El presunto fraude cometido por la empresa mexicana Oceanografía para acceder a créditos con el banco Banamex deja varias enseñanzas para las entidades del sector financiero.

 

¿Por qué se habla del caso Oceanografía?

El 11 de febrero de 2014 la Secretaría de la Función Pública de México emitió la Circular OIC-PEP-AR-18.575. 005/2014 por medio de la cual comunicó ‘‘a las Dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona moral Oceanografía, S.A. de C.V’’.

Oceanografía S.A. de C.V. es una empresa mexicana con más de cuarenta años de experiencia en la industria petrolera que, de acuerdo con su página de Internet, ofrece servicios integrales de ingeniería, buceo, instalación, inspección y mantenimiento de estructuras marinas, servicios de apoyo a perforación, logística de materiales, transporte de personal, así como inspección, instalación y construcción de ductos submarinos.

Vale la pena resaltar que la decisión de la Secretaría de la Función Pública se dio por una solicitud del Órgano Interno de Control de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex).

La mencionada Circular señaló que las instituciones del Estado mexicano ‘‘deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno con dicha empresa, por encontrarse inhabilitada por el plazo de un año nueve meses y doce días’’. Dicha decisión se tomó por aparentes fraudes cometidos por Oceanografía para obtener créditos del Banco Nacional de México (Banamex).

El supuesto fraude habría consistido en la presentación de cuentas por cobrar falsas por parte de Oceanografía a Banamex para apalancar créditos. Las cuentas por cobrar hacían referencia a servicios supuestamente prestados a Pemex.

Tras la sanción emitida por la Secretaría de la Función Pública, Banamex inició junto a Pemex una ‘‘revisión detallada del financiamiento otorgado a Oceanografía y del programa de cuentas por cobrar durante los últimos años’’. Producto de esa revisión Pemex informó a Banamex el 20 de febrero que muchas de las cuentas por cobrar por medio de las cuales Oceanografía apalancó créditos ante Banamex eran fraudulentas.

El 27 de febrero de 2014 el Ministerio Público mexicano determinó el aseguramiento de la empresa Oceanografía y transfirió el 2 de marzo su administración al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Ante la gravedad de los hallazgos el Citigroup, cuya filial en México es Banamex, por medio de un comunicado fechado el 28 de febrero, anunció un ajuste a la baja de sus resultados financieros producto ‘‘de un fraude recientemente descubierto en perjuicio de Banamex’’.

De acuerdo con la información dada a conocer por Citigroup a través del citado comunicado, el Banco Nacional de México (Banamex) registraba en sus libros al 31 de diciembre de 2013 ‘‘financiamiento de corto plazo por aproximadamente U$585 millones de dólares a Oceanografía S.A. de C.V. (Oceanografía), una empresa mexicana que ha sido proveedor importante de servicios a Pemex’’.

Tras la revisión se pudo establecer que de los U$585 millones de dólares en créditos, solamente unos U$185 millones estarían sustentados en cuentas por cobrar legítimas; en consecuencia, los otros U$400 millones se habrían respaldado por las cuentas falsas.

En ese momento Michael Corbat, director general de Citigroup, afirmó que ‘‘puedo asegurarles que los responsables de perpetrar estos delitos pagarán por ello, lo mismo que cualquier empleado del Banco que haya participado directa o indirectamente; que haya permitido, supervisado con laxitud o mostrado falta de control, en abierta violación a nuestro Código de Conducta. Todos serán igualmente responsables por sus actos y nos aseguraremos de que su castigo sirva como un claro ejemplo respecto de las consecuencias de los mismos’’.

 

Avance en la investigación

Después de conocerse el escándalo, la Procuraduría General de México (entidad similar a la Fiscalía de Colombia) abrió una investigación para esclarecer el presunto fraude. Por medio de un comunicado del 23 de marzo dicha entidad informó que decidió girar una orden de localización y presentación en contra de Amado Yañez Osuna, accionista mayoritario de Oceanografía.

