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ROS de corrupción y soborno: un reporte que ninguna ley respalda

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

Imagen editada por Infolaft | 19 de noviembre de 2026

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La nueva circular de Supersociedades obliga a las empresas a reportar a la UIAF operaciones sospechosas de corrupción y soborno transnacional, pero la ley solo respalda el reportes de lavado de activos. Para el experto Daniel Jiménez*, hace falta una norma expresa, y mientras tanto las empresas deben tener claro que su deber es detectar operaciones sospechas y no delitos.

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PREGUNTA

A propósito del plazo del 31 de mayo de 2027, ¿cómo aprecia desde su experiencia como consultor, la integración del SAGRILAFT y el PTEE en un solo sistema, y cuáles son los principales retos que identifica en este proceso?

La integración en un solo sistema genera evidentes ventajas para las sociedades vigiladas, particularmente en cuanto existen metodologías, políticas, procedimientos, controles, alertas, funciones y reportes internos que son comunes al SAGRILAFT y al PTEE, por lo cual al suprimirse su doble consagración no solo se simplifican los documentos que los contienen, sino que se hacen más fácilmente comprensivos y más sencillas las tareas a desarrollar y se facilita la tarea de empleados, administradores, directores y por supuesto del oficial de cumplimiento.  

Al mismo tiempo, la integración en un solo sistema genera un reto fundamental para la Superintendencia de Sociedades, en lo que hace a la construcción tanto legal como cultural del reporte de operaciones sospechosas de corrupción y de soborno transnacional. En efecto, en Colombia desde el 19 de julio de 1996, cuando la entonces Superintendencia Bancaria expidió la Circular 61, mediante la cual obligó a sus vigiladas a adoptar un Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos –SIPLA, existe un concepto claro, anclado legalmente en la letra d. del numeral 2. del artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, respecto de lo que es una señal de alerta, una operación inusual y una operación sospechosa de lavado de activos en el sistema financiero.  

A partir de la expedición el 22 de noviembre de 2017 del SAGRALAFT (Circular Externa 100-0000045) la propia Superintendencia de Sociedades determinó también que las empresas obligadas debían reportarle a la UIAF las operaciones sospechosas de lavado de activos que detectaran en el giro ordinario de sus negocios, invocando expresamente, entre otras normas, el artículo 2.14.2 del Decreto 1068 de 2015, en armonía por supuesto con el mencionado literal d. del numeral 2. del artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Los conocimientos, la experiencia y la cultura antilaft de los supervisores y de los oficiales de cumplimiento del sector financiero se trasladaron de manera fácil y rápida al sector real.  

Por contraste, en la pionera guía destinada a poner en marcha programas de ética empresarial exclusivamente para la prevención del soborno transnacional (Circular Externa de la Superintendencia de Sociedades 100-000003 del 26 de julio de 2016) no existía deber alguno de reporte externo. Ello se explica en la medida en que el propósito de esa guía era prevenir y mitigar riesgos relacionados con el soborno transnacional al interior de las propias sociedades y por ello apenas, en lo que al presente análisis concierne, se establecía la posibilidad de poner en funcionamiento una línea interna que permitiera a los empleados, contratistas u otros terceros, reportar al oficial de cumplimiento infracciones al Programa de Ética Empresarial. Este programa, para decirlo de una manera sencilla, únicamente miraba hacia adentro, en la medida en que meramente buscaba garantizar que empleados y administradores lo estuvieran cumpliendo y por ello no contemplaba reportes externos.

Posteriormente, la misma Superintendencia de Sociedades expidió la Circular Externa 100-000011 del 9 de agosto de 2021, mediante la cual amplió el Programa de Transparencia y Ética Empresarial, en la medida en que al riesgo de soborno transnacional agregó el de corrupción.

En esta norma la Superintendencia acuñó la expresión “actividades sospechosas relacionadas con el Riesgo C/ST” las cuales quedaron acotadas al ya mencionado reporte interno, al tiempo que se generaron sendos “reportes de denuncias” de soborno transnacional y de actos de corrupción, dirigidos a la Superintendencia de Sociedades y a la Secretaría de Transparencia, respectivamente. Quedó la duda en aquel entonces acerca de si el reporte interno de “actividades sospechosas relacionadas con el Riesgo C/ST” debía complementarse con un ROS a la UIAF, o con una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, o con ambas acciones, relevante materia sobre la cual la norma guardaba inapropiado silencio.

