El tráfico de patrimonio cultural en el mundo es un lucrativo negocio que movería cada año el equivalente a 29 billones de pesos. Este delito, del que Colombia es víctima y sobre el cual todavía hay mucho desconocimiento, se torna complejo en la medida que guardaría estrecha relación con el tráfico trasnacional de droga y la financiación de actividades terroristas, dos de los flagelos que más han afectado al país en los años recientes. 

 

 

Por: Sergio Reyes Díaz

 

 

Se está perdiendo la historia

 

‘‘El patrimonio cultural no se nos puede perder porque no tendremos una historia que contarle a nuestros hijos. Y probablemente mucho menos a nuestros nietos’’. Esa es la respuesta que da la Teniente Jennifer Olarte, jefe del Grupo Investigativo de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Dijín, al ser preguntada por las consecuencias de un ilícito sobre el que todavía hay mucho desconocimiento en Colombia: el tráfico de patrimonio cultural. 

¿Pero qué es tráfico de patrimonio cultural? Según Juan Luís Isaza, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, »el tráfico de patrimonio cultural se refiere a la pérdida sistemática y creciente de los bienes culturales muebles que forman parte del patrimonio cultural, los cuales se han convertido en el objeto de negocios ilícitos que se nutren a partir de los hurtos, saqueos, vandalismo, comercio ilegal, excavaciones clandestinas (guaquería), falsificaciones de obras de arte u objetos arqueológicos, entre otros. Generalmente son comercializados en redes internacionales de comercio ilegal, amenazando la memoria colectiva de la Nación».

Y precisamente para combatir este ilícito fue que en 2007, por medio de la resolución 2057 de la Policía Nacional, se creó el grupo de la Dijín dirigido por la Teniente Jennifer Olarte, cuya función es investigar delitos contra todos los bienes culturales del Estado, entre los que se encuentran piezas arqueológicas, paleontológicas, arte sacro (religioso) y arte moderno. Actualmente dicho grupo está compuesto por apenas cinco personas, de las cuales cuatro son investigadores.

Entre los varios casos en los que ha participado, Olarte recuerda particularmente la incautación de 242 piezas paleontológicas en marzo de 2013 en el municipio de Villa de Leyva, Boyacá: ‘‘según lo que decían los comerciantes, de acuerdo al tamaño de la pieza eran vendidas entre 50, 60 y 80 000 pesos. Eran piezas hermosas que uno pensaba que era increíble encontrar en Colombia. Tenían entre 68 y 130 millones de años y se vendían así nada más’’. Las piezas eran un mamífero petrificado, troncos de plantas fosilizados y moldes externos de conchas de amonitas que datan del período Cretácico de la era Mesozoica, conocida como la era de los dinosaurios.

 

El delito no es delito

 

Carlos Gaitán, fiscal jefe de la Unidad Nacional de Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y las Telecomunicaciones, encargada de investigar los casos de tráfico de patrimonio cultural, reconoce que ‘‘en Colombia tenemos un problema y es que la tipificación que existe no es la que debería existir. Como no se le había dado la importancia debida a estos temas de patrimonio cultural, no existe actualmente un capítulo o un título del Código Penal donde se hable de protección de bienes culturales de la Nación’’. La Teniente Olarte concuerda con Gaitán al afirmar que ‘‘para nosotros es importante que haya como tal un código y una normatividad para que podamos realizar nuestras investigaciones y que estas personas puedan tener una condena (…), pero realmente todavía no existe’’.

Debido a lo anterior los casos detectados deben procesarse por delitos como el hurto, el daño en bien ajeno y la receptación, en los cuales la manipulación o destrucción de los bienes culturales se encuentra como una simple circunstancia de agravación.

 

Búnker Fiscalía. Foto por Prensa Fiscalía

 

La Unidad dirigida por Gaitán tiene 10 fiscales, de los cuales dos se dedican a casos ‘prioritarios’ (tales como la adulteración de medicamentos), otros dos fiscales se encargan de los procesos por falsificación de moneda y los cinco restantes a investigar delitos contra la propiedad intelectual. ‘‘Aquí en la unidad no tenemos un fiscal que se dedique solamente al tema de bienes culturales, sino que los cinco fiscales que tienen los delitos contra la propiedad intelectual conocen de esos temas’’.

Según Gaitán, el ‘‘tipo de tipificación que se viene presentando en el Código Penal ha llevado a que todavía no haya una evolución jurisprudencial del tema porque ha sido muy complicado obtener sentencias condenatorias’’. No obstante, anticipa que en la actualidad la Fiscalía adelanta 24 investigaciones por estos hechos, entre las cuales una de las más importantes es la presunta participación de una persona vinculada o cercana a un museo del norte de Bogotá que aprovecharía su posición social para comercializar piezas del patrimonio arqueológico.

 

El problema de la ‘guaquería’

 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española la acción de huaquear –popularmente conocida como ‘guaquear’– consiste en ‘‘buscar tesoros ocultos en huacas y realizar la excavación consiguiente para extraerlos’’. Pues bien, a pesar de que el artículo 72 de la Constitución Nacional señala que el patrimonio cultural ‘‘(…) y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles’’, la ‘guaquería’ es un fenómeno que sigue presente en muchas regiones de Colombia. ‘‘Hay campesinos que no ven la comercialización de estas piezas como un delito debido a que no conocen la normatividad vigente’’, señala la Teniente Jennifer Olarte.

Por su parte, Fabián Sanabria, director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), sostiene que ‘‘la ‘guaquería’ está generando (…) la circulación de estas piezas por el mundo, dando principio al proceso de deterioro del patrimonio arqueológico puesto que con ello se somete a condiciones inadecuadas de conservación o, peor aún, a su destrucción’’. Además agrega que lo peor del fenómeno de la ‘guaquería’ es que saca a las piezas de sus contextos arqueológicos y las despoja de su valor cultural.

Basta con recordar el caso de la explotación ilegal de patrimonio cultural realizado en 1992 en Palmira, Valle del Cauca. Según un informe del Museo del Oro del Banco de la República, ‘‘(…) un trabajador de la hacienda Malagana, en Palmira, encontró piezas prehispánicas de orfebrería. Este hallazgo desató una fiebre del oro; durante tres meses, más de cinco mil personas extrajeron de las tumbas máscaras de oro (…) y otros objetos. La guaquería destruyó para siempre el contexto y la posibilidad de reconstruir la historia’’.

 

Excavación ilegal en Palmira. Foto tomada de Banrepcultural

 

Para hacer frente a la amenaza Sanabria afirma que ‘‘es un imperativo reforzar el conocimiento respecto a la legislación que impide sacar piezas arqueológicas del país, además de poseer una colección privada y de comercializarlas en el exterior, con el fin de atenuar y acabar la actividad de la ‘guaquería’, principal abastecedor de estas actividades ilegales’’.

Pero el problema es que en muchas regiones de Colombia la denominada ‘guaquería’ es vista como una tradición y varias generaciones han vivido de ese trabajo, razón por la cual muchos ‘guaqueros’ no comprenden por qué de un momento a otro parte de su cultura de supervivencia es delito. Si bien ellos no están exentos de cumplir la ley, dichas prohibiciones deben ser objeto de una profunda socialización con las comunidades y no, como sí se ha vuelto tradición, aprobar normas que son conocidas en Bogotá pero ajenas a las áreas rurales.

 

Sede del Icanh. Foto por Imagen09

 

Un negociazo mundial

 

Edouard Planche, experto del Programa de Lucha contra el Tráfico Ilícito y Restitución de Bienes Culturales de la Unesco, manifiesta que si bien no se disponen de cifras precisas sobre la cantidad de dinero involucrado en el tráfico mundial ilícito del patrimonio cultural a causa del mismo hecho de su naturaleza ilícita, ‘‘sabemos que junto con el tráfico de drogas y armas, el mercado negro de bienes culturales constituye uno de los negocios ilegales más persistentes en el mundo. Algunos estudios indican que esta actividad movería entre 10 000 y 15 000 millones de dólares por año’’.

Planche cree que las ganancias que deja el saqueo de los sitios arqueológicos y el tráfico ilícito de objetos religiosos se dedica en parte a la financiación de actividades terroristas y también para el tráfico de drogas. Y cita algunos ejemplos: ‘‘en 2010 un avión con excavadoras ilegales de México aterrizó en Colorado (EE.UU.), llevaba 350 libras de marihuana proveniente de Chiapas y antigüedades precolombinas. En Guatemala y Belice han sido descubiertos aviones transportando cocaína y estelas mayas hacia Miami y otras ciudades de Estados Unidos’’.

 

Edouard Planche. Foto por OrealC/Unesco Santiago

 

‘‘El destino de los millones de ganancias provenientes del tráfico ilícito de bienes culturales está relacionado con la mafia internacional y también con las personas que actúan como intermediarios’’, indica Planche. Según investigaciones realizadas sobre el tráfico ilícito en el mundo, se estima que el 98 por ciento del precio del mercado final de un objeto queda en el bolsillo de los intermediarios. Adicionalmente, el experto señala que ‘‘se cree que desde la excavación ilegal hasta la venta final el valor de las más bellas obras (…) aumenta 100 veces, un crecimiento mayor que el de las drogas’’.

Por su parte Julien Anfruns, exdirector del Consejo Internacional de Museos (Icom por su sigla en inglés), afirma que ‘‘debido a la actual falta de estudios sobre el tema, la cantidad exacta que se negocia en el mercado no es cuantificable (…). Pero una cosa es segura, después de la intensificación de este fenómeno tras la Segunda Guerra Mundial podemos imaginar que este es uno de los negocios ilegales más importantes en el mundo’’.

 

Redes de tráfico de patrimonio cultural usarían rutas del narcotráfico

 

Anfruns sostiene que ‘‘los recientes éxitos en el descubrimiento y el desmantelamiento de las redes de contrabando de arte y patrimonio (…) parecen demostrar que el comercio ilegal es obra de grupos organizados’’. Además reconoce que los líderes de las redes a menudo se aprovechan de la pobreza de los lugareños para que sean ellos quienes extraigan las piezas para después comprárselas a precios irrisorios.

 

Julien Anfruns. Foto archivo particular

 

También existen sospechas, según Anfruns, acerca de que el tráfico ilícito de bienes culturales usa las mismas redes que otros mercados ilegales más conocidos, tales como las dedicadas a las armas y las drogas.

 

Zonas de riesgo en Colombia

 

De acuerdo con una georreferenciación elaborada por la Dijín, el hurto de piezas arqueológicas en Colombia ocurre mayoritariamente en Nariño, Valle del Cauca, Huila, Cundinamarca, Boyacá, Santander y Magdalena, mientras que el hurto y comercialización de piezas paleontológicas se presenta con mayor frecuencia en los departamentos de Caquetá, Huila, Cundinamarca y Boyacá.

Así mismo, el tráfico de obras de arte se concentraría en la ciudad de Bogotá donde hay peritos expertos que garantizan a los comerciantes ilícitos que dichos elementos son originales y no réplicas muy bien diseñadas.

 

¿Sabía que existe una lista roja de bienes culturales colombianos en peligro?

 

Cuando se habla de listas rojas se suele hacer referencia a las publicadas por Interpol respecto de los delincuentes más buscados del mundo. Pues bien, teniendo en cuenta el éxito de dichos listados, el Icom inició en el año 2000 la publicación de sus propias listas rojas, pero esta vez los protagonistas no eran peligrosos cabecillas, sino bienes culturales en peligro. Desde entonces se han emitido trece listas rojas que son distribuidas por todo el mundo a los cuerpos de policía, los funcionarios de aduanas y coleccionistas, entre otros profesionales interesados.

Según el Icom, ‘‘las listas rojas tienen como objetivo ayudar a identificar los tipos de elementos culturales que se encuentran en riesgo de ser exportados y vendidos ilegalmente. Estas listas han demostrado ser herramientas eficaces que han contribuido a la incautación y el retorno de miles de objetos culturales’’.

Debido a la riqueza del patrimonio cultural de Colombia y al alto riesgo al que está expuesto, en 2010 el Icom presentó oficialmente la lista roja de bienes culturales colombianos en peligro.

 

Lista roja bienes culturales colombianos

 

En total el Icom ha publicado trece listas que buscan proteger los bienes culturales de las civilizaciones persa, maya, azteca y egipcia, entre otras.

 

Nombre lista

Año publicación

Lista roja de objetos arqueológicos africanos

2000

Lista roja de bienes culturales latinoamericanos en peligro

2000

Lista roja de urgencia de antigüedades iraquíes en peligro

2003

Lista roja de antigüedades afganas en peligro

2006

Lista roja de antigüedades peruanas en peligro

2007

Lista roja de antigüedades camboyanas en peligro

2009

Lista roja de bienes culturales en peligro de Centroamérica y México

2009

Lista roja de emergencia de bienes culturales haitianos en peligro

2010

Lista roja de bienes culturales chinos en peligro

2010

Lista roja de bienes culturales colombianos en peligro

2010

Lista roja de urgencia de bienes culturales egipcios en peligro

2011

Lista roja de bienes culturales dominicanos en peligro

2013

Lista roja de urgencia de bienes culturales sirios en peligro

2013

 

Por otra parte, entre los bienes culturales colombianos en peligro se destacan las esculturas monolíticas en piedra, tales como las de San Agustín, Huila; pictografías de arte rupestre, cerámicas de barro cocido, momias recubiertas con telas o máscaras, fósiles y material vegetal o animal en proceso de petrificación, ornamentos de oro, pinturas, documentos, libros y mapas de los siglos XVI, XVII y XVIII; además de monedas de oro, plata, cobre y aleaciones marcadas con siglas del Nuevo Reino de Granada.

 

Colombia: un país muy vulnerable al tráfico de patrimonio cultural

 

Según Edouard Planche, si bien todas las culturas se ven afectadas por el tráfico ilícito de sus bienes culturales ‘‘algunas (…) son más vulnerables que otras debido a su riqueza en particular, a la falta de medidas para garantizar [la seguridad] de los sitios arqueológicos o debido a la especial situación de conflicto o postconflicto’’. El experto también destaca la pobreza y la falta de educación de las poblaciones locales, la inexistencia de inventarios, el bajo nivel de seguridad y de conciencia en las zonas fronterizas y la no emisión de una legislación adecuada en los países afectados.

Con él coincide Julien Anfruns, quien señala que el fenómeno se presenta debido ‘‘(…) al reto que impone la protección de los grandes sitios arqueológicos’’ y a que ‘‘muchos países no siempre tienen los medios necesarios para garantizar una protección adecuada. Hemos visto un aumento particular de estos lamentables hechos en los últimos años debido en parte a la inestabilidad política y a los conflictos militares que han tenido lugar en todo el mundo’’.

Teniendo en cuenta que Colombia tiene varias de las vulnerabilidades citadas, infolaft consultó a Fabián Sanabria respecto a si el Icanh cuenta con la infraestructura y el personal para cumplir con su tarea de cuidar el patrimonio, a lo que el funcionario respondió que ‘‘de acuerdo con las actividades realizadas por el grupo de arqueología, no se cuenta con los recursos suficientes para proteger de forma adecuada el patrimonio arqueológico colombiano’’.

 

¿A dónde van a parar las piezas colombianas y por qué son atractivas?

 

Juan Luís Isaza, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, indica que las piezas colombianas terminan generalmente como parte de colecciones privadas, debido a las características propias de los bienes y sus antecedentes, mientras que es difícil que lleguen a museos en razón de que las piezas adquiridas deben tener los documentos que avalen la procedencia. El Código de Deontología (tratado de deberes) del Icom para los museos del mundo entrega directrices para las adquisiciones de piezas y define la debida diligencia de los museos como ‘‘la exigencia de que se haga todo lo posible para (…) la identificación del origen y la historia de un elemento ofrecido para la adquisición’’.

Según Isaza, si bien no se cuenta  con cifras específicas, los bienes colombianos más afectados por el comercio ilegal son los del patrimonio arqueológico –los elaborados por el hombre, tales como esculturas y pinturas–, »el cual, paradójicamente, es el más protegido desde el punto de vista legal». Por su parte, el Icanh señala que de acuerdo con las subastas de piezas revisadas por su grupo de arqueología en los últimos años, los países en donde generalmente se encuentran piezas pertenecientes al patrimonio arqueológico colombiano son EE.UU. y Francia.

¿Pero por qué los bienes que hacen parte del patrimonio arqueológico colombiano son apetecidos en el exterior? Fabián Sanabria sostiene que los elementos que integran este patrimonio ‘‘se caracterizan por su amplia variedad, al estar compuestos por objetos de cerámica, líticos, textiles, madera, metálicos y de materiales orgánicos como restos óseos humanos, animales o plantas carbonizadas, entre otros, que mediante los métodos y técnicas de análisis en los que se apoya la arqueología, permiten reconstruir las distintas formas de vida de grupos humanos pasados’’.

Informes del Icanh evidencian que las categorías de bienes que se encuentran en mayor peligro debido a su tráfico ilícito son las estatuas, cerámicas, orfebrerías, maderas, líticos, restos óseos, textiles y arte rupestre.

 

Relación con el lavado de activos

 

Según el documento ‘Evaluación de las Amenazas Globales de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo’ (Global Money Laundering & Terrorist Financing Threat Assessment en inglés), publicado en 2010 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), activos como el arte y las antigüedades son vulnerables al lavado de activos porque están ‘‘(…) menos propensos a atraer la atención de las autoridades o del sector privado’’. Es decir, permitirían disfrazar de mejor forma los bienes y/o activos ilícitos de organizaciones delincuenciales.

El Gafi agrega que las características propias de elementos como el arte y las antigüedades permiten la manipulación de su precio real, en gran medida porque su valor es incalculable. ‘‘La actividad criminal puede estimular el desarrollo de mercados ilegales (…), y puede resultar en el contrabando y el movimiento de los artículos del patrimonio de una jurisdicción’’.

Documento Gafi

 

¿Qué se ha hecho en Colombia para combatir el fenómeno?

 

Medidas generales

 

Hace varios años el Ministerio de Cultura lanzó una campaña en los aeropuertos internacionales de Colombia denominada ‘No dejes que se fugue nuestro patrimonio’ para evitar que piezas pertenecientes al patrimonio cultural salieran ilegalmente del país con el objeto de ser comercializadas. En ella se veía un retablo Quimbaya, acompañado de una mochila arhuaca, a la espera de su vuelo. (Ver gráfico).

 

Gráfico pieza publicitaria Ministerio de Cultura

 

Adicionalmente, hace nueve años se firmó el Convenio Interadministrativo contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales 1881-01 de 2005, mediante el cual el Ministerio de Cultura, la Cancillería, el Archivo General de la Nación, el Icanh, la Dian, el DAS, la Fiscalía General, la Procuraduría General, la Aeronáutica Civil, el Sena y el capítulo Colombia del Consejo Internacional de Museos se comprometieron a adoptar medidas para combatir esta modalidad delictiva.

 

Colombia ratificó convenios internacionales

 

De acuerdo con información de la Unesco, Colombia ratificó por medio de la Ley 63 de 1986 la Convención de 1970, mientras que en 2009 a través de la Ley 1304 fue ratificado el Convenio de 1995 del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit por su sigla en inglés) sobre elementos culturales robados o exportados ilícitamente. La Convención de 1970 de la Unesco es un instrumento internacional ‘‘que promueve la cooperación internacional (…) de acciones preventivas en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, y permite el desarrollo de medidas para la restitución de los bienes culturales a nivel nacional e internacional’’. La Convención ha sido ratificada por 125 Estados.

Por su parte, el Convenio de Unidroit aplica para ‘‘las demandas de carácter internacional que buscan la restitución de bienes culturales robados, y la restitución de bienes culturales que hayan salido del territorio de un Estado contratante en infracción de su derecho que regula la exportación de bienes culturales con el fin de proteger su patrimonio cultural’’.

Con base en lo anterior, Edouard Planche afirma que ‘‘Colombia está trabajando activamente en la correcta aplicación de la Convención de 1970 y está comprometida con la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales en todo el mundo, aunque todavía queda trabajo por hacer, sobre todo en cuanto a la sensibilización de la población, el desarrollo de una sólida legislación nacional y la capacitación de todos los actores involucrados’’.

 

Después de todo, ¿el tráfico de patrimonio será delito?

 

De acuerdo con Carlos Gaitán, fiscal jefe de la Unidad de la Fiscalía que investiga estos casos, ‘‘estamos trabajando en una reforma a la ley. Ya hemos avanzado y estamos, precisamente, apuntándole a crear un título del Código Penal donde se hable de infracciones contra los bienes culturales de la nación e incluyamos todo este tipo de conductas bien tipificadas. (…) Esperamos que a finales de año esa reforma a la ley ya tenga luces’’. Para tal fin se han realizado varias reuniones entre el Ministerio de Cultura, el Icanh, la Fiscalía General y la Procuraduría en el marco del Convenio Interadministrativo contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales 1881-01 de 2005.

Esta reforma y la concienciación de la ciudadanía respecto al cuidado de su patrimonio cultural son de vital importancia para protegerlo. De no hacerse se corre el riesgo de que en el futuro no haya historia que contar ni herencia que dejar a las futuras generaciones y, por el contrario, las piezas que forman parte de la expresión de la cultura colombiana sigan tomando camino a través de los aeropuertos nacionales, tal y como lo retrata aquella pieza publicitaria del Ministerio de Cultura.