Yañez Osuna compareció por voluntad propia, tras lo cual la Procuraduría solicitó el arraigo domiciliario del sindicado, una medida de detención provisional por un período de 40 días ‘‘a fin de allegarse de mayores pruebas y elementos que deriven en una probable consignación en contra de los responsables del presunto fraude’’.

Por otra parte, el 9 de abril de 2014 y en medio de una rueda de prensa, el procurador Jesús Murillo descartó la participación de funcionarios de Pemex en el fraude: ‘‘la Procuraduría tiene constancias de un fraude que le comete una empresa a un banco, falsificando documentos que tienen que ver con Pemex, pero que por fortuna, cuando se los presentaron a Pemex, Pemex dijo que eran documentos falsos y en consecuencia no tuvo una afectación Pemex, esa es la realidad’’.

Ya hacia finales de mayo el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el D.F. ordenó la captura de Amado Yañez Osuna ‘‘por su participación en la comisión de delitos que se investigan en el caso de la empresa Oceanografía S.A., particularmente en los previstos en la Ley de Instituciones de Crédito’’. La orden del juez fue ejecutada el 29 de mayo.

 

Presunta responsabilidad de funcionarios bancarios

El procurador Murillo señaló el 20 de junio ante el Senado de México que hasta esa fecha las diligencias realizadas habían permitido determinar con precisión que la operación consistió en que ‘‘un empresario privado y un banco (…) presentaron documentos falsos, en los que se pretendía involucrar a una empresa pública que, por fortuna, a tiempo pudo determinarlo y evitó cualquier quebranto de esta naturaleza’’.

El alto funcionario también reveló que ‘‘algunas operaciones de crédito efectuadas entre Banamex y Oceanografía se sustentaron y validaron, en 2013, con base en documentos que no se ajustaron a los lineamientos del protocolo mínimo de seguridad para el otorgamiento de créditos. En la investigación se proyectó la participación tanto de funcionarios de Banamex como de Oceanografía’’.

De acuerdo con la mencionada exposición, los delitos cometidos serían los previstos en el artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito y ‘‘consisten en lo siguiente: respecto a los funcionarios y empleados del banco, por haber intervenido directamente en la autorización y realización de operaciones, a sabiendas de que estas resultarían por lo menos delictivas. Respecto a Amado Yáñez por haber desviado un crédito concedido a un fin distinto (…)’’.

 

Presuntas irregularidades en contratos

De acuerdo con un informe publicado el 6 de marzo por el diario El Universal de México, Pemex ignoró varias alertas lanzadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acerca de presuntas irregularidades en la ejecución de ocho contratos con la empresa Oceanografía.

Según el diario, ‘‘la historia de irregularidades de Oceanografía no es nueva. Desde la revisión de la Cuenta Pública de 2005, la ASF identificó diversas anomalías en los contratos otorgados por Pemex a esta firma. Sin embargo, a la paraestatal no pareció importarle, pues cada año continúo concediéndole contratos millonarios.

Uno de los contratos con aparentes irregularidades fue el 418235843. Infolaft tuvo acceso al Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2006, donde se denota que la ASF observó que hubo aparentes irregularidades que tuvieron lugar ‘‘(…) sin que la entidad fiscalizada haya exigido su cumplimiento o, en su caso, haya rescindido administrativamente el contrato, en infracción a los artículos 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, 124 y 127, fracción XI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas’’.

Al finalizar su análisis señaló que ‘‘en otros contratos similares y referentes al fletamento de embarcaciones, la entidad fiscalizada estipuló cláusulas de penalizaciones en el caso de incumplimiento de la entrega de los reportes finales; sin embargo, en el contrato arriba señalado no se estipularon. Con lo anterior, la entidad fiscalizada no garantizó el cumplimiento del total de las obligaciones a cargo del proveedor’’.