacimiento.
  • Dirección y teléfono.
  • Ocupación o profesión.
  • Declaración voluntaria de origen de los fondos.
  • Declaración del cliente de poseer la calidad de PEP.

El Siplaft deberá consagrar funciones y responsabilidades específicas para la junta directiva, la revisoría fiscal o quien haga sus veces y para el oficial de cumplimiento.

En relación con el oficial de cumplimiento, este deberá cumplir con unos requisitos especiales: ser de segundo nivel jerárquico, acreditar conocimientos y experiencia en sistemas de gestión de riesgo, no pertenecer a órganos de control y estar registrado ante Coljuegos.

Sarlaft para los operadores postales de pago

Mediante la Resolución 2564 del 6 de diciembre de 2016, el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones impuso deberes relacionados con la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo a las personas jurídicas habilitadas como operadores de servicios postales de pago; esto es, quienes realizan giros nacionales, según precisa la Ley 1369 de 2009.

El Sarlaft que implementen los sujetos obligados debe abarcar todas las actividades que realizan dichos operadores dentro de la cadena de recepción, traslado y entrega de dinero, previendo además procedimientos y metodologías para protegerse de ser utilizados como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas.

Estas empresas deben cumplir, entre otras, con las siguientes obligaciones:

  • Llevar a cabo las etapas de identificación, medición, control y monitoreo del riesgo LA/FT.
  • Segmentar los factores de riesgo.
  • Contar con políticas que permitan el eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento del Sarlaft.
  • Establecer procedimientos de conocimiento del cliente e identificar las PEP, usuarios y colaboradores.
  • Detectar operaciones inusuales.
  •  Determinar las operaciones sospechosas y reportarlas a la Uiaf.
  • Contar con responsabilidades y funciones para la junta directiva, consejo de administración u órgano equivalente, representante legal, gestor de riesgo y órganos de control.
  • Contar con una plataforma tecnológica que le permita al sujeto obligado consultar listas, consolidar operaciones, reportar operaciones inusuales y sospechosas, generar señales de alerta, entre otras.

Con relación a los usuarios remitentes y usuarios destinatarios de los servicios postales de pago, la normativa exige recolectar la información suficiente para elaborar su perfil y el de sus transacciones, con la intención de identificar su comportamiento transaccional habitual y compararlo con las características de su actividad económica.

 

Sarlaft de los profesionales del cambio

Mediante Circular Externa 13 del 26 de diciembre de 2016 la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) consagró los parámetros mínimos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos,  Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva que deben adoptar los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero inscritos en el registro de profesionales de compra y venta de divisas de la Dian.

El Sistema que implementen los sujetos obligados deberá contar, como primera medida con un diagnóstico del riesgo LA/FT con base en el contexto interno y externo en el que operan los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero.

Para la implementación del sistema también se deben tener en cuenta los factores de riesgo generadores del riesgo LA/FT, los cuales son las contrapartes, los productos, los canales de distribución y las áreas geográficas o jurisdicciones.

Para el conocimiento de las contrapartes, la Circular Externa establece la obligación de implementar un formato de conocimiento que debe contener espacios para recolectar la información mínima que se establece en la circular.

Al igual que en todos los demás sistemas de administración del riesgo de LA/FT, se establece la obligación de consultar las listas restrictivas que sean vinculantes para Colombia, especialmente las emitidas por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

Por otro lado, esta Circular no es la excepción en establecer la obligación de llevar a cabo las etapas de identificación, medición, control y monitoreo del riesgo.

En cuanto a la estructura organizacional la circular señala que el sistema debe asignar funciones y responsabilidades a los órganos de administración y control, entre los que se encuentran la junta directiva o quien haga sus veces, el empleado de cumplimiento y la revisoría fiscal.

 

Sarlaft para transportadoras de valores y blindadoras

Mediante Circular Externa 8 de 2011 la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada le ordena a las empresas transportadoras de valores, empresas de vigilancia y seguridad privada autorizadas en la modalidad de transporte de valores y a las empresas blindadoras de vehículos, implementar un Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft).

Siguiendo también los parámetros del Sarlaft financiero, la Superintendencia ordena a las citadas sociedades incorporar políticas en un código de conducta, establecer los procedimientos requeridos para la adecuada implementación y funcionamiento de los elementos del Sarlaft,adoptar mecanismos para conocer a sus clientes actuales y potenciales, conocer el mercado, identificar y analizar las operaciones inusuales y determinar y reportar las operaciones sospechosas, prever procedimientos más exigentes de conocimiento de clientes y de monitoreo de operaciones de personas nacionales o extranjeras que por su perfil o por las funciones que desempeñaban puedan exponer en mayor grado a la entidad al riesgo de LA/FT, entre otros.

Si bien la norma no hace alusión a las etapas de identificación, medición o evaluación y control, advierte que como resultado del monitoreo deben elaborarse reportes trimestrales a la junta de socios o junta directiva que permitan “establecer el perfil de riesgo residual de la entidad, la evolución individual y consolidada de los perfiles de riesgo de los factores de riesgo y de los riesgos asociados”.

En cuanto a reportes, además del reporte de operaciones sospechosas (ROS), las empresas transportadoras de valores y las empresas de vigilancia con modalidad de transporte de valores deben entregar los siguientes:

  • Reportes de todas las operaciones de transporte de efectivo en moneda local o extranjera cuyo monto sea superior a cincuenta millones de pesos ($50 000 000) o veinticinco mil dólares (USD 25 000).
  • Reportes de todas las operaciones de transporte en donde se involucren operaciones de importación o exportación de títulos y/o bienes valores, sin que importe la cuantía.
  • Reportes de todas las operaciones de transporte de ingreso y salida de efectivo, sin importar la cuantía.
  • Reportes de transporte de efectivo al interior del país, en moneda local o extranjera, realizada durante un (1) mes calendario, por o en beneficio de una misma persona y que en su conjunto igualen o superen doscientos cincuenta millones de pesos ($250 000 000) o ciento veinticinco mil dólares (USD 125 000).
  • Reportes de todas las operaciones de transporte de metales, joyas, piedras preciosas, objetos de arte y antigüedades.
  • Reportes de ausencia de operaciones de trasporte de metales, joyas, piedras preciosas, objetos de arte y antigüedades.

Por otra parte, las empresas blindadoras de vehículos deben adoptar un manual de procesos y procedimientos de conocimiento de los clientes, verificar las listas internacionales vinculantes para Colombia, hacer los reportes de operaciones sospechosas y de ausencia de operaciones sospechosas y realizar los siguientes reportes objetivos:

  • Reportes de las operaciones individuales en efectivo que realicen en la operatividad de su objeto social cuyo monto sea diez millones de pesos ($10 000 000) si es en moneda legal o cinco mil dólares (USD 5000).
  • Reportes de las transacciones individuales en efectivo realizadas por cuantías inferiores a las mencionadas anteriormente, que se realicen en una o varias oficinas, durante un (1) mes calendario, por o en beneficio de una misma persona y que en su conjunto igualen o superen los cincuenta millones de pesos ($50 000 000) o los cien mil dólares (USD 100 000).
  • Reportes de ausencia de transacciones en efectivo.

Vea también: ¿Qué es Sarlaft?

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