Imagen editada por Infolaft | 10 de noviembre de 2026
La intervención de Ueno Bank y la destitución de Santiago Peña abrieron en Paraguay una investigación por corrupción que podría extenderse a otras jurisdicciones. Cómo funciona la recuperación de activos en el exterior y qué deben revisar las entidades colombianas.
Antecedentes del caso
Paraguay, un país relativamente tranquilo en una región convulsa, lleva una semana en el ojo del huracán. El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank, una entidad con cerca de tres millones de clientes en un país de menos de siete millones de habitantes. El directorio del BCP votó por unanimidad someter al banco a un procedimiento de resolución, tras comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo legal.
.El 6 de noviembre, el Congreso destituyó a Santiago Peña en juicio político, después de rechazarle la renuncia que había presentado la víspera. Peña fue socio del Grupo Vázquez, dueño de Ueno, y se le acusa de haber favorecido al banco desde el gobierno: decisiones regulatorias a su medida, depósitos de fondos públicos (entre ellos los del Instituto de Previsión Social), una conversión exprés de financiera a banco y nombramientos de personas cercanas al grupo en los organismos de supervisión. El propio presidente del BCP, Carlos Carvallo, había presidido antes la Financiera Ueno. A eso se suman créditos millonarios a empresas vinculadas al Grupo Vázquez, presuntamente sin garantías reales. Seis directivos del banco están hoy en prisión y Peña, sin fuero, quedó en manos de la justicia.
Con un banco intervenido y un expresidente bajo investigación, y cerca de tres millones de personas reclamando por su dinero la pregunta que interesa al sector de cumplimento: si parte de ese dinero salió del país, ¿cómo se recupera los activos de la corrupción que están en otras jurisdicciones?
La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la recuperación de activos ilícitos de la corrupción en el exterior.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se firmó en Mérida, México, en diciembre de 2003. Con ella, un Estado puede identificar, embargar, decomisar y repatriar los activos de la corrupción que están en otras jurisdicciones. Paraguay la aprobó mediante la Ley 2535 de 2005.
Esto le permite usar la cooperación judicial internacional para rastrear los activos, pedir medidas cautelares en el exterior y lograr que el dinero regrese. Lo difícil viene ahora: los fiscales paraguayos tendrán que construir casos sólidos que demuestren de dónde salió el dinero y adónde fue. Uno de los destinos posibles es Luxemburgo, donde se constituyó U Holdings, la sociedad que controla Ueno Bank. Es un país con experiencia en embargos internacionales y en devolución de activos.
Seguir el rastro del dinero toma tiempo. Mientras tanto, ya se conocen los nombres de personas y sociedades investigadas, y las entidades pueden verificar si alguna tiene relación con sus clientes. Si encuentran operaciones sin justificación, corresponde enviar un reporte de operación sospechosa (ROS) a la UIAF.
Un buen ROS puede llegar a Paraguay. La UIAF y la Seprelad, su homóloga paraguaya, son miembros del Grupo Egmont y pueden intercambiar información de manera fácil y ágil. La Fiscalía de Paraguay, por su parte, ya pidió a la Seprelad informes financieros y societarios de los directivos investigados.
Por último, las entidades colombianas deben tratar como PEP extranjeros a Santiago Peña y a sus familiares y asociados cercanos. en Colombia, la condición de PEP se mantiene dos años después de dejar el cargo (Decreto 830 de 2021).
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