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Bancos acusados de lavado de activos: ¿qué ha pasado con ellos?

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

En la última década varias entidades bancarias han sido acusadas por las autoridades de servir a los fines ilegales de los lavadores de activos. Si bien el cubrimiento de estos hechos siempre ha sido oportuno, no siempre se ha hecho un seguimiento juicioso posterior que refleje qué ha ocurrido luego de presentadas las acusaciones.

 

Siempre será noticia que un banco sea utilizado con fines de blanqueo de capitales, pero los hechos que se desarrollan luego de que estallan los escándalos no son informados con la misma regularidad por los medios de comunicación.

En los procesos por lavado de activos contra entidades financieras hay sanciones pecuniarias multimillonarias, liquidaciones forzosas, juicios interminables, redes de narcotráfico, empresarios en la cárcel y escándalos conexos que son de necesario conocimiento para comprender el contexto completo de cómo y por qué se presenta lavado de activos en bancos a pesar de que el sector financiero es el más regulado.

Frente a esa inquietud, infolaft se dio a la tarea de investigar cómo han devenido los sucesos en cuatro casos representativos de bancos increpados por blanqueo de capitales: el banco Hsbc (global), la Banca Privada D’ Andorra (Andorra), el Banco Territorial (Ecuador) y el Banco Continental (Honduras).

 

Hsbc: el banco al que aún le cuesta reponerse

El martes 17 de julio de 2012 el banco Hsbc emitió un comunicado en el que aceptó sus conductas erradas y anunció acciones contundentes para reparar los daños causados luego de que el Senado de Estados Unidos lo acusara de lavar activos para narcotraficantes de todo el mundo.

Según el informe del Subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado estadounidense, en el lapso comprendido entre 2006 y 2009 el Hsbc recibió más de      U$60 000 millones de dólares de cuestionable procedencia (la mayoría en efectivo) a través de sus filiales en México, Rusia y oriente medio. Por si fuera poco, las pesquisas arrojaron que, en lo que se refiere a la sucursal mexicana, desde comienzos de la década de 2000 las políticas antilavado eran laxas e ineficientes.

En ese entonces, el senador demócrata Carl Levin, miembro del subcomité, señaló que miles de millones de dólares producto del tráfico de estupefacientes se lograron colar en el sistema financiero de Estados Unidos gracias a que el banco Hsbc recibió capitales ilícitos de clientes en jurisdicciones de riesgo como México, Irán, Islas Caimán, Siria y Arabia Saudita y que ni al interior del banco ni los reguladores externos (en especial la Oficina del Controlador de Monedas de Estados Unidos) supervisaron de manera correcta el devenir del negocio.

Tal como lo señaló el senador, este escenario le sirvió a varios carteles de droga (que se referían a la entidad como el lugar para lavar dinero) para aprovechar la ligereza en los controles y usar al banco con fines de lavado. Uno de los casos que se presentó como ejemplo fue el del ciudadano chino-mexicano Zhenly Ye Gon, quien además de ser cliente del banco en México, se dedicaba a fabricar y comercializar metanfetaminas a través de tres empresas farmacéuticas.

La utilización del banco para fines delictivos fue tan descarada que incluso se comprobó que los narcotraficantes mandaron a diseñar cajillas de depósito especiales hechas a la medida que incorporaban a las sucursales para acelerar el proceso de incorporación de los recursos sucios al sistema bancario.

 

Chris Potter

 

Luego de destapado el escándalo, durante el segundo semestre de 2012 inició una cascada de sanciones en contra de la entidad: en julio la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (Cnbv) multó a Hsbc México por un valor de U$25 millones de dólares y en agosto la Unidad de Información Financiera de Argentina hizo lo mismo por un valor de U$6.5 millones de dólares bajo los cargos de omitir señales de alerta, no haber enviado oportunamente los ROS y tener fallas en la detección.

Adicionalmente, en diciembre de ese mismo año el banco recibió una de las mayores multas jamás vistas: U$1920 millones de dólares luego de llegar a un acuerdo con la justicia estadounidense para que se archivara la investigación. Las acusaciones incluían la falta de trámite de 17 000 señales de alerta y la ineficiencia en los sistemas de detección y reporte en la filial de México, así como el blanqueo llevado a cabo por la filial estadounidense, entre 2006 y 2010, de más de U$880 millones de dólares para el cartel de Sinaloa y el cartel del Norte del Valle.

El acuerdo del banco con las autoridades norteamericanas incluía renunciar a U$1250 millones de dólares, contratar un monitor de vigilancia permanente, pagar U$665 millones en multas y fianzas para terminar procesos civiles y satisfacer los requerimientos de la Oficina del Contralor de la Moneda, la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro.

 

¿Qué ha pasado desde entonces?

Desde este escándalo por lavado de activos el grupo financiero Hsbc ha visto golpeada su reputación y ha sido cuestionado por no haber cumplido de forma eficaz los acuerdos a los que llegó con la justicia de Estados Unidos. El pasado mes de abril la fiscalía de ese país publicó un reporte sustentado en procesos de auditoría independiente que dejaron amplios cuestionamientos respecto al fortalecimiento de los sistemas antilavado de la compañía.

Si bien se declara que el banco está mejor que en la década pasada en cuanto a la efectividad de sus controles, también se informa que el desarrollo de las nuevas políticas ha sido lento pues, no obstante estar escritas, la entidad no ha sido efectiva en la socialización y pedagogía de dichos principios. Así, la falta de sincronización de todas las células que componen el grupo (que ha incorporado peleas internas y presiones injustificadas a los auditores), así como la falta de inversión en herramientas tecnológicas, son dos de las circunstancias que han impedido una evolución más satisfactoria.

Sumado al escándalo por lavado y las correlativas ineficiencias en su gestión posterior, el Hsbc se ha visto envuelto en una serie de escándalos financieros conexos, la mayoría de los cuales explotaron en el mes de noviembre del año 2014:.

 

  • 27 de noviembre de 2014: la Autoridad Federal de Ingresos Públicos de Argentina (Afip) instauró una denuncia por evasión de impuestos y asociación ilícita en contra del banco por haber ayudado a ocultar cuentas bancarias de 4000 argentinos en su filial de Suiza con el único objetivo de evitar el pago de impuestos a la República Argentina.
  • 17 de noviembre de 2014: la entidad fue objeto de cuestionamientos en Bélgica por ayudar a personas acaudaladas (entre las que se encuentran comerciantes de diamantes y de oro) a esconder su riqueza, lo que constituye tanto fraude fiscal como blanqueo de capitales.
  • 12 de noviembre de 2014: varios reguladores alrededor del mundo impusieron multas que totalizaron U$3400 millones de dólares a los cinco bancos más grandes del planeta, entre los que se encuentra el Hsbc, por haber tratado de manipular el mercado de divisas a través de la colusión para imponer un precio de referencia conveniente. Esta investigación, que inició en 2012, fue liderada por la Unión Europea.
  • 10 de noviembre de 2014: el Hsbc fue acusado de nuevo en Estados Unidos por haber influido de forma irregular en la fijación de la cotización internacional de platino y paladio, lo que generó pérdidas millonarias a los compradores de metales preciosos. Según la acusación (que también recayó sobre Goldman Sachs, Basf SE y Standard Bank), las entidades compartieron información reservada para tomar decisiones sobre inversiones en minerales.

 

Y como si fuera poco, durante los primeros meses de 2015 el Hsbc volvió a estar en el ojo del huracán por haberse comprobado que la organización colaboró con políticos, celebridades y empresarios para ocultar cuentas por valor de U$100 000 millones en Suiza. Dentro de los clientes beneficiados se encontraban Hosni Mubarak, ex presidente de Egipto y Bashar Al Asad, mandatario sirio.

El último hecho relevante en este caso tuvo lugar durante la primera semana de febrero de 2016 cuando un juez de Estados Unidos ordenó publicar el informe de monitoreo del sistema antilavado de las más de 60 filiales del banco. A pesar de que el gobierno estadounidense y el Hsbc querían mantener el reporte bajo reserva, sustentado en que el documento podría servir a lavadores para evadir los controles, la justicia determinó que dicha información debía ser pública por constituir un antecedente penal de interés nacional y global.

Aunque hasta la fecha no existe ningún dato relevante extraído del reporte, la desclasificación de esta información podría revelar aún más irregularidades y fallas en los sistemas antiblanqueo del banco que condujeron al escándalo.

 

En menos de un año la Banca Privada D’Andorra limpió su nombre

 

Foto 20minutes.fr

 

El 10 de marzo de 2015 el gobierno de Andorra, un pequeño principado entre Francia y España, anunció que tomaba el control de la Banca Privada D’Andorra luego de que la UIF de EE.UU. (Fincen por su sigla en inglés) acusara a la entidad y a sus altos directivos de blanquear capitales para criminales rusos, chinos y venezolanos entre 2010 y 2013.

Según la autoridad estadounidense, los máximos funcionarios de la entidad financiera recibieron coimas para facilitar la creación y vinculación de empresas fachada que permitieron el ocultamiento de más de U$4000 millones de dólares producto de la corrupción en la petrolera estatal venezolana Pdvsa y de actividades ilícitas dentro del gobierno.

En este caso, la Fincen adujo que el gobierno de Venezuela había expedido en 2004 sendos pasaportes oficiales a favor de un par de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que les permitió transportar recursos en valijas diplomáticas exentas de registro hacia la matriz de la Banca Privada andorrana, así como a sus filiales en Panamá.

De otra parte, la Fincen también comprobó que la Banca Privada D’Andorra ayudó al magnate ruso Andrei Petrov (arrestado en 2013) a darle apariencia de legalidad a capitales provenientes de evasión de impuestos y de otras actividades criminales que adelantó en asocio con Semion Mogilevich, una de las diez personas más buscadas por el gobierno americano, y al cliente Gao Ping, un ciudadano chino vinculado con trata de personas.

