El acuerdo logrado por los negociadores del Gobierno y las Farc hace algunos días sobre el punto tres de la agenda tendrá un impacto muy significativo en el sistema de prevención LA/FT colombiano, de concretarse la firma del fin del conflicto interno. Además, es muy interesante notar que fueron acogidas muchas de las propuestas lanzadas por las Farc en un comunicado fechado el 6 de marzo y el cual fue analizado por infolaft en su edición 60.

 

Puntos clave sobre LA/FT

De acuerdo con un pronunciamiento realizado por Dag Nylander, mediador noruego en el proceso de paz, se acordó ‘‘la puesta en marcha de una nueva estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos, que incluye la identificación de la cadena de valor del narcotráfico mediante un proceso de mapeo del delito por parte de un grupo de expertos’’.

También se confirmó ‘‘la implementación de una nueva campaña nacional que promueva valores y alertas sobre nuevas modalidades de lavado y fomente la participación y capacidad ciudadana en el espíritu del punto dos del acuerdo general (participación política)’’.

Esta fue una propuesta de las Farc acogida en gran parte por la delegación del Gobierno, toda vez que en un comunicado dado a conocer el 6 de marzo esa agrupación ilegal manifestó la necesidad de que expertos de Unodc y Unasur realizaran un estudio sobre ‘‘(…) el estado actual del negocio del narcotráfico, que incluya su conformación estructural, su articulación con el proceso económico en su conjunto, en especial con la actividad financiera, (…) que permita identificar modalidades y rutas de blanqueo de dinero, así como a sus principales beneficiarios pasados y actuales, nacionales y extranjeros’’.

Pero tal vez lo más destacado de este acuerdo en materia de lucha contra el LA/FT sea el hecho de que se acordó ‘‘la formulación de un nuevo estatuto de prevención y lucha contra las finanzas ilícitas que permita, entre otros, adecuar, donde sea necesario, y definir y articular la normatividad referida a esta materia, la cualificación y el fortalecimiento, y donde sea necesario, el rediseño o creación de instancias de investigación, supervisión u control financiero y de lavado de activos’’.

En esa medida es previsible que algunas entidades del Estado, tales como superintendencias y cuerpos investigativos, así como organismos de autorregulación financiera sean fortalecidos e incluso reformados en razón de lo que ordene el mencionado estatuto de prevención y lucha contra las finanzas ilícitas.

 

También se luchará contra la corrupción

Uno de los puntos acordados indica que el Gobierno pondrá en marcha una ‘‘estrategia de política criminal, en forma paralela a la implementación de una estrategia integral de lucha contra la corrupción, que fortalezca y califique la presencia y efectividad institucional, y concentre sus capacidades en la investigación, judicialización y sanción de los delitos asociados a cualquier organización o agrupación criminal relacionados con la producción y comercialización de drogas ilícitas (…)’’.

Como complemento adicional se acordó que ‘‘en el marco de la estrategia de lucha integral contra la corrupción, se desarrollará una estrategia específica de lucha contra la corrupción asociada al narcotráfico sobre la base de recomendaciones de expertos que incluya el establecimiento de grupos interinstitucionales para atacar las distintas expresiones de la corrupción y sus responsables, y contribuir a mejorar el desempeño institucional’’.

Es válido en este punto recordar que otra de las propuestas lanzadas en el comunicado del 6 de marzo por las Farc hicieron fue la de determinar en qué medida el narcotráfico y el lavado de activos han penetrado al Estado y a sus instituciones, lo cual guardaría estrecha relación con casos de corrupción y recuerda, de paso, que el único delito fuente del lavado no es el tráfico de drogas.

 

¿Cómo se solucionará el problema de las drogas?

El Gobierno y las Farc reconocieron que ‘‘el cultivo, la producción y comercialización de las drogas ilícitas también han atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno’’, razón por la cual atacar este mal es de vital importancia para superar la violencia que lleva más de 50 años.

Uno de los acuerdos puntuales anunciados señala que ‘‘es necesario diseñar una visión que atienda las causas y consecuencias de este fenómeno [drogas ilícitas], especialmente presentando alternativas que conduzcan a mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito, que aborde el consumo con un enfoque de salud pública, y que intensifique la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, incluyendo actividades relacionadas como las finanzas ilícitas, el lavado de activos, el tráfico de precursores y la lucha contra la corrupción, desarticulando toda la cadena de valor del narcotráfico’’.

Esto concuerda con lo expresado en varios foros por Julián Wilches, director de Políticas contra las Drogas del Ministerio de Justicia, en el sentido que una buena política antidrogas ‘‘no es solo un asunto de qué tan duro le damos a los malos, sino cómo modificamos las condiciones para que cada vez haya menos malos’’.

Lo anterior cobra más validez si se tiene en cuenta que, según cifras del Ministerio de Justicia, en Colombia hay aproximadamente 300 mil personas dedicadas a cultivar coca, muchas de las cuales lo hacen de forma obligada debido a las amenazas de grupos armados al margen de la ley.

Finalmente, se conoció que los negociadores también ‘‘que el Gobierno Nacional revisará y establecerá estrictos controles sobre la producción, importación y comercialización de insumos y precursores químicos’’.