Finalmente, en el nuevo capítulo IX de su Circular Básica Jurídica la Superintendencia de Sociedades, al integrar el SAGRILAFT y el PTEE en un solo sistema, mantiene el reporte a la Superintendencia de Sociedades de “hechos que puedan enmarcarse en la conducta de Soborno Transnacional” y, en un giro inopinado, ordena “establecer herramientas tecnológicas que permitan identificar Operaciones Inusuales y Operaciones Sospechosas en el marco de las actividades propias del sistema de gestión de riesgos (…) C/ST.”  y reportarlas a la UIAF. 
 
Ahora bien, en cuanto el numeral 28 del artículo 7 del Decreto 1736 de 2020 (modificado por el artículo 4 del Decreto 1380 de 2021) dice que la Superintendencia de Sociedades debe “Instruir (…) a entidades sujetas a su supervisión sobre las medidas que deben adoptar para promover la transparencia y ética empresarial en sus prácticas de negocios para contar con mecanismos internos de prevención de actos de corrupción (…)” forzadamente se puede aceptar que la Superintendencia está facultada para imponer a sus obligadas la realización de reportes de operaciones sospechosas de corrupción y de soborno trasnacional.  

Complementariamente, el artículo 3 de la Ley 526 de 1999 (modificado por el artículo 33 de la Ley 1762 de 2015) dice que dentro de los objetivos de la UIAF está “La prevención, detección y el análisis, en relación con operaciones sospechosas de comercio exterior, que puedan tener relación directa o indirecta con actividades de contrabando y fraude aduanero, como delitos autónomos o subyacentes al de lavado de activos, así como de sus delitos conexos tales como el narcotráfico, el lavado de activos o actividades delictivas perpetradas por estructuras de delincuencia organizada.”.

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Esta confusa alusión a los delitos subyacentes y conexos al de lavado de activos conduce a aceptar, también forzadamente, que la UIAF está facultada no solamente para recibir, analizar y compartir con la fiscalía la información recaudada en desarrollo de lo previsto en el artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero “dentro del marco de la lucha integral contra el lavado de activos”, como dice expresamente el citado artículo 3, sino también la información recibida en materia de delitos contra la administración pública, que se subsumen ordinariamente en el concepto de corrupción. 
 
Es verdaderamente necesario entonces que se generen normas legales que faculten de manera clara, expresa, e inequívoca, a la Superintendencia de Sociedades para imponer a sus obligadas la realización de reportes de operaciones sospechosas de corrupción y soborno transnacional, como a la UIAF para recibirlos, analizarlos y compartir los datos pertinentes y relevantes que de ellos emanen, con la fiscalía. Esto, además de generar abstracto sustento legal, también deberá contribuir a delimitar los deberes de los sujetos obligados a reportar y a delimitar las correspondientes facultades de la Superintendencia de Sociedades y de la UIAF.  

Complementariamente, cuanto antes mejor, la Superintendencia de Sociedades debe describir, definir, en fin acotar, los conceptos de operaciones inusuales y sospechosas de soborno transnacional y de operaciones inusuales y sospechosas de corrupción, complementado la norma, generando instructivos o cartillas y dictando conferencias, entre otros propósitos para evitar que se confundan con los delitos contra la administración pública y con el delito de soborno transnacional, a efecto que quede claro que el deber a cargo de las sociedades vigiladas no radica en detectar delitos, sino operaciones sospechosas. Así como los banqueros tienen claro desde el 19 de julio de 1996, cuando entró en vigencia el SIPLA, que no están obligados a detectar delitos de lavado de activos, sino operaciones sospechosas de lavado de activos y que por ello no deben formular denuncias penales ante la fiscalía, sino hacer reportes de operaciones sospechosas a la UIAF.

En consecuencia, particularmente en el ámbito de los reportes externos, no son menores los retos que para el supervisor y las vigiladas genera la integración del SAGRILAFT y el PTEE en un solo sistema.  

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INFOLAFT
PREGUNTA

La nueva circular desarrolla las políticas sobre regalos, atenciones y donaciones a servidores públicos, y en el caso de los aportes a las campañas políticas exige dar estricto cumplimiento a las correspondientes normas electorales. Desde su perspectiva como penalista, ¿qué riesgos legales enfrentan las empresas y sus administradores en esta materia y cómo pueden prevenirlos?