Esta acusación, que también cuestionaba la laxitud en los controles antilavado, culminó con una serie de medidas extremas necesarias para purgar a la entidad: se arrestó al entonces director principal del banco, Joan Pau Miquel Prats, se disolvió la junta directiva de la entidad, se intervinieron las filiales del banco en España y Panamá, se transfirieron los clientes y activos no contaminados al Vall Banc y se redujo la calificación del riesgo de la deuda soberana de Andorra por parte de la calificadora Standard and Poor’s.

Poco menos de un año después de que se publicara el informe del Fincen en contra de la Banca Privada D’Andorra y de que estallara el escándalo, un nuevo comunicado del 21 de febrero de este año de la autoridad estadounidense informó que la entidad bancaria ya no representa un peligro para el sector financiero de Estados Unidos gracias a que las autoridades de Andorra asumieron el control del banco, procesaron a los responsables y aislaron los activos, pasivos, contratos y clientes contaminados. Así, se concluyó que las medidas tomadas por el gobierno andorrano fueron suficientes y eficaces, por lo que se levantaron los cargos de blanqueo.

Esta decisión implica que la Fincen no tomará medidas adicionales especiales en contra de la Banca Privada D’Andorra ni contra las demás instituciones que participaron en la reestructuración del portafolio de clientes, productos y servicios.

Por último, para cerrar este capítulo, el Principado de Andorra se obligó a que durante el año 2017 todas las transacciones realizadas en el país son susceptibles de escrutinio público tanto en el territorio nacional como en cualquier país de la Unión Europea.

 

El proceso dilatado del Banco Territorial de Ecuador

En abril de 2015 la fiscalía ecuatoriana abrió una investigación formal en contra del Banco Territorial por presuntas actividades de lavado de activos. Como consecuencia de la pesquisa, se ordenó encarcelar preventivamente al principal accionista del banco, Pietro Francesco Zunino y a su gerente general, Raúl Sánchez, entre otros.

Tal como lo confirmaron los funcionarios judiciales, los recursos ilícitos que pusieron al banco en el ojo del huracán fueron canalizados a través de 12 empresas fachada que supuestamente se dedicaban a actividades de importación y exportación desde y hacia Venezuela y que hacían parte del Sistema Único de Compensación Regional de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (Alba).

Desde el momento en que se hizo pública la acusación se ha intentado llevar a cabo el juicio por delitos de malversación de fondos y blanqueo de capitales, pero las continuas estrategias de las partes involucradas han obligado a que el tribunal aplace las diligencias en varias ocasiones.

La última suspensión se registró a mediados de febrero pasado y se está a la espera de su reanudación.

 

Banco Continental de Honduras, el más reciente

 

Foto tomada página web Banco Continental

 

El caso más reciente de señalamientos de lavado de activos contra una entidad financiera es el del Banco Continental de Honduras. El 7 de octubre de 2015 la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Ofac por su sigla en inglés) incluyó en el programa de sanciones de narcotraficantes especialmente designados Kingpin (Sdntk por su sigla en inglés) a varias empresas del Grupo Continental, entre ellas a su banco.

Según el documento de designación, las compañías fueron incorporadas en la lista por ser propiedad del grupo Rosenthal, liderado por Yankel Rosenthal, un empresario y político hondureño quien habría utilizado sus empresas para ocultar activos producto de redes de tráfico de narcóticos.

Esta sanción tuvo su origen en una investigación realizada durante meses por autoridades de Estados Unidos que culminó con la emisión de tres órdenes de captura en contra de Yankel y dos de sus vinculados, Jaime (presidente del grupo) y Yani Rosenthal (su hermano). El primero de ellos fue capturado en octubre de 2015 en el aeropuerto internacional de Miami.

Con posterioridad a su captura, Yankel Rosenthal fue conducido por agentes federales norteamericanos ante dos jueces diferentes en el distrito judicial de Miami que decidieron enviarlo al Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, en donde estuvo apresado alrededor de un mes. En noviembre de 2015 fue liberado bajo fianza y anunció que hará todo lo que esté a su alcance para recuperar hasta el último centavo del patrimonio “saqueado por el Estado y las instituciones públicas hondureñas”.

Las declaraciones de Rosenthal hacen referencia a que, una vez se conoció la sanción contra el Banco Continental, las autoridades de Honduras, encabezadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (Cnbs), procedieron a la cancelación de la licencia de operación y a la liquidación forzosa de la entidad.

Al no haber transcurrido mucho tiempo desde que los hechos fueron conocidos por la opinión pública, tampoco se han registrado mayores movimientos en el proceso. El último suceso de relevancia ocurrió a comienzos de enero de este año cuando la justicia de Estados Unidos solicitó en extradición a Jaime Rosenthal Oliva, magnate, exvicepresidente de Honduras (1986 – 1990) y fundador y presidente del Grupo Continental.

La solicitud de extradición fue remitida a la Corte Suprema de Justicia del país, en donde se designó al magistrado Carlos David Cálix para conocer de la causa contra Jaime Rosenthal y decidir si procede o no su envío hacia Estados Unidos.

 

 

 

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