Imagen Infolaft | 20 de noviembre de 2026
Dos estudios publicados en 2025 alertaron sobre el avance de los mercados ilícitos en Colombia y sobre el debilitamiento del Estado para enfrentarlos. El primero, el Índice Global de Crimen Organizado, de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, que situó a Colombia como el tercer país con mayor nivel de criminalidad del mundo (mercados y actores criminales) con 7,43 sobre 10. Solo la superaron México y Myanmar.
El segundo, el Basel AML Index, del Instituto de Gobernanza de Basilea, mide el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo de cada país a partir de la solidez de sus marcos legales e institucionales. En su medición más reciente, Colombia obtuvo 5,05 sobre 10, su peor registro en catorce años, después de un deterioro sostenido desde 2018.
Con los flujos ilícitos en aumento y un Estado con menos capacidad para combatirlos, Abelardo de la Espriella prometió en su discurso de posesión «atacar las finanzas ilícitas con inteligencia artificial y un nuevo modelo de coordinación interinstitucional».
Desde entonces, el Gobierno ha hecho virales las capturas de cabecillas de organizaciones criminales y sus extradiciones, en línea con su política de mano dura. También ha dejado ver su estrategia contra los flujos ilícitos en dos iniciativas: la ley de sometimiento, Ley 2640 de 2026, y el proyecto de Ley de estatuto antiterrorista, que está a punto de radicarse en el Congreso de la República.
¿Qué dice la ley de sometimiento?
El Congreso aprobó el pasado 4 de noviembre la Ley 2640 de 2026, conocida como ley de sometimiento. Los integrantes de grupos armados ilegales y organizaciones terroristas que se sometan a la justicia podrán obtener rebajas de pena de entre el 30 % y el 50 %, según el rol que hayan tenido en la organización. A cambio, tendrán que entregar las armas y los bienes, y aportar información que ayude a esclarecer la verdad. El mecanismo sustituye la Paz Total del Gobierno anterior y elimina la posibilidad de una negociación política.
El artículo 66A fija las condiciones para el tratamiento penal diferenciado. En materia de finanzas ilícitas, quienes se sometan deberán:
Cesar toda actividad ilícita, incluida la explotación ilícita de yacimientos mineros y las afectaciones a la población civil, y entregar la maquinaria, los insumos y los demás bienes utilizados en ella.
Comprometerse con el desmantelamiento de la organización y entregar la información de que dispongan sobre su estructura, su modo de operación y su área de influencia, sus fuentes de financiación, rutas, bienes y economías ilícitas.
Informar sobre las redes de apoyo que hayan facilitado su actuación, incluidas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que les hayan prestado colaboración y financiación.
Colaborar de manera eficaz con la justicia y aportar verdad plena, lo que implica un relato exhaustivo, detallado y veraz de las conductas en que participaron o de las que tengan conocimiento, con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, y con sus autores, partícipes, financiadores y beneficiarios.
La ley prevé además un tratamiento para los colaboradores de los actores armados ilegales o terroristas que hayan participado en delitos de lavado de activos, testaferrato o enriquecimiento ilícito.
Transcurridos seis años de ejecución de la pena, estos colaboradores pueden obtener su suspensión condicional si entregan la totalidad de los bienes producto de las acciones ilícitas, incluidos los que estén a nombre de terceros, con un inventario verificado y aprobado por la Fiscalía; si colaboran eficazmente sobre la red de financiación, lavado de activos y testaferrato, y si cumplen medidas verificables de justicia restaurativa. Quien haya tenido un rol de mando en el componente financiero del actor armado ilegal o terrorista no podrá acceder a ese tratamiento y será tratado como integrante, según su rol.

Sobre el destino de los bienes, el artículo 12D, de Transformación Territorial Integral (TTI), ordena a la SAE priorizar los inmuebles rurales objeto de extinción de dominio para dos fines: implementar esas transformaciones y ampliar y fortalecer las colonias agrícolas previstas en la Ley 65 de 1993.
La prioridad será para las víctimas y las comunidades afectadas por el actor armado del que provienen los bienes, en especial en los municipios donde operaba. La SAE deberá presentar un informe semestral al Ministerio de Justicia y del Derecho y a las Comisiones Primeras del Congreso, con la información desagregada por departamento y municipio.
El reto de la ley estará en la verificación. Normas anteriores, como la Ley 1908 de 2018, y varios procesos de paz incluyeron disposiciones parecidas. El gran desafío para el Estado colombiano es que las entidades encargadas del rastreo e identificación de los activos ilícitos tendrán que comprobar que quienes se acojan a la ley entregaron la totalidad de sus bienes y que se trata de bienes de alto valor, capaces de garantizar la reparación de las víctimas.
El Gobierno tendrá que pensar en un mecanismo que identifique la calidad de los activos con dos propósitos: desarticular definitivamente la financiación del actor armado ilegal y reparar a las víctimas en las colonias agrícolas que se crearán con los bienes que lleguen a la SAE.
El proyecto de estatuto antiterrorista
El proyecto de ley, en su versión de trabajo de septiembre de 2026, busca fortalecer la capacidad del Estado para perseguir las finanzas del terrorismo y las economías ilícitas que lo sostienen. Para eso crea el Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, a cargo del Consejo de Seguridad Nacional y con una instancia técnica en la que participan, entre otros, la Fiscalía, los ministerios de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores, y la UIAF. Una organización o una persona puede quedar incluida por tres vías, mediante un acto administrativo:
La incorporación automática de las listas del Consejo de Seguridad de la ONU.
La recepción cualificada de designaciones extranjeras (de Estados Unidos, de la Unión Europea o de otros Estados que fije el Gobierno por decreto).
La designación autónoma nacional.
El registro es público y gratuito, se consulta en una herramienta que dispondrá el Ministerio de Defensa, y su consulta es obligatoria en los procedimientos de debida diligencia y de gestión del riesgo de LA/FT de las entidades de los sistemas financiero, cambiario, bursátil y asegurador, de los notarios, de las oficinas de registro y de quienes se dedican profesionalmente al comercio exterior. Las inclusiones se revisan al menos cada seis meses y pueden demandarse ante el Consejo de Estado.
Estar en el registro tiene efectos patrimoniales inmediatos:
La Autoridad de Sanciones Financieras Dirigidas, adscrita a la UIAF, debe congelar en 24 horas los fondos, activos y billeteras virtuales de las personas y organizaciones listadas.
El congelamiento queda sujeto a control judicial dentro de las 72 horas siguientes, y el afectado conserva el acceso a recursos básicos de subsistencia y de defensa.
La misma autoridad puede sancionar a quienes hagan operaciones con personas listadas o incumplan los deberes de consulta, congelamiento y reporte. También puede suspender la personería jurídica, los contratos y las cuentas de entidades que sirvan de fachada, con la obligación de pedir su disolución ante un juez.
La inclusión inhabilita para contratar con el Estado, y esa inhabilidad se extiende a las empresas controladas por la persona listada.
Una acción de aprehensión preventiva abreviada, independiente de la extinción de dominio, permite actuar sobre los bienes de los listados y sus testaferros cuando el patrimonio resulte desproporcionado. El afectado debe probar el origen lícito de los bienes, y la SAE los administra mientras se decide.
Si una organización entra en un proceso de sometimiento, los efectos de la inclusión pueden suspenderse.
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El proyecto también regula dos rutas de financiación de las organizaciones terroristas. Para el oro y los demás minerales estratégicos crea un Sistema Nacional de Trazabilidad con estos elementos:
Un registro único de mineros, plantas de beneficio, comercializadoras, fundidoras, exportadoras y transportadores.
Un comprobante digital de origen por lote.
Una guía electrónica de transporte.
Un cotejo automático entre los volúmenes declarados y la capacidad de producción de cada título, con reporte de las desviaciones a la UIAF y a la Fiscalía.
Se presume de origen ilícito el mineral que circule sin certificado de origen, salvo prueba en contrario, y su entrada o salida del país desde 10.000 dólares debe declararse ante la aduana.
Para los activos virtuales, los proveedores de servicios que operen en Colombia necesitarán licencia, conforme a la Recomendación 15 del GAFI, y quedarán sujetos a debida diligencia, a la regla de viaje, al reporte de operaciones sospechosas a la UIAF y al congelamiento inmediato que ordene la nueva autoridad. El Gobierno pide facultades extraordinarias por seis meses para reglamentar la aprehensión preventiva y el régimen de licencias.
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Este proyecto de ley se inspira en el modelo de Estados Unidos. Como allá, habrá una lista pública de terroristas que bancos y notarías tendrán que consultar, y una entidad parecida a la OFAC que congelará su dinero: la Autoridad de Sanciones Financieras Dirigidas, que dependerá de la UIAF. De Europa toma un control más estricto de los jueces sobre quién entra en la lista. Para los oficiales de cumplimiento, esto significa una lista más que consultar y un sistema que tendrán que conocer a fondo. Adicionalmente, quienes trabajan con oro, comercio exterior o activos virtuales tendrán nuevas obligaciones de trazabilidad, licencia y reporte.
Colombia vuelve al Grupo Egmont
Otra de las noticias más relevantes durante los primeros 100 días del nuevo gobierno tiene que ver con el regreso de Colombia al Grupo Egmont, la red que reúne a las unidades de inteligencia financiera del mundo. En entrevista con Blu Radio, Alberto Lozano Vila, presidente de Infolaft y director de la UIAF entre 2003 y 2006, afirmó que con la desconexión el país perdió sobre todo la confianza y el trabajo de muchos años para mostrarse como un Estado que maneja la inteligencia con reserva y con controles.
Según Lozano, el regreso le devuelve velocidad a la UIAF, que ahora puede preguntarle a una unidad extranjera de quién es un apartamento en Panamá, una sociedad en las Bahamas o con qué tarjeta se compró un dron, consultas que por correspondencia entre fiscalías tardarían meses.
El regreso también trae compromisos pendientes con el GAFI, como el de congelar sin demora los fondos de terroristas internacionales, un tema que aborda el proyecto de estatuto antiterrorista.
Hay, además, otra medida en camino contra los flujos ilícitos: el ministro de Justicia y del Derecho ha mencionado en varios escenarios una reforma del Código de Extinción de Dominio (Ley 1708 de 2014), aunque aún no se conoce su contenido.
Las superintendencias tampoco se han pronunciado sobre las implicaciones que tendría la aprobación del proyecto antiterrorista para los supervisados. Si el Congreso lo aprueba, los sujetos obligados tendrán que ajustar el SARLAFT, el SAGRILAFT y los demás sistemas sectoriales en al menos tres frentes.
El primero, la inclusión del Registro Nacional entre las listas de consulta obligatoria, tanto al vincular contrapartes como al hacerles seguimiento. El segundo, la definición de procedimientos para aplicar sin demora los congelamientos que ordene la Autoridad de Sanciones Financieras Dirigidas y reportarlos, porque el proyecto prevé sanciones administrativas para quien incumpla esas obligaciones. El tercero es revisar la matriz para incluir los riesgos que trae la nueva ley: que la empresa sea utilizada para prestar apoyo material a una organización listada o que alguno de sus clientes, proveedores o aliados le sirva de fachada para financiarse.
Artículo elaborado por Infolaft, corregido con IA
En Infolaft informamos, formamos y creamos tecnología para que empresas, entidades públicas y organismos internacionales en Colombia y América Latina gestionen sus riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación, corrupción y soborno transnacional.