En el Capítulo IX de la Circular Externa Básica Jurídica 100-000020 del 2 de julio de 2026 de la Superintendencia de Sociedades en efecto se ordena al sujeto obligado regular lo relativo a la hospitalidad, entretenimiento, obsequios, donaciones, atenciones gastronómicas y viajes en beneficio de las “personas naturales o jurídicas con las que se relacione”.

Al respecto, lo primero que debe ponerse de presente es que la norma debería ser clara y explicita: las vigiladas deben regular lo relativo a la hospitalidad, entretenimiento, obsequios, donaciones, atenciones gastronómicas y viajes en beneficio de los servidores públicos nacionales y extranjeros con los que se relacionen, en punto de la atenuación de los riesgos de corrupción y de soborno transnacional, precisamente.
  
En lo que hace a los riesgos de corrupción, es necesario traer a colación el artículo 407 del Código Penal, que consagra el delito de cohecho por dar u ofrecer. Incurre en este delito, explicado sencillamente, el que ofrece cualquier utilidad a un servidor público que tenga a su cargo un asunto de su interés, para que lo decida pronto, si eso lo que le conviene; para que retarde la decisión, si eso es lo que le conviene; para que no decida, si de hacerlo le perjudicaría, o para que decida en sentido contrario a lo que ordena la ley, para favorecerlo, o no perjudicarlo. 
 
En consecuencia, evidentemente los aportes que en materia de hospitalidad, entretenimiento, obsequios, donaciones, atenciones gastronómicas o viajes haga una sociedad en beneficio de un servidor público que tiene a su cargo un asunto de su interés, podrían ser constitutivos del delito de cohecho por dar u ofrecer, si el servidor público es local y si conllevan alguno de los reprochables propósitos mencionados, como podría ser constitutivo del delito de soborno transnacional, si el servidor público es del exterior, como quiera que la precedente descripción del contenido de la conducta del delito de cohecho por dar u ofrecer, coincide plenamente con la descripción de la conducta del delito de soborno transnacional, con la única obvia diferencia de que en este caso el servidor público es extranjero.  

Corolario de lo anterior es que una regla, clara sencilla y que atenúa sensiblemente el riesgo de que los administradores de la sociedad incurran en cohecho por dar u ofrecer, o en soborno transnacional, será aquella que diga: “En ningún caso se autorizarán gastos en materia de hospitalidad, entretenimiento, obsequios, donaciones, atenciones gastronómicas o viajes en beneficio de un servidor público que tenga a su cargo un asunto de interés para la sociedad.”.   No obstante, habrá quien internamente se oponga a esta rigurosa regla diciendo: ¿eso significa que no podemos regalarle ni siquiera un cuaderno y un esfero de plástico con los logos de la empresa? ¿eso significa que no podemos ofrecerle ni siquiera un almuerzo corriente?.

Evidentemente, para que la regla sea viable, habrá que atenuarla, precisando que los gastos podrán hacerse con una justificación previa, hasta por ciertos límites en su calidad, cuantía y lugar, con la autorización previa y expresa de determinada instancia interna, con la condición de que posteriormente se presenten los soportes correspondientes, etc.  En estas reglas ha de quedar inmerso un supuesto esencial: tales atenciones por su calidad, cuantía y lugar, no deben estar en capacidad de mover la voluntad de su destinatario.
De otro lado, es necesario advertir que cuando la norma dice que el sujeto obligado debe regular lo relativo a la hospitalidad, entretenimiento, obsequios, donaciones, atenciones gastronómicas y viajes en beneficio de las “personas naturales o jurídicas con las que se relacione”, está advirtiendo que estos beneficios también deben regularse cuando se dirigen a sus contrapartes contractuales y no solamente a los servidores públicos.  

Al respecto téngase en cuenta que en la descripción de corrupción local que trae el Capítulo IX de la Circular en cita, se incluyen las conductas de tipo penal consagradas en la Ley 1474 de 2011 y de todas ellas, baste extraer para los propósitos del presente análisis, el delito de corrupción privada.

Comete delito de corrupción privada (Art. 250A C.P.) el que ofrece a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, cualquier beneficio no justificado, para que le favorezca a él o a un tercero, en perjuicio de aquella. El mismo delito comete el directivo, administrador, empleado o asesor que haya aceptado recibir el beneficio no justificado.

