Según la norma Sarlaft, para medir el riesgo las entidades deben establecer y aplicar metodologías de evaluación de la posibilidad de ocurrencia de los riesgos de LA/FT, así como su impacto. Pero, como ocurre con la identificación, las normas que regulan esta etapa tampoco resultan esclarecedoras porque no aterrizan el concepto. Justamente por ello es importante utilizar información como la contenida en los estados financieros.

 

Si los oficiales de cumplimiento se enfocan únicamente en los postulados de la regulación o si se dedican únicamente a investigar el origen de los fondos que se canalizan a través de la empresa existe la eventual contingencia de que los mecanismos de medición se queden cortos. Por ejemplo, en ambos casos no se tendría en cuenta la contabilidad, la cual aporta una información necesaria para tener el panorama completo.

Los oficiales de cumplimiento deben garantizar que los ingresos que llegan a la compañía son lícitos, para lo cual emplean mecanismos preestablecidos de medición sobre los ingresos operacionales (como es el procedimiento de conocimiento del cliente). Sin embargo, ha sido notorio que en muchas empresas existen montos de ingresos no operacionales relevantes que se escapan de los sistemas de cumplimiento y que son evidentes en el estado de resultados de la contabilidad propia.

La sugerencia es advertir si este fenómeno ocurre y, en caso afirmativo, proceder a realizar un análisis exhaustivo de este tipo de ingresos que podrían comportar algún riesgo. 

En el otro extremo, en lo que se refiere a los estados financieros de las contrapartes, el estado de resultados muestra de forma sistemática y pormenorizada la forma como se obtuvieron los resultados del ejercicio, lo que permite verificar que la actividad que dice tener la contraparte realmente corresponde con su realidad. Por ejemplo, podría ocurrir que un proveedor asegure ser floricultor pero sus ingresos provengan en su mayoría de la compra y venta de tierras.

De igual forma, es menester estudiar los balances generales que al reflejar la situación económica y financiera de una empresa permiten mirar los activos fijos, que son otra vía simple para constatar si los negocios que la contraparte aduce tener corresponden a la verdad.

Adicionalmente, en este estado financiero se encuentran los rubros correspondientes a caja y a bancos que dan cuenta de si la organización maneja los recursos a través del sistema financiero y el volumen de sus transacciones en efectivo; y por último, muestra la situación del patrimonio que evidencia cuáles son los aportes de los asociados como punto de partida para determinar si su origen es lícito o no.

 

Otros documentos relevantes para la medición

Una de las preguntas más repetidas en todos los equipos de cumplimiento es cómo lograr conocer a quienes son los socios o accionistas de una empresa contraparte. Si bien estos datos no siempre son de fácil consecución, existen varios mecanismos alternativos que arrojan una información fiable: las actas de las asambleas, en las que se detalla este tipo de datos, o la averiguación de quiénes reciben dividendo, que es el rubro que le corresponde a cada asociado por su inversión luego del ejercicio.

De igual manera, es importante revisar el contenido del certificado de existencia y representación legal que expiden las cámaras de comercio, que sirve para verificar quiénes son los representantes legales y sus facultades, si la sociedad está debidamente constituida y su objeto social, entre otros. Esta información viabiliza la verificación de lo dicho por la contraparte, es indicadora de que no existe la señal de alerta de una sociedad indebidamente constituida y esclarece cuáles son las facultades de un representante legal con el que se adelanta o se quiere adelantar un negocio.

Finalmente, el Registro Único Tributario (RUT), cuando se solicita completo (generalmente solo se pide su página principal), es conveniente porque también enseña la lista de socios, la junta directiva, el contador, el revisor fiscal y el objeto social, así como las normas de lavado de activos que sean aplicables, por ejemplo, cuando el sujeto declara que su actividad está llamada a implementar sistemas antilavado (como los usuarios aduaneros).

 

Gráfico infolaft