Los candidatos y el SARLAFT, SAGRILAFT. Imagen editada por Infolaft
A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, Infolaft hace un recuento y análisis de las propuestas de los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en materia de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Dos candidatos con visiones, discursos y modelos de país profundamente distintos frente a un tema que preocupa cada vez más: el creciente peso de los mercados ilícitos en la economía colombiana.
Adelantamos el hallazgo: ni el SARLAFT, ni el SAGRILAFT, ni los PTEE aparecen en el debate. Esa ausencia —y no lo que los candidatos dicen— es la verdadera noticia.
Según el Índice Global de Crimen Organizado 2025, Colombia ocupa el tercer lugar mundial en mercados ilícitos con una puntuación de 7,43 sobre 10 (+0,13 respecto a 2023), con los puntajes más críticos en el mercado de cocaína (9,5/10), extorsión y cobros ilegales (9,0/10) y delitos contra los recursos no renovables —minería ilegal— (9,0/10). Asimismo, la producción potencial de cocaína llegó a 2.664 toneladas métricas en 2023, un incremento del 53 % frente al año anterior, según la UNODC.
I. No hay profundidad, ni grandes diferencias
No encontramos menciones al SARLAFT, ni al SAGRILAFT, ni mucho menos a los PTEE —los Programas de Transparencia y Ética Empresarial que la Superintendencia de Sociedades exige como complemento del SAGRILAFT—. Por eso nos centramos en otros temas relacionados.
El primer punto de encuentro es conceptual: ninguno de los dos trata el lavado de activos como un tema secundario. Ambos lo entienden como la gasolina del crimen organizado y de la corrupción, y ambos hacen de la persecución del dinero ilícito una pieza central de su discurso de seguridad.
De ahí se desprende la coincidencia más visible: los dos invocan la extinción de dominio. De la Espriella la inscribe en su programa como herramienta contra los capitales del narcotráfico, el contrabando y la corrupción, con un proceso exprés que, según ha dicho, tomaría entre 25 y 30 días.
Cepeda, por su parte, la incluye dentro de su Sistema Nacional contra la Macrocorrupción como un instrumento que debe operar con celeridad. Es importante recordar que uno de los grandes problemas históricos de este mecanismo es que los procesos de extinción de dominio pueden durar entre 7 y 14 años, una brecha que ambos prometen cerrar.
Los dos coinciden también en darle un destino social a los activos recuperados: salud, reparación de víctimas y financiación de reformas estructurales. No es un enfoque nuevo. Vale recordar que en su discurso de posesión el presidente Petro fue uno más en enunciar este propósito de manera explícita, al señalar a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) como eje de la reforma rural integral y la reparación a las víctimas. Cuatro años después, los dos candidatos retoman esa bandera, aunque con diseños institucionales muy distintos.
II. En qué se diferencian
De la Espriella propone una respuesta punitiva y concentrada: fumigación aérea, extradición y mando único. Toda la capacidad de perseguir el dinero ilícito recae en dos figuras complementarias. Por un lado, el Bloque de Búsqueda contra la Corrupción, adscrito directamente a la Presidencia de la República, que concentraría la inteligencia financiera, policial y militar bajo su dirección.
Por otro lado, una suerte de justicia premial: en varias declaraciones públicas, De la Espriella ha planteado que las organizaciones criminales que decidan colaborar con el Estado entreguen el 90 % de sus capitales ilícitos y conserven legalizado el 10 % restante, a cambio de tres años de cárcel y de la no extradición. Con el 90 % entregado al Estado financiaría dos reformas tributarias. Es una propuesta que choca de frente con su propia bandera: el mismo candidato que promete perseguir y quitar los capitales del crimen mediante la extinción de dominio exprés ofrece legalizarle una porción a quien los entregue.
III. La lucha contra la corrupción: dos diseños institucionales
Cepeda: Sistema Nacional contra la Macrocorrupción
Cepeda propone crear el Sistema Nacional contra la Macrocorrupción, una arquitectura de cinco pilares que actúa de principio a fin.
En materia de prevención, plantea fortalecer la UIAF con autonomía real y activar el Portal Anticorrupción (PACO) con alertas tempranas que articulen bases de datos y trazabilidad del gasto.
Para la investigación, crearía en la Fiscalía una Unidad Nacional de Investigación de la Macrocorrupción que trabaje las redes criminales como sistemas, no caso por caso, rastreando estructuras, *modus operandi* y dimensiones financieras, incluido el lavado de activos.
En el juzgamiento, establecería una instancia especial para la corrupción sistémica, con sentencias que incluyan reparación integral, financiada a través de un Fondo de Reparación nutrido con bienes expropiados y gestionados por la SAE.
De la Espriella: Bloque de Búsqueda contra la Corrupción
De la Espriella propone crear un Bloque de Búsqueda anticorrupción dirigido personalmente por el presidente de la República, articulando seis entidades: la UIAF como eje del rastreo financiero, la inteligencia militar y policial, la Fiscalía, la Contraloría y la cooperación internacional para perseguir activos en el exterior.
La lógica es que cada entidad por separado puede ser presionada; concentrar la dirección eliminaría esa discrecionalidad.
La herramienta central, como ya se mencionó, sería una ley de extinción de dominio exprés que, en un plazo de 25 a 30 días, permita quitarle al corrupto, a su familia y a sus testaferros el producto del delito.
Cualquier miembro del gabinete investigado por corrupción saldría automáticamente, sin proceso interno ni espera.
IV. Lucha contra el narcotráfico: focos diferentes
Cepeda: golpear el bolsillo del narcotráfico.
Cepeda plantea atacar las finanzas del narcotráfico desde tres frentes: redirigir la persecución hacia los grandes capos, y no al campesino cocalero, integrándolo a circuitos económicos sostenibles; fortalecer los controles en puertos y aeropuertos con foco en el lavado de activos y trazabilidad estricta de combustibles y precursores químicos; y promover ante el Congreso la legalización regulada del cannabis y la industrialización de la hoja de coca —abonos, alimentos, farmacéutica—, transfiriendo el control del mercado de las mafias al Estado.
De la Espriella: erradicación total con todas las herramientas.
De la Espriella propone destruir las 330.000 hectáreas de coca valiéndose de todas las herramientas que permiten la ley y la tecnología: fumigación aérea, erradicación manual, persecución a los capitales de los narcos, extinción de dominio exprés, sustitución y extradición. Reafirmar el monopolio estatal de las armas y desmontar milicias y poderes coercitivos paralelos son también parte de su propuesta.
V. Los retos para el próximo gobierno
Quien gane el 21 de junio recibirá grandes desafíos en materia de prevención y lucha contra el LA/FT. Estos son algunos:
Primero, una Lista OFAC donde figuran colombianos del más alto nivel. Desde octubre de 2025 aparecen en ella el presidente Gustavo Petro, la primera dama Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Para el sistema financiero y el sector real colombiano esto plantea un escenario sin precedentes: gestionar el riesgo de contraparte de la propia cúpula del Estado —que pasaría a ser «exfuncionarios»—, con implicaciones directas sobre la banca corresponsal y la relación con el sistema financiero estadounidense.
Segundo, una evaluación internacional en el horizonte. El GAFILAT ya aprobó su Plan Estratégico 2026–2030 y la región se prepara para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas. El próximo presidente tendrá que llegar a ese examen con resultados demostrables —no solo con normas—, justo el componente donde Colombia ha sido históricamente más débil. Este es uno de los temas que muy seguramente será parte del empalme y que, a hoy, no ha salido en la campaña.
Tercero, cada vez más dinero ilegal. Los cultivos de coca pasaron de 230.000 hectáreas en 2022 a 253.000 en 2023, según la UNODC, y la producción potencial de cocaína se disparó un 53 %.
Cerramos este recuento con uno de los temas que más le importan a Infolaft. Toda la conversación de campaña gira en torno a la investigación y la judicialización del lavado de activos, y nada en torno a la prevención que sostiene el día a día del sistema: el SARLAFT del sector financiero y el SAGRILAFT del sector real. Hay cinco temas importantes:
- Acceso a información para los oficiales de cumplimiento: beneficiarios finales, PEP, procesos judiciales y disciplinarios, amenazas y tipologías.
- Protección jurídica a la figura del oficial de cumplimiento.
- Garantías para el reporte de operaciones sospechosas a la UIAF y claridad sobre los receptores de la información de la UIAF.
- Coordinación interinstitucional, especialmente cuando entran en el panorama varios sectores nuevos.
- La acción preventiva como complemento de la acción represiva.
En la campaña no hemos visto propuestas novedosas ni profundidad, aunque hay cuatro figuras relevantes que ya tienenexperiencia en el tema, desde orillas diferentes: De la Espriella como penalista; Restrepo como exministro de Hacienda (cartera de la que dependen la UIAF, la DIAN y SAE ); Cepeda como congresista con trayectoria en control político; y Quilcué como conocedora de los territorios.
