Colombia completa 21 años luchando contra el lavado de activos a través de procesos judiciales, de la aplicación de la extinción de dominio y de la regulación en varios sectores. A continuación Infolaft hace un balance de los resultados obtenidos, los cuales se basan en datos con corte al año 2015.

 

Lavado de activos: casi 1600 condenas

De acuerdo con la información que reposa en los despachos y en la base de datos Sagitario de la Fiscalía General de la Nación, en Colombia se han emitido 1594 sentencias condenatorias por casos de lavado de activos.

La mayoría de esas condenas se han dado en el marco de la ley 600 de 2000, la cual opera para aquellas situaciones ocurridas hasta el 31 de diciembre de 2004. Para los casos que tuvieron lugar desde el 1 de enero de 2005 opera la ley 906 de 2004, también conocida como sistema penal acusatorio.

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Cada hora se hace un ROS de posible lavado de activos

De acuerdo con información contenida en anteriores informes de gestión de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), esa entidad, adscrita al Ministerio de Hacienda, ha recibido más de 150 000 reportes de operaciones sospechosas (ROS) por parte de las entidades reportantes de todos los sectores.

El año en el que más ROS recibió la Uiaf fue 2002, con un total de 13 315 reportes. Un dato interesante es que las entidades del sector financiero –que equivalen al 5% del total de entidades reportantes en Colombia– han entregado cerca del 80% de los ROS.

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Los cuatro principales delitos fuente

Según unos datos a los que Infolaft tuvo acceso, los dos delitos fuente del lavado que más han generado condenas en el país son el enriquecimiento ilícito de particulares y la captación masiva y habitual de dineros, los cuales incluso están por encima del tráfico de estupefacientes.

Otros delitos fuente recurrentes en las sentencias condenatorias son el secuestro y la extorsión.

 

Procesos por extinción de dominio

Los procesos de extinción de dominio que se adelantan actualmente en Colombia se llevan por una de dos leyes: la 793 de 2002 o por la ley 1708 de 2014 (conocida como Código de extinción de dominio).

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