Nuevamente: los aportes que en materia de hospitalidad, entretenimiento, obsequios, donaciones, atenciones gastronómicas o viajes haga una sociedad en beneficio de directivos, administradores, empleados o asesores de una contraparte, o de una aspirante a contraparte, podría ser constitutivo del delito corrupción privada, si tiene el reprochable propósito mencionado. Baste un ejemplo: el administrador de una sociedad decide regalarle, con recursos de la sociedad, un viaje a Walt Disney World al miembro de la junta directiva de una contraparte, para que facilite que se le venda a su sociedad un predio propiedad de esa contraparte, a mitad del precio del mercado. El viaje a Walt Disney World será el beneficio no justificado y la parte del precio no recibido materializará el perjuicio para la contraparte.
    
Entonces, una regla, clara sencilla y que atenúa sensiblemente el riesgo de que los administradores incurran en el delito de corrupción privada, será aquella que diga: “En ningún caso se autorizarán gastos en materia de hospitalidad, entretenimiento, obsequios, donaciones, atenciones gastronómicas o viajes en beneficio de directivos, administradores, empleados o asesores de una contraparte, o de una aspirante a contraparte.”. Regla esta, que como se ha visto, habrá que atenuar.  

Pasando a los aportes a las campañas políticas, es necesario abordar en primer lugar el delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas del artículo 396A del Código Penal (Adicionado por el artículo 14 de la Ley 1864 de 2017), que para lo que concierne al presente análisis, radica, como su nombre lo indica, en aportar recursos provenientes de fuentes prohibidas por la ley a una campaña electoral. 
 
Y para saber cuáles son las fuentes prohibidas, el artículo 27 de la Ley 1475 de 2011 ofrece la respuesta: las que provengan de personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en el año anterior se hayan originado en más de un cincuenta por ciento de contratos o subsidios estatales; que administren recursos públicos o parafiscales, o que tengan licencias o permisos para explotar monopolios estatales o juegos de suerte y azar. 
 
En consecuencia, para atenuar el riesgo de que sus administradores incurran en el delito de aportes prohibidos a campañas electorales, aquellas sociedades cuyos ingresos en el año anterior se hayan originado en más de un cincuenta por ciento de contratos o subsidios estatales; que administren recursos públicos o parafiscales, o que tengan licencias o permisos para explotar monopolios estatales o juegos de suerte y azar, deben establecer una regla, esta vez sí infranqueable: “En esta  sociedad está prohibido por ley hacer aportes o donaciones a campañas electorales.”.

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Y aquellas empresas que si pueden hacer aportes a campañas electorales, deben tener en cuenta el artículo 396C del Código Penal (Adicionado por el artículo 16 de la Ley 1864 de 2017) que consagra el delito de omisión de información del aportante, el cual consiste precisamente en no informar sobre los aportes realizados a las campañas electorales.  “El que no informe de sus aportes …”, dice la norma en cita.

A su turno la Resolución 10753 del 5 de noviembre de 2025 del Consejo Nacional Electoral en su artículo 19 dice que los partidos deben presentar informes de los ingresos y gastos de sus campañas electorales al Consejo Nacional Electoral. No existe la obligación de hacer reporte a cargo de los donantes al CNE. Según la resolución, los ingresos deben estar respaldados, entre otros, por los siguientes documentos: comprobante de ingreso; acta de donación en la que se debe indicar la proveniencia de los recursos, acta de la junta directiva en la que se autoriza expresamente la donación y el monto; RUT de la empresa y cédula del representante legal y comprobante de la correspondiente transferencia electrónica. 
 
En consecuencia, para atenuar el riesgo de que sus administradores resulten involucrados en el delito de marras, la sociedad donante debe establecer una regla como la siguiente: “Toda donación a una campaña electoral debe estar respaldada por los siguientes documentos: comprobante de ingreso; acta de donación en la que se debe indicar la proveniencia de los recursos, acta de la junta directiva en la que se autoriza expresamente la donación y el monto y comprobante de la correspondiente transferencia electrónica. Adicionalmente, deberá conservarse constancia de entrega de los citados documentos, con fecha, hora, lugar y firma y número de cédula de ciudadanía del representante legal de la campaña.”.  

Esta última constancia tiene vital importancia por la siguiente razón: de conformidad con la citada Resolución 10753, como viene de verse, el reporte de la donación ante el Consejo Nacional Electoral no lo hace la sociedad donante, sino la campaña receptora. En consecuencia, si este Consejo detecta una donación no reportada, pondrá el evento en conocimiento de la fiscalía, la cual llamará al representante legal de la sociedad donante para que explique la omisión. El representante legal tendrá gracias al texto de la Resolución 10753 y gracias a esta constancia, una respuesta del todo válida: “Señor fiscal, de conformidad con la Resolución 10753 del Consejo Nacional Electoral, los informes de ingresos y gastos de las campañas electorales deben hacerlos las propias campañas electorales. No las sociedades donantes. No puede la sociedad que represento responder por la omisión de la campaña receptora. No obstante, presento constancia de recibido de los documentos exigidos por Resolución 10753, con fecha, hora, lugar y firma y número de cédula de ciudadanía del representante legal de la campaña, los cuales contienen la información que era pertinente para el reporte a cargo de la campaña.”.  

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En este punto cabe una tangencial pero relevante digresión: aun en el evento de que la sociedad donante no tenga constancia de recibido de los documentos exigidos por Resolución 10753 por parte de la campaña, o aun cuando estos no existan, los administradores de la sociedad donante no podrán ser condenados por el delito de omisión de información del aportante, por la potísima razón de que, como se ha dicho, el deber de información ante el CNE - conforme el texto literal del  artículo 396C del Código Penal y de la Resolución 10753- recae únicamente sobre la campaña y no sobre la donante.  

Y, de similar manera, aunque la campaña halla omitido informar al CNE acerca de la donación, los administradores de la campaña tampoco podrán ser condenados por el delito de omisión de información, por la potísima razón de que, como se ha dicho, el delito debe haberlo cometido el aportante.  

En consecuencia, este es un curioso delito que será imposible ejecución en tanto el CNE mantenga el deber de informe en cabeza de la campaña y no de las donantes. Dicho más claro: una cosa dice el tipo penal y otra muy distinta la norma del CNE. No encajan. En todo caso, es recomendable que el representante legal de la sociedad donante, para evitarse momentos amargos en la fiscalía, tenga siempre a la mano constancia de recibido de los documentos exigidos por Resolución 10753, con fecha, hora, lugar y firma y número de cédula de ciudadanía del representante legal de la campaña. 
 
Finalmente ha de recordarse que según lo exigido por la Superintendencia, al interior de la política de donaciones debe diseñarse un formato de apertura del trámite, establecerse el protocolo que debe surtir la propuesta de donación, definir el área responsable de realizar la debida diligencia sobre la correspondiente campaña y aprobar la donación, precisar los mecanismos de desembolso, definir controles y los medios de seguimiento a su ejecución y establecer sanciones que se deriven de malas prácticas.    

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INFOLAFT
PREGUNTA

La circular advierte sobre el llamado paper compliance, es decir, políticas que existen en el papel, pero no se aplican en la realidad de la empresa. En su trabajo de consultoría, ¿qué señales le indican que una política anticorrupción no está funcionando?

Existen numerosas señales que indican que una política anticorrupción no está funcionando, entre otras, las siguientes: el manual ha sido elaborado por la IA, o se ha copiado del manual de otra empresa y no se le han hecho los ajustes para adecuarlo a la naturaleza propia de la sociedad; la matriz de riesgo contiene eventos de riesgo y por consiguiente controles, que no guardan armonía con los flujos de proceso propios; la segmentación de los factores de riesgo es engorrosa y no cumple el propósito de definir niveles de riesgo y de control; la junta directiva no ordena acciones concretas en atención a los informes del oficial de cumplimiento, del revisor fiscal y de la auditoría interna; la administración alude el cumplimiento de las reglas consagradas en el manual y consiente su incumplimiento por parte de los empleados, privilegia en sus decisiones el beneficio financiero por encima del cumplimiento normativo y elude el deber de capacitar a los empleados; el representante legal no admite que la administración de los riesgos recae sobre todo el personal de la organización de acuerdo con sus niveles de responsabilidad, sino que pone toda la carga sobre el oficial de cumplimiento, pero al mismo tiempo no le garantiza su independencia; el oficial de cumplimiento no cuenta con un equipo humano de respaldo, ni con soporte tecnológico y no recauda información actualizada sobre tipologías. De esta “lista de chequeo” no debe admitirse ni siquiera un positivo.

