De acuerdo con un informe publicado ayer por el Departamento de Estado de EE.UU. el lavado de dinero, principalmente del tráfico ilícito de drogas y la minería ilegal, continúa penetrando la economía de Colombia y afectando sus instituciones financieras.

 

Cada año durante el mes de marzo el Departamento de Estado publica un documento denominado ‘Informe sobre la estrategia internacional de fiscalización de estupefacientes’ que se divide en dos volúmenes: el primero analiza las medidas adoptadas por los países del mundo para controlar el tráfico de drogas, mientras que el segundo aborda la temática de lavado de dinero y delitos financieros.

Dentro del segundo volumen el Departamento de Estado registra a los países dentro de tres listados:

 

  1. Países o jurisdicciones de preocupación primaria
  2. Países o jurisdicciones de preocupación
  3. Otros países/jurisdicciones monitoreadas

 

Los países incluidos en ese primer listado (países o jurisdicciones de preocupación primaria) son los que a juicio del gobierno estadounidense tienen mayores problemas respecto a la lucha contra el lavado de dinero y por ende mayor exposición al riesgo. Colombia siempre ha hecho parte del primer listado.

 

Colombia, líder en la materia

‘‘Colombia se está desarrollando como un líder regional ALD/CFT, y es un componente clave de una iniciativa regional [entre] unidades de inteligencia financiera para establecer un mayor intercambio de información para combatir los delitos financieros transnacionales’’. Con estas palabras el Departamento de Estado elogia parte del trabajo del país en su lucha contra el LA/FT.

En este sentido otro de los aspectos que destaca el gobierno de EE.UU. es el hecho de que la Policía Económica y Financiera de la Fiscalía (PEF) ‘‘tratará de fomentar la creación de unidades similares en otros países latinoamericanos, especialmente aquellos en los que las organizaciones criminales tienen fuertes vínculos con las contrapartes (…)’’.

 

Sectores de riesgo y tipologías: nada nuevo

El informe señala que entre los principales sectores de riesgo de lavado de activos se encuentran los casinos, los giros postales, el mercado de valores y los juegos de azar y otros esquemas de lotería como el chance. Mientras que las modalidades de lavado más usadas son el contrabando de dinero en efectivo, de gasolina, de licor y de electrodomésticos; las transferencias electrónicas y las remesas, las monedas electrónicas y las tarjetas prepago.

Acerca del lavado de dinero a través de juegos de suerte y azar el Departamento de Estado señala que ‘‘hay indicios de que la actividad de lavado de dinero se ha trasladado a las loterías denominadas chance’’, las cuales son fácilmente explotables regionalmente debido a deficiencias en la información de estos juegos a los reguladores del gobierno central.

El comercio de artículos falsificados, según el documento, es otro método para el lavado de ganancias ilícitas. También se lanza una alerta respecto a que ‘‘las 104 zonas francas en Colombia presentan oportunidades para que los delincuentes se aprovechen de la inadecuada regulación, supervisión y transparencia’’.

 

Las fallas de la institucionalidad

El informe sostiene que entre los impedimentos fundamentales para el desarrollo de un eficaz régimen antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia se encuentran la ‘‘subdesarrollada capacidad institucional, la falta de experiencia y un nivel inadecuado de experiencia en la investigación y persecución de los delitos financieros complejos’’.

Así mismo observa que varias leyes limitan a las autoridades para cooperar en la persecución de los delitos financieros y han generado ‘‘(…) una falta de funciones y responsabilidades claras entre los organismos’’.

Respecto a la tarea de las instituciones reguladoras, las cuales son previsiblemente las superintendencias, el documento manifiesta que ‘‘tienen poca capacidad analítica y herramientas, y carecen de la tecnología para utilizar eficazmente la gran cantidad de datos disponibles’’.

 

Uiaf y Fiscalía deberían trabajar de la mano

De acuerdo con el Departamento de Estado las leyes colombianas limitan la eficacia del sistema al restringir la divulgación de información de la Uiaf solamente a la Fiscalía General de la Nación. Además, el hecho de que la Uiaf tenga que remitir reportes al ente investigador significa que muchos casos ya investigados por la Unidad tengan que ser reexaminados por los fiscales, lo cual agrega ‘‘innecesariamente’’ un gran número de casos al sistema.

Ante ese escenario, el informe sugiere que ‘‘la Uiaf, además de las agencias reguladoras, debería desarrollar un mecanismo para incluir a los fiscales en sus investigaciones desde el principio para asegurar una mayor participación (…) y que la información recogida será de utilidad a los fiscales durante su propia investigación y el enjuiciamiento de un caso’’.

 

Recomendaciones de mejora

El Gobierno de Colombia, puntualiza el informe, debe aprobar una ley que amplíe las facultades entre los organismos para fomentar la colaboración en la persecución de los delitos financieros. ‘‘Las agencias deben tener una clara definición de funciones y responsabilidades’’.

Respecto al campo penal ‘‘Colombia debe asegurar la adecuada formación [que] se proporciona a todos los funcionarios que participan en la supervisión, investigación y procesamiento del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo’’, finaliza.

 

Informe Depto. de Estado 2015