Hace ya casi dos años fue emitido el Conpes 3793 de 2013, el cual formula una política pública para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia. ¿Qué tan avanzadas están las tareas allí impuestas a las entidades del Estado?

 

El Conpes antilavado, emitido el 18 de diciembre de 2013, reconoció fallas en el sistema nacional contra el LA/FT y propuso algunas acciones para solucionarlas, las cuales quedaron en cabeza de distintas entidades del Estado.

En este sentido, infolaft conoció un documento del Departamento Nacional de Planeación (DNP) que contiene los avances de esta política pública, el cual fue expuesto en la pasada sesión de la Comisión de Coordinación Interinstitucional de lucha Contra el Lavado de Activos (Ccicla).

Según el DNP, el Conpes ‘‘presenta un avance satisfactorio de acuerdo con el cronograma’’ y ‘‘a la fecha de corte se cuenta con 26 recomendaciones cumplidas’’ de un total de 27. El DNP observa que la única actividad que se encuentra ‘‘vencida’’ es la que pide a varias entidades poner en funcionamiento un centro de coordinación contra las finanzas de las organizaciones terroristas y la delincuencia trasnacional ‘‘como instancia o sistema de coordinación interinstitucional frente al tema’’.

No obstante, las entidades que debían cumplir la anterior tarea solicitaron a la Ccicla que dicha tarea sea eliminada debido a que en su momento no tuvo en cuenta la entrada en vigencia de la ley de inteligencia (ley 1621 de 2013), la cual ya permite a las entidades compartir información para perseguir los dineros de los grupos terroristas.

Por considerarlo de interés, infolaft hace a continuación un recuento de las solicitudes más importantes y de las acciones que se han tomado para cumplirlas.

 

Más dientes para superintendencias

La tarea 5.1 del Conpes solicitó al Ministerio de Justicia definir un medio normativo para otorgar mayores facultades de supervisión y sanción específicas en ALA/CFT a las entidades supervisoras. Según el DNP, en la actualidad el Ministerio tiene ‘‘un borrador de propuesta normativa para otorgar a las Superintendencias mejores facultades de supervisión y sanción en aspectos de LA/FT’’.

Esta tarea se complementa con la 10.1, la cual le solicitó a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) presentar a la Ccicla un informe que explique cuáles son las entidades que ‘‘requieren ser dotadas con mayores facultades de supervisión y sanción específicas en ALA/CFT’’.

El DNP asegura en su informe que la Uiaf ‘‘elaboró un informe en el que se identificaron las entidades que requieren ser dotadas con mayores facultades de supervisión y sanción en asuntos antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT)’’, el cual fue presentado ante la Ccicla en su primera sesión del año 2015.

Si bien no hay confirmación respecto a qué entidades tendrían que ser dotadas con estas mayores facultades ya que infolaft no pudo acceder al informe citado por el DNP, lo cierto es que esas entidades tendrían que ser la Supertransporte (que cambió su equipo de supervisión después de la salida del superintendente Durán), la Supersolidaria (que no ha emitido una sola sanción), la Supersociedades (que hasta ahora inicia con esta tarea) y la Supernotariado (que tampoco ha sancionado y solo revisa el Siplaft cuando la Uiaf le hace llamados).

Vale decir que este importante tema, el de otorgar mayores facultades, se está discutiendo en unos encuentros denominados mesas de supervisores, en los que se exponen los problemas más comunes que tienen las superintendencias para combatir el LA/FT en sus respectivos sectores y se plantean posibles soluciones.

 

El nuevo observatorio antilavado

Una de las tareas solicitadas a la Uiaf consiste en diseñar e implementar un Observatorio del Sistema Antilavado de Activos. Esto ya fue cumplido, toda vez que hace varios meses la Unidad firmó un convenio de asociación con la Universidad del Rosario para implementarlo.

El observatorio, que comenzó a funcionar hace varios meses, sistematiza y consolida las sentencias de lavado de activos proferidas por la Corte Suprema de Justicia, y los Tribunales Superiores de Bogotá, Medellín, Pereira, Armenia, Cali, Buga, Pasto, Manizales, Ibagué, Popayán, San Andrés y Cundinamarca. También se encuentran las sentencias de extinción de dominio proferidas por el Tribunal Superior de Bogotá entre los años 2012 y 2013.

Según se ha anunciado, el Observatorio también publicará estadísticas y estudios con la participación de varias entidades, tanto públicas como privadas.

El observatorio puede ser visitado a través del siguiente enlace: http://www.urosario.edu.co/observatorio-de-lavado-de-activos/inicio/

 

Mapas de riesgo por sectores

La Uiaf debía ‘‘liderar la elaboración de mapas de riesgo de ALA/CFT en los sectores correspondientes a las entidades adscritas a los Ministerios que ejerzan funciones de inspección, vigilancia y control y respecto de sus sujetos vigilados para entregarlos a Ccicla’’. Es decir, en los sectores financiero, real, de transporte, de vigilancia, cooperativo y de giros postales, entre otros.

Para cumplir con esto, la Uiaf participó en un evento que se denominó la V Mesa Técnica de Entidades de Supervisión en Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, donde entregó pautas y recomendaciones para que las superintendencias pudieran elaborar ellas mismas los mapas de riesgo de sus sectores.

Este encuentro fue organizado por el Ministerio de Justicia y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés).

 

Estrategia cultural antilavado

El Ministerio de Justicia también debe diseñar y poner en marcha una estrategia educativa y cultural ALA/CFT de mediano y largo plazo dirigida a la ciudadanía en general. Esto, según lo solicitado por la tarea 7.1 del Conpes.

La cartera de justicia, de acuerdo con lo expuesto en el documento de seguimiento del DNP, ya elaboró un documento borrador que contiene el diseño de la estrategia nacional educativa y cultural ALA/CFT de mediano y largo plazo dirigida a la ciudadanía en general.

También se dio a conocer que el Ministerio ya dio inicio al desarrollo de la estrategia usando medios de comunicación como televisión, radio y redes sociales e Internet, dirigida a varios segmentos de la población, tanto públicos como privados.