El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y el Ministerio de Justicia, Sérgio Moro, publicaron el Decreto 9.663 de 2019, que modifica el Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf), la agencia antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (LA/FT) de Brasil. Además de pasar la entidad del Ministerio de Finanzas al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la nueva norma también reformó su estructura y le otorgó mayores poderes.

Adicionalmente, el decreto creó dos nuevos organismos al interior del consejo: la Junta de Inteligencia Financiera y la Junta de Supervisión.

La junta de inteligencia financiera es responsable, a partir de ahora, del análisis de las transacciones sospechosas reportadas por las entidades obligadas a prevenir el LA/FT. Antiguamente, esta tarea estaba a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Coaf. A su vez, la Junta de Supervisión será responsable de supervisar y hacer cumplir las obligaciones de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como de proponer nuevas normas y supervisar los procesos administrativos de sanción.

Una de las novedades contenidas en la modificación institucional es que el Coaf ahora puede celebrar acuerdos de cooperación técnica con entidades públicas y privadas con fines de ampliar las fuentes de información sobre activos y jurisdicciones. Asimismo, la entidad también recibió facultades para compartir información confidencial sin autorización judicial a las agencias gubernamentales como el Banco Central, Comisión de Bolsa y Valores, Superintendencia de Seguros Privados, la Oficina del Fiscal General del Tesoro Nacional, el Servicio de Ingresos Federales Brasileño, La Agencia de Inteligencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Policía Federal, la Superintendencia Nacional de Pensiones Complementarias y el Ministerio de Transparencia.

Finalmente, el decreto también estableció nuevas reglas y garantías para el proceso administrativo de sanción relacionado con los delitos previstos en la Ley ALA/CFT.

En el país estas modificaciones han generado un debate. Mientras algunos defienden los nuevos poderes otorgados al Coaf argumentando que permitirán un mejor desempeño de sus funciones debido a la mayor velocidad de las investigaciones y la integración de las instituciones, otros advierten sobre los riesgos relacionados con la centralización del poder y la amenaza de los derechos fundamentales, especialmente aquellos relacionados con el secreto bancario y el secreto fiscal protegidos por la Constitución brasileña y el Código de Procedimiento Penal.

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