Según la Fiscalía General de la Nación, una empresa exportadora de oro en Medellín habría realizado falsas transacciones con habitantes de calle, personas fallecidas, taxistas y panaderos. Después de seguir el caso por tres años, las investigaciones de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos arrojaron que la empresa simuló operaciones por 1,3 billones de pesos.

De acuerdo con el ente acusador, dos hermanos y otros familiares crearon el 25 de marzo del 2010 la empresa Comercializadora Internacional S & JIL SAS, con el fin de lavar activos.

“Los peritos descubrieron que los proveedores de la Comercializadora Internacional resultaron ser empresas de papel, quienes reportaron que habían adquirido el oro a personas fallecidas, con cédulas no asignadas, canceladas, inexistentes, habitantes de calle, población vulnerable, obreros de construcción, panaderos, taxistas y agricultores”, explicó la Fiscalía en el informe entregado.

Así mismo, se presentaron casos en los que representantes de los proveedores de la falsa empresa habrían pagado o prometido empleos que nunca cumplieron a personas de escasos recursos para que tramitaran su Registro Único Tributario (RUT), se hicieran pasar por proveedores de oro de minas del Urabá antioqueño e, inclusive, de Cartagena (Bolívar) y simularan las transacciones comerciales.

“Cabe anotar que el 85 por ciento de las personas relacionadas en esos listados no tenían relación alguna con la actividad minera o la comercialización de oro mina, incluso muchos de ellos eran habitantes de la calle o población vulnerable, otros se ubicaron en barrios deprimidos de Medellín a quienes les habían pagado ($10.000 a $30.000) para que sacaran el RUT e indicaran que se dedicaban a actividades de minería”, indicó la Fiscalía ante un juez de control de garantías, durante la audiencia de imputación de cargos.

El ente acusador también relató que en el desarrollo de las audiencias, un funcionario de la Policía Nacional que actuaba como custodio apareció entre las personas que figuraban como los falsos proveedores de oro a una de las empresas fachada.

Ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se reportaron varias operaciones comerciales de manera directa con personas que para la fecha ya estaban muertas, no existían o tenían datos que no coincidían con las certificaciones expedidas por la Registraduría Nacional del Estado civil.

Según la Fiscalía, “420 personas entrevistadas sobre una muestra de 1.200 pertenecientes a un universo de 12.600 afirmaron nunca haber comercializado con oro en ninguna de sus formas y menos haber tenido relaciones comerciales con las sociedades investigadas”.

El ente acusador también descubrió que muchas de las empresas que figuraban como proveedoras de la Comercializadora Internacional quedaban en locales comerciales que al momento de la investigación estaban desocupados.

Algunos de ellos son: la sociedad Agencia de Inversiones y Finanzas Altair SAS, que registró como dirección comercial la carrera 46 No. 51ª – 26 interior 412, ubicada en el Centro Comercial San Andresito Principal de Medellín, pero se verificó que no funcionaba allí.

Lo mismo sucedió con las sociedades Sánchez Arroyabe Inversiones SAS y Sánchez A. Logística SAS, que registraron la misma dirección comercial (carrera 48 No. 51 – 10 del municipio de Segovia), donde para la fecha en que presuntamente desarrollaban su objeto social, funcionaba una sede del ICBF. “Al momento de la verificación, en febrero del 2013, se encontró un edificio de cinco pisos de apartamentos”, explicó el informe.

Por medio de la investigación también se logró verificar que algunos municipios reportados por la Comercializadora Internacional y las empresas fachadas, no eran productores del metal precioso, tales como Caramanta (Suroeste antioqueño), donde según sus reportes, en 2011 pagó a sus proveedores la suma de $616.650.522 por unos seis kilos de mineral procedente de este municipio.

Otros municipios con los que sucedieron situaciones similares fueron San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Chigorodó y Necoclí (Urabá antioqueño), así como en Cartagena (Bolívar).

Con base en las pruebas aportadas por la Fiscalía, el Juez de Control de Garantías de Medellín impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir en contra de cuatro personas, a quienes también consideró un obstáculo para la labor de la justicia, pues “al ordenarse un registro a la casa de una de estas personas por parte del fiscal del caso, se halló un cuaderno de la investigación, documento reservado y de manejo exclusivo de la Fiscalía Nacional de la Nación”.

Por los mismos delitos el juez impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en su casa a dos personas más, mientras que por lavado de activos y concierto para delinquir envió a su residencia a María Fabiola Jaramillo, Clara Dilia Torres Betancur y otras tres.

(Nota agregada de El Tiempo)