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INFOLAFT
PREGUNTA

¿Qué papel deben asumir la junta directiva y la alta gerencia para que estas políticas se cumplan en la práctica?

Para que estas políticas se cumplan en la práctica, es necesario que en la sociedad se generen compromisos incluso desde la asamblea general de accionistas. Al respecto debe tenerse presente que, a la asamblea general de accionistas, de una parte, le corresponde elegir a la junta directiva y, de otra parte, sufre directamente no solo el impacto de las multas institucionales, por medio del negativo efecto financiero que ellas generan en el Estado de Resultados o PyG y por ende en sus dividendos, sino que también tienen el riesgo de sufrir el impacto de la pérdida del total de su participación en el capital, por vía de la acción de extinción de dominio (Ley 1708 de 2014), como consecuencia de actos realizados autónomamente por los administradores.

En consecuencia, para atenuar estos riesgos, la asamblea general de accionistas debe ser muy cuidadosa al momento de hacer la elección de los miembros de la junta directiva. En la junta directiva, en primer lugar, debe garantizar la participación de al menos un miembro independiente, esto es, que no tenga vínculos comerciales, familiares, ni de control con los mismos accionistas, a efecto de que promueva decisiones igualmente independientes, que ponderen el cumplimiento normativo sobre el beneficio económico. 

Lea tambien Protección de datos en la Circular Externa 100-000020

Adicionalmente, la asamblea debe propugnar porque se elija por lo menos una persona que sea experta en administración de riesgos, exigir que, en el informe anual de la administración, se incluya un capítulo sobre el estado del sistema de administración de riesgos, e instruir a los directores para que exijan al representante legal que al, momento de elegir a los administradores, aplique rigurosos cedazos éticos.   

A su turno, la junta directiva debe garantizarse un soporte jurídico eficiente, bien porque alguno de los miembros tenga formación en derecho, o bien porque su secretario, o el vicepresidente jurídico presten el respaldo correspondiente con miras a tomar decisiones seguras. Baste tener presente que la simple decisión de patrocinar una campaña electoral puede hacer incurrir a los directores de un casino en el delito de financiación de campañas con fuentes prohibidas.  

Adicionalmente, la junta directiva debe tener respaldo en lo que tiene que ver con la toma de decisiones desde el punto de vista financiero, a efecto de tener claros, por ejemplo, algo tan obvio como los precios de mercado de sus activos. Baste tener presente que la simple decisión de vender un activo a determinado precio, puede convertirse en una circunstancia relevante dentro de la investigación de un delito de corrupción privada, como se destaca atrás. 

En consecuencia, debe haber un contador, un tesorero, o un vicepresidente financiero, que ilustren el sentido financiero de las decisiones que toma la junta directiva.   

En el escenario propio del antilaftcost, la junta no debe tener un simple papel pasivo, limitándose a tomar decisiones frente a los informes que recibe del revisor fiscal, del auditor interno y del oficial de cumplimiento, lo cual si bien es muy importante, no puede ser lo único, ni lo más relevante, como quiera que debe tener un papel verdaderamente activo, exigiendo el cumplimiento de las reglas consagradas en el manual y sanciones condignas por su desatención y también exigiéndole a la administración que haga responsable del sistema a todo el personal de la organización.  

Y a la alta gerencia lo principal que le corresponde es respaldar plenamente al oficial de cumplimiento, de palabra y acción, escucharlo sin intermediarios y ser el ejemplo vivo ante toda la organización del cumplimiento pleno de las reglas consagradas en el manual, bajo el entendido de que a partir del momento en que el infrinja una de ellas, o permita que se infrinja, el sistema de administración de riesgos antilaftcost de su empresa se tornará en mero paper compliance.

*Daniel Jiménez. Consultor experto en Sarlaft y PTEE.  Profesor de derecho penal financiero y empresarial de la maestría en derecho económico de la universidad Javeriana. Es autor de El delito de exportación ficticia (Universidad Externado), La culpa en el derecho sancionador (Universidad de los Andes) y Delitos económico-financieros (Universidad Javeriana), y redactó para UNODC la Guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la República de Panamá. Es abogado y magíster en Derecho Penal del Externado y magíster en Derecho de los Andes.

En Infolaft informamos, formamos y creamos tecnología para que empresas, entidades públicas y organismos internacionales en Colombia y América Latina gestionen sus riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación, corrupción y soborno transnacional.

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