Más allá del impacto mediático que causa el escándalo de presunta corrupción y lavado de dinero por parte de empresarios y de altos funcionarios de la Federación Internacional de Futbol Asociado (Fifa), las entidades financieras y empresas del sector real deben enfocarse en las aparentes modalidades y canales utilizados para dar apariencia de legalidad al dinero producto de los sobornos.

 

Modalidades: falsas consultorías y uso de productos financieros

‘‘Los acusados ​​y sus conspiradores comprendieron que aceptar sobornos era impropio y por lo tanto trataron de ocultar la naturaleza de los pagos recibidos’’. La anterior cita textual se desprende del punto 122 de la acusación (indictment en inglés) dada a conocer el pasado 27 de mayo por el Departamento de Justicia de EE.UU. contra 14 personas, entre ellas empresarios y directivos de la Fifa.

Según el mismo documento, los presuntos responsables utilizaron una serie de técnicas sofisticadas de lavado de activos, entre las que se destacó el uso ‘‘de una cuenta numerada en un banco suizo, agentes de cambio e intermediarios de confianza para efectuar el pago de sobornos de una manera que [se] oculta su verdadero origen y naturaleza’’.

Otra de las modalidades utilizadas para encubrir los presuntos sobornos, según el numeral 73 de la acusación, consistió en establecer ‘‘acuerdos de servicios de consultoría y otros tipos similares de contratos para crear una apariencia de legitimidad de los pagos ilícitos’’.

Por ejemplo, el numeral 150 señala que Nicolás Leoz, expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), planeó recibir un soborno a través de su cuenta en el Banco do Brasil y la justificación dada sería el pago de un ‘‘contrato de consultoría falsa como base para la transferencia’’, ello para ‘‘evadir los controles contra el lavado de dinero de las entidades financieras’’. No obstante, la transferencia no se realizó.

En el numeral 73 también se agrega que los presuntos empresarios y dirigentes corruptos se apoyaron en banqueros, asesores financieros y agentes de cambio para crear y utilizar sociedades ficticias, así como para ocultar dinero en cuentas secretas, comprar bienes inmuebles y estructurar transacciones que no tuvieran que pasar por controles de notificación de divisas. Dichas conductas habrían tenido lugar en el Distrito Este de Nueva York.

 

El uso de bancos en EE.UU.

La acusación sostiene en su numeral 124 que la empresa Traffic International, la cual se dedicaba al marketing deportivo, tiene cuentas bancarias en EE.UU. desde 1999 y las utilizó para realizar los pagos relacionados con los derechos de difusión y comercialización de la Copa América. Por ejemplo, indica que en 2004 transfirió a la Conmebol, desde su cuenta en el Delta National Bank & Trust de Miami, un total de U$12 millones de dólares por los contratos de derechos. En total se hicieron 5 operaciones que tuvieron lugar el 12 de enero, el 29 de marzo, el 3 de mayo, el 2 de junio y el 3 de junio del mismo año.

Los numerales 126 y 127 de la acusación amplían detalles de los pagos realizados en otros años: entre 2006 y 2007 Traffic International utilizó nuevamente su cuenta en el Delta National Bank & Trust para pagar U$15 millones de dólares por los contratos de derechos de explotación comercial de la edición 2007 de la Copa América, la cual tuvo lugar en Venezuela. Lo mismo hizo Traffic entre 2010 y 2011 cuando giró a la Conmebol un total de U$22 millones de dólares por los derechos de la Copa América de 2011 realizada en Argentina.

De acuerdo con lo expuesto por la acusación las operaciones no solo correspondían al pago de los derechos comerciales del torneo deportivo, sino para sobornar a dirigentes deportivos de Sudamérica con el fin de que amañaran la decisión a favor de Traffic International.

 

Los pagos por presunta venta de votos

 

Mundial de 1998

Charles Blazer fue secretario general de la Concacaf entre abril de 1990 y diciembre de 2011, y la justicia de EE.UU. lo procesa por su presunta participación en el ofrecimiento, pago y aceptación de sobornos por votos en las elecciones de países sedes de mundiales; así como el ofrecimiento, pago y aceptación de sobornos para favorecer empresas de marketing deportivo durante la Copa de Oro, organizada por Concacaf.

La acusación de Blazer, distinta a la de los 14 empresarios y directivos, señala en su numeral 32 que en 1992 Blazer viajó a Marruecos acompañado de un ‘‘conspirador 1’’ gracias a una invitación hecha por el comité de candidatura de dicho país para organizar el mundial de 1998. Allí, agrega el documento, un representