España pasa el examen

El informe de evaluación señala que hay varios grupos delictivos organizados en España, incluyendo tanto a los nacionales españoles como a los extranjeros. ‘‘España es un punto de trasbordo para los flujos ilícitos transfronterizos de los medicamentos que entran en Europa desde el norte de África y América del Sur’’.

Además, el informe señala que ‘‘España sigue siendo un punto de acceso logístico para grupos del crimen organizado con sede en África, América Latina y la antigua Unión Soviética, aunque los delitos de drogas e incautaciones oficiales en España han disminuido ligeramente en los últimos años’’.

Respecto a las fuentes de ingresos criminales, el Gafi indica que provienen del tráfico de drogas, delitos tributarios y aduaneros, la falsificación y la trata de personas, mientras que los mecanismos más utilizados para lavar dinero son la compra y venta de bienes inmuebles, la explotación del sector de servicios de transferencia de dinero y el uso de los correos de efectivo, entre otros.

No obstante, el informe destaca que ‘‘España ha hecho un buen trabajo en la identificación, evaluación y comprensión de sus riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, y tiene mecanismos eficaces en la mayoría de las áreas para mitigar estos riesgos’’.

 

El riesgo que representan los grupos terroristas

Gafi señaló que España se enfrenta a un alto riesgo de terrorismo y financiación del terrorismo, pero tiene una buena comprensión de estos fenómenos toda vez que la estrategia nacional de lucha contra el terrorismo del país se centra en desarticular y desmantelar las organizaciones terroristas, con un enfoque específico en las amenazas planteadas por ETA y los grupos terroristas islámicos.

Según Gafi, la estrategia española ha funcionado, particularmente contra ETA porque se han logrado cerrar con éxito sus mecanismos de financiación y sus redes de apoyo. El organismo agregó en el informe que ‘‘España también ha tenido cierto éxito en interrumpir la financiación de salida con destino a grupos terroristas islamistas en el Magreb. España es uno de los países más activos en Europa en los juicios de terrorismo, con el mayor número de individuos en los procesos judiciales por delitos de terrorismo’’.

Respecto a las condenas, Gafi resalta que España ha proferido numerosas condenas por actividades de financiación del terrorismo en contra de individuos pertenecientes o que colaboren con un grupo terrorista. Además, España adoptó en 2010 un nuevo delito que permite perseguir la actividad de financiación del terrorismo separada de la participación o la pertenencia a una organización terrorista, el cual está próximo a arrojar las primeras condenas.

 

Documento Gafi

 

La importancia del buen nivel de cooperación internacional

Según el Gafi, la cooperación internacional es muy importante debido a que muchos de los grandes casos de lavado de activos en España tienen vínculos internacionales y a menudo utilizan complejas estructuras empresariales, algunas de ellas radicadas en centros off-shore. Por esta razón las autoridades ibéricas ‘‘consideran la cooperación internacional como un asunto crítico de gran importancia’’ que ha permitido exitosos perfilamientos en casos de LA/FT.

La cooperación brindada por España se centra en la prestación de asistencia jurídica mutua ‘‘de una manera constructiva y oportuna’’, aunque el informe observa que ‘‘la cooperación es más difícil fuera del contexto de la Unión Europea (…)’’.

 

Principales observaciones

Sanciones poco estrictas

Los evaluadores encontraron que las autoridades españolas están enfocadas en perseguir el lavado de dinero, bien como actividad principal o como actividad relacionada de otro delito, al tiempo que destacaron que ‘‘España ha tenido éxito probado en la desactivación de empresas criminales y grupos delictivos organizados mediante la identificación y el cierre de sus complejas redes de lavado de dinero (…) nacionales e internacionales’’.

Sin embargo, observaron que existe un ‘‘nivel relativamente bajo de sanciones efectivamente impuestas por delitos de lavado de dinero’’ y particularmente hicieron hincapié en la poca capacidad que tiene el sistema judicial para manejar complejos casos de lavado de dinero de forma oportuna.

 

Hay que fortalecer la UIF

El informe resalta que el Sepblac, que hace las veces de UIF española, cuenta con un enfoque sofisticado para el análisis de riesgos, que impulsa tanto el proceso de evaluación de riesgos del país como el enfoque de supervisión.

Respecto a los sectores obligados, el informe destaca que la supervisión en los bancos tiene un alto nivel, mientras que en los sectores de seguros y de valores tiene un enfoque principalmente basado en normas. En algunas de las profesiones no financieras designadas (Apnfd por su sigla en inglés) la supervisión ALD/CFT es un trabajo en progreso, en particular para los abogados, auditores, asesores fiscales y los sectores de bienes raíces.

Ahora bien, en torno a la coordinación entre los supervisores el Gafi observa que en términos generales funciona muy bien, particularmente entre el Sepblac y el Banco de España. Sin embargo, según observaron los evaluadores, el Sepblac ‘‘necesitará recursos adicionales para extender la supervisión ALD/CFT a todos los sectores de Apnfd y garantizar una supervisión adecuada de los sectores de alto riesgo’’.

 

Problemas en tres recomendaciones

España obtuvo una calificación de parcialmente cumplida (PC) en tres de las 40 recomendaciones del Gafi, particularmente en la recomendación 6 que hace referencia a sanciones financieras relacionadas con la financiación del terrorismo, la recomendación 7 sobre sanciones financieras contra la proliferación de armas, y la recomendación 16 acerca de transferencias electrónicas.

Recomendación 16. Transferencias electrónicas

Respecto al efectivo cumplimiento de la Recomendación 16, el informe del Gafi expuso las siguientes fallas:

 

• Entre las obligaciones de las instituciones financieras no se encuentra el requisito de reportar al beneficiario final de una transferencia.
• Entre las obligaciones de los intermediarios financieros no se encuentra el requisito de reportar al beneficiario final de una transferencia.
• Los intermediarios financieros no están obligados a tomar medidas razonables para identificar transferencias bancarias transfronterizas que carezcan de información sobre el ordenante o beneficiario.
• Los intermediarios financieros no están obligados a adoptar políticas y procedimientos basados en riesgo para determinar cuándo ejecutar, rechazar o suspender una transferencia bancaria que carezca de información sobre el ordenante o beneficiario.

 

Recomendaciones 6 y 7. Sanciones contra la FT y proliferación

De acuerdo con el informe de evaluación, la aplicación de las sanciones contempladas por la Resolución 1267 (R. 6) es bastante demorada y ‘‘plantea la cuestión de si la medida de congelación, en la práctica, se lleva a cabo sin previo aviso a la persona o entidad designada’’.

Respecto a las sanciones financieras sobre proliferación de armas, el Gafi señaló que ‘‘los retrasos en la transposición de las obligaciones de las Naciones Unidas en el marco jurídico de la Unión Europa significa que las sanciones financieras específicas no están implementadas sin demora, lo que también plantea la cuestión de si la medida de congelación, en la práctica, se lleva a cabo sin previo aviso a la persona/entidad designada’’.

 

Conclusiones generales

Con base en el informe de evaluación de España, infolaft considera oportuno hacer las siguientes recomendaciones a las entidades colombianas públicas y privadas vinculadas con la prevención, control y sanción del LA/FT, de cara a la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), la cual tendrá lugar en 2017:

 

• Es importante realizar varias evaluaciones de riesgo por sectores.
• Hay que fortalecer los mecanismos de cooperación interna entre entidades estatales.
• No se debe descuidar la importancia de la cooperación externa.
• Los riesgos de LA/FT se deben medir de acuerdo a la realidad del país.
• Se debe tener cuidado con el riesgo de financiación del terrorismo, el cual está en un segundo plano respecto al riesgo de lavado.
• Hay que garantizar efectividad en las condenas por LA/FT.
• Se deben regular las profesiones no financieras designadas (Apnfd en inglés).
• Contemplar el riesgo de financiamiento de la proliferación, el cual, si bien es un tema nuevo, ya está siendo revisado por Gafi.