Descripción general:
Este caso ha estado bajo la lupa desde que el 21 diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la firma brasileña había pagado sobornos en más de 11 países de América Latina. Para entender cómo llegó a convertirse en uno de los casos mas emblemáticos de corrupción que se ha destapado hasta el momento en el país, es necesario analizarlo en perspectiva.
En esta ocasión, Infolaft decidió observar este polémico caso bajo un enfoque pedagógico, para establecer cómo se debió investigar y determinar si hubiera podido ser prevenido.
En primer lugar, es importante tener una metodología de investigación que logre revelar y obtener toda la información necesaria de cada caso. En Infolaft recomendamos una metodología que se basa en analizar los casos teniendo en cuenta la cronología de estos, los vínculos, los documentos y los detalles financieros, todos investigados bajo un marco legal vigente, para posteriormente desarrollar un informe completo que permita tomar decisiones que beneficien a la empresa.
Teniendo en cuenta el ámbito cronológico, la primera revelación sobre los sobornos de la empresa brasileña en el país llegó en 2016 cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que, a través de procesos de licitación, Odebrecht habría entregado más de 11 millones de dólares en contratos entre 2009 y 2014. Esto encendió las alertas tanto en Colombia como en toda Latinoamérica y abrió paso a una cacería de contratos y funcionarios involucrados en dichos sobornos.
Pero antes de esto es importante mencionar que el escándalo inició en 2014 cuando el exdirector de refinación de Petrobras, Paulo Costa, explicó a la justicia brasilera que entre 2004 y 2012 las más grandes constructoras del país (Odebrecht, entre ellas) habían pagado millonarias coimas a directivos de Petrobras y a más de 50 políticos de diferentes partidos políticos en Brasil.
A pesar de que esto hubiera sucedido en otro país, esta declaración debió encender alertas en Colombia teniendo en cuenta la presencia de Petrobras en nuestro país.
Con base en lo anterior, aunque la multinacional entró a Colombia en 1992, solo hasta 2015 la empresa dejó de pasar desapercibida. En ese año el Banco Mundial recibió una alerta de Néstor Franco, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), quien advertía que estaba inquieto por la licitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de El Salitre, donde Odebrecht participaba.
Esta alerta llegó al Banco Mundial debido a que, en ese entonces, había prestado 430 millones de dólares para esta obra y exigía una transparencia total al entregarla.
Por otro lado, y también antes de que se destapara el escándalo latinoamericano, el país obtuvo otra señal de alerta: la SuperSociedades impuso una multa de $70 millones a Odebrecht por incumplir las nuevas normas contables. Dicha multa debió haber alertado a las autoridades de que algo andaba mal con la constructora brasileña.
El superintendente Francisco Reyes recordó que para ese momento Odebrecht entregó algunos datos requeridos pero de forma parcial, lo que no alivió su situación ante la SuperSociedades.
Aún así, el escándalo en Colombia inició el 13 de enero de 2017, cuando, gracias a un acuerdo de colaboración con los miembros de la constructora brasileña y la fiscalía, se encontró y capturó al primer implicado en los sobornos de Odebrecht, el exviceministro de transporte, Gabriel García Morales quién, según las investigaciones, no solo recibió US$6.5 millones de la firma brasileña en 2009, sino que además adjudicó el contrato de $5 billones de la Ruta del Sol II a Odebrecht.
García aceptó los cargos e inmediatamente encendió los ventiladores que darían paso a varias capturas y la vinculación de varios funcionarios más con esta red de sobornos en el país.
Teniendo claros estos hechos cronológicos, es posible dar inicio a un análisis de vínculos, donde cada declaración reveló la relación y participación de varios funcionarios públicos colombianos en la red de sobornos de la empresa brasilera.
Para esto, es importante recordar que existen dos clases de vínculos: aquellos que son aparentes como los familiares, societarios y laborales, y los no aparentes, o más difíciles de relacionar como los sociales (amistad, sentimentales…), jurídicos (contratos, poderes, etc.) y transaccionales.
Teniendo en cuenta el ámbito cronológico, la primera revelación sobre los sobornos de la empresa brasileña en el país llegó en 2016 cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que, a través de procesos de licitación, Odebrecht habría entregado más de 11 millones de dólares en contratos entre 2009 y 2014. Esto encendió las alertas tanto en Colombia como en toda Latinoamérica y abrió paso a una cacería de contratos y funcionarios involucrados en dichos sobornos.
Pero antes de esto es importante mencionar que el escándalo inició en 2014 cuando el exdirector de refinación de Petrobras, Paulo Costa, explicó a la justicia brasilera que entre 2004 y 2012 las más grandes constructoras del país (Odebrecht, entre ellas) habían pagado millonarias coimas a directivos de Petrobras y a más de 50 políticos de diferentes partidos políticos en Brasil.
A pesar de que esto hubiera sucedido en otro país, esta declaración debió encender alertas en Colombia teniendo en cuenta la presencia de Petrobras en nuestro país.
Con base en lo anterior, aunque la multinacional entró a Colombia en 1992, solo hasta 2015 la empresa dejó de pasar desapercibida. En ese año el Banco Mundial recibió una alerta de Néstor Franco, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), quien advertía que estaba inquieto por la licitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de El Salitre, donde Odebrecht participaba.
Esta alerta llegó al Banco Mundial debido a que, en ese entonces, había prestado 430 millones de dólares para esta obra y exigía una transparencia total al entregarla.
Por otro lado, y también antes de que se destapara el escándalo latinoamericano, el país obtuvo otra señal de alerta: la SuperSociedades impuso una multa de $70 millones a Odebrecht por incumplir las nuevas normas contables. Dicha multa debió haber alertado a las autoridades de que algo andaba mal con la constructora brasileña.
El superintendente Francisco Reyes recordó que para ese momento Odebrecht entregó algunos datos requeridos pero de forma parcial, lo que no alivió su situación ante la SuperSociedades.
Aún así, el escándalo en Colombia inició el 13 de enero de 2017, cuando, gracias a un acuerdo de colaboración con los miembros de la constructora brasileña y la fiscalía, se encontró y capturó al primer implicado en los sobornos de Odebrecht, el exviceministro de transporte, Gabriel García Morales quién, según las investigaciones, no solo recibió US$6.5 millones de la firma brasileña en 2009, sino que además adjudicó el contrato de $5 billones de la Ruta del Sol II a Odebrecht.
García aceptó los cargos e inmediatamente encendió los ventiladores que darían paso a varias capturas y la vinculación de varios funcionarios más con esta red de sobornos en el país.
Teniendo claros estos hechos cronológicos, es posible dar inicio a un análisis de vínculos, donde cada declaración reveló la relación y participación de varios funcionarios públicos colombianos en la red de sobornos de la empresa brasilera.
Para esto, es importante recordar que existen dos clases de vínculos: aquellos que son aparentes como los familiares, societarios y laborales, y los no aparentes, o más difíciles de relacionar como los sociales (amistad, sentimentales…), jurídicos (contratos, poderes, etc.) y transaccionales.