Presidente electo, nombre usted un buen director de la UIAF

Bogotá, agosto 4 de 2026

Respetado doctor Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia:

Parto de la base de que usted no conoce la UIAF a fondo —nadie fuera del gremio decumplimiento la conoce— y que en esto, como en tantas otras entidades técnicas, depende de lo que le cuenten sus colaboradores. Es posible que ya sepa algunas de las cosas que van a continuación; si es así, mejor, y le pido disculpas por la obviedad. Si no, aquí van.

Espero que sus asesores le hayan contado ya lo esencial: el nombramiento no es delegable. El artículo 2 de la Ley 526 de 1999 es tajante —el Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero será nombrado por el Presidente de la República—. No hay terna, no hay concurso, no hay ministro que se lo proponga en firme. Usted, personalmente, decide quién dirige la inteligencia financiera de Colombia.

Ojalá le cuenten también, en la misma conversación, la letra pequeña de ese poder: la UIAF no trabaja para usted directamente, aunque buscará cumplir con todos sus objetivos en materia de lucha anticorrupción y destrucción de finanzas ilícitas. La misión de la entidad es únicamente «intervención del Estado con el fin de detectar prácticas asociadas con el lavado de activos». Es una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no a la Presidencia, y la información que recauda está sujeta a reserva por mandato del artículo 9 de la Ley 526 de 1999, modificado por la Ley 1621 de 2013 —la ley de inteligencia—. Esa reserva no la levanta el Presidente de la República; solo se exceptúa ante solicitud de las fiscalías con funciones legales expresas para investigar lavado de activos, financiación del terrorismo o procesos de extinción de dominio, y aun ellas quedan obligadas a mantenerla. Usted nombra a quien dirige la Unidad. No decide qué hace la Unidad con lo que sabe, y no tiene, por ley, acceso automático a lo que la Unidad averigua sobre nadie —ni siquiera sobre sus propios funcionarios—.

Ojalá el canciller designado Bula le cuente que Colombia lleva treinta años construyendo un sistema antilavado que no empieza ni termina en la UIAF: la Convención de Viena de 1988, la de Palermo de 2000 y la de Mérida de 2003 son la columna vertebral de compromisos internacionales que el país suscribió mucho antes de que existiera la Unidad, y que hoy la obligan. La UIAF no es un invento colombiano, es un estándar. 

Ojalá el próximo ministro de Justicia, Iván Cancino, le cuente que existe la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos —la CCICLA— creada por el Decreto 950 de 1995 y reorganizada por el Decreto 3420 de 2004, que él mismo preside por ley junto con otros cuatro miembros permanentes: los ministros de Hacienda y de Defensa, el Fiscal General de la Nación y el Director del Departamento Administrativo de Seguridad. Ojalá se lo cuente completo, con dos datos que no admiten adorno. El primero: ese último asiento está vacío desde hace catorce años, porque el DAS fue suprimido en 2011 y nadie ha actualizado la norma para reemplazarlo. El segundo: la misma norma obliga a la Comisión a reunirse por lo menos cada cuatro meses —tres veces al año, como mínimo legal—, y en la práctica, según la propia UIAF, apenas ha llegado a su sesión número cuarenta y tres en treinta y un años de existencia: una vez al año, no tres. Sumando la Comisión y los cuatro comités operativos que la apoyan, la arquitectura antilavado del Estado colombiano moviliza formalmente a 28 entidades distintas que siguen vigentes. Es una maquinaria grande y dispersa, con al menos una pieza que ya no existe y un motor que gira a un tercio de su velocidad legal.

Ojalá su equipo de Planeación Nacional le cuente del CONPES 4042 de 2021, la hoja de ruta oficial —vigente hasta este mismo 2026— para fortalecer el sistema antilavado del país. Y ojalá se lo cuente completo: que la UIAF lidera directamente 33 de las 66 acciones del Plan de Acción y Seguimiento que acompaña ese documento, y que, a cuatro años de su puesta en marcha, solo ha ejecutado el 25% de esas 33 acciones. Una hoja de ruta con un año de vigencia restante y una cuarta parte del camino recorrido no es una política que su gobierno hereda funcionando; es una que hereda por rehacer.

Ojalá el Superintendente de Industria y Comercio entrante, cuando se entere de lo que pasó en este gobierno que está por terminar, le cuente la contradicción en la que tuvieron atrapado a todo el sistema antilavado. Por un lado, la ley obliga a las entidades financieras y a las empresas sujetas a SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE a hacer debida diligencia sobre sus contrapartes, sus socios y sus directivos —so pena de sanciones administrativas y, en el peor de los casos, de extinción de dominio—. Por el otro, la SIC, en su función de autoridad de protección de datos, le ha cerrado el paso a esas mismas empresas para consultar de forma automatizada la información judicial y policial que está, por lo demás, publicada en internet y en las páginas oficiales. La Superintendencia confirmó hace poco una sanción superior a $190 millones contra una empresa proveedora de listas para prevención de LA/FT —el monto es lo de menos: lo grave es el efecto sobre toda la industria, porque desde entonces nadie en el Estado colombiano se ha atrevido a decir con claridad si usar herramientas automatizadas —y, más todavía, inteligencia artificial— para hacer debida diligencia es lícito o no bajo el SARLAFT, el SAGRILAFT y el PTEE. No permitir la innovación en el cumplimiento es destruir el sistema volviéndolo inoperante: ¿cómo hace una empresa con cien mil contrapartes para mantener actualizada, de forma manual, la debida diligencia de cada una de ellas, de sus socios y de sus directivos?

Ojalá la Fiscalía le cuente lo que la UIAF no es. No es una entidad de inteligencia como las demás: no captura, no interroga, no negocia con delincuentes, no sanciona, no hace operaciones encubiertas, no intercepta comunicaciones, no paga informantes. Sus únicas armas son los datos y la inteligencia pura —cerebro y modelos—. La Ley 1621 de 2013 la define como organismo de inteligencia, sí, pero uno cuyo único producto es información: la UIAF le comunica a la Fiscalía un riesgo latente de lavado de activos o financiación del terrorismo, y la Fiscalía usa esa comunicación como criterio orientador, nunca como prueba. La policía judicial recoge las pruebas; la UIAF nunca las toca. Es, por diseño legal, la entidad más silenciosa y más discreta del aparato de seguridad del Estado. Quien la dirija tiene que entender que su trabajo no se mide en capturas ni en titulares, sino en información que otros usan para actuar. 

Y ojalá el nuevo director sea, precisamente, eso: discreto. Que sepa qué es SARLAFT, qué es SAGRILAFT y qué es PTEE, y que entienda que hoy esos dos últimos ya no existen como sistemas separados —desde julio de este año, la Circular Externa 100-000020 de la Superintendencia de Sociedades los unificó en un solo Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST—. Que sea analítico, buen líder y buen negociador, porque va a tener que coordinar con dieciséis sectores reportantes, con la Fiscalía, con el GAFILAT y con sus pares del Grupo Egmont, todo al mismo tiempo y casi siempre en reserva.

Cinco retos, no uno

Este cargo, en la coyuntura de agosto de 2026, no es un cargo cualquiera. Tiene cinco retos concretos, y ninguno admite improvisación:

1.Trabajar de la mano de las autoridades norteamericanas, como fue costumbre antes de que la relación se deteriorara. Esto incluye a OFAC y a la DEA, que tienen recursos y profundo conocimiento de nuestro país, y se complementa con la cooperación de decenas de grupos especiales o de tarea binacionales.

2. Recuperar el estatus ante el Grupo Egmont La suspensión de 2024, tras la filtración no autorizada de información sobre el software Pegasus, viene implementando un plan de mejoramiento y pago de cuota al día; no sabemos cuándo se tome la decisión ni las condiciones que se impongan.

3. Liderar el fortalecimiento normativo e institucional que exigen los estándares nuevos del GAFI y los viejos que Colombia todavía no cumple - las recomendaciones 10, 12 y 24 siguen pendientes de la Cuarta Ronda de evaluación, y la Quinta Ronda del GAFILAT ya se prepara para 2028.

4. Producir mejores y más casos para la Fiscalía General de la Nación. La inteligencia financiera que no se convierte en investigación judicial es un ejercicio de archivo, no de prevención.

5. Ganarse la confianza de los miles de profesionales de cumplimiento que reportan operaciones sospechosas todos los días sin ver jamás el fruto de su trabajo. Ese es, quizás, el reto más difícil de los cinco: reconstruir la fe de quien reporta en que su reporte sirve para algo.

El clasificado que debería publicar la UIAF

Imagino que ya debe tener candidatos y que es un tema que ha tratado con el Vicepresidente y el Ministro de Hacienda y Crédito Público, pero me parece interesante este ejercicio. Si el Estado colombiano anunciara este cargo como lo que realmente es, el aviso en la sección de empleos diría algo así:

                                      _{Imagen ilustrativa ficticia hecha con IA}

¿Dónde buscar candidatos? No creo que haya que ir a las otras agencias de inteligencia, pues es un perfil más técnico y financiero; tampoco recomiendo buscar entre los políticos de carrera o sus operadores. Más bien, háblese con los gremios, que tienen en las empresas que los conforman expertos en este tipo de riesgos y miles de oficiales de cumplimiento, impolutos y con altos estándares técnicos y éticos.

Deseándole muchos éxitos en su labor,

Respetuosamente,

Alberto Lozano Vila

Exdirector de la UIAF 2003-2006

Director de la Revista Infolaft

Experto internacional

Infolaft, empresa líder en la región en prevención del LA/FT/FPADM, cuenta con Infolaft Search, herramienta web de consulta de listas que le permite verificar a sus contrapartes y cumplir con las obligaciones del PTEP, entre otras normas. Más de 7.800 fuentes de información.