Designan a cuatro funcionarios del gobierno venezolano bajo la ley de capos del narcotráfico
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), designó el pasado jueves 8 de septiembre a cuatro funcionarios del gobierno venezolano bajo la ley de capos del narcotráfico (Kingpin act).
De acuerdo con el comunicado de prensa del Departamento del Tesoro, los funcionarios venezolanos fueron designados por actuar a favor o en nombre de las FARC, al proveer apoyo directo en sus actividades de tráfico de narcóticos y armas. Según el director de la OFAC, la designación de los cuatro funcionarios los expone como facilitadores de las operaciones de las FARC en Venezuela. De la misma forma, señaló que esa entidad continuará apuntando agresivamente las estructuras de las FARC en Venezuela.
Como consecuencia de lo anterior, fueron designadas las siguientes personas:
- Amílcar Jesús Figueroa Salazar. De acuerdo con la OFAC, Figueroa es el enlace principal de las FARC para el tráfico de armas.
- Cliver Antonio Alcalá Cordones. Según la OFAC, este mayor general del ejercito venezolano es la persona encargada de establecer rutas para el tráfico de armas y narcóticos de las FARC.
- Freddy Alirio Bernal Rosales. La OFAC señala a este congresista por el Partido Socialista Unido de Venezuela y ex alcalde del Municipio Libertador de Caracas como facilitador en la venta de armas entre las FARC y Venezuela.
- Ramón Isidro Madriz Moreno. Es un agente clave del servicio de inteligencia de Venezuela (SEBIN) que de acuerdo con la OFAC ha coordinado la seguridad de las FARC en Venezuela.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló a las FARC como organización terrorista en 1997 y como terroristas globales especialmente designados de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224 en el 2001. Finalmente, fueron designados en el 2003 como grupo narcotraficante extranjero de conformidad con la ley de capos del narcotráfico (Kingpin Act).
Las sanciones por violar la Kingpin Act pueden ir desde sanciones pecuniarias hasta 1.075 millones de dólares, así como sanciones penales. La sanción para directivos de empresas puede ser penas de prisión de 30 años y multas hasta por 5 millones de dólares. Las multas para las empresas pueden ser hasta por 10 millones de dólares.
