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Para responderlo, en esta edición número 195, conversamos con quienes están aplicando la norma. Alejandro Leyva Lemarie, de Nutresa, cuenta cómo vienen trabajando, desde 2023, en la sinergia del SAGRILAFT y PTEE. Marcela Hernández, con más de 20 años en el sector de telecomunicaciones, sostiene que la corrupción debe gestionarse como un riesgo operativo y no como una declaración ética.
Mery Angélica Mantilla, directora Compliance Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa, propone una lectura ponderada: como la corrupción ya figuraba entre los delitos fuente del lavado de activos, considera que la circular pide ajustes más que un cambio de rumbo. Por su parte, Julio Calderón García, oficial de cumplimiento de Toyota en Colombia, propone detenerse a entender qué cambió, antes de modificar documentos. Yesica Galván, presidenta de Finasoc, muestra que el modelo unificado responde a una tendencia internacional. Completa el análisis la columna de Víctor Hugo Guerra, con una hoja de ruta para la implementación y los riesgos de hacerla con prisa.
La edición incluye además dos contenidos de COPLAFT 2026 en Guatemala. El primero es el panel de Alberto Lozano Vila, Roderick Schwarz y Carolina Moncada sobre financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva: por qué este riesgo no se resuelve cruzando nombres contra una lista y qué tienen que ver los camarones con el uranio. El segundo es el análisis de Mariano Rayo Muñoz sobre la nueva ley antilavado en Guatemala y lo que debe documentar el oficial de cumplimiento en plena transición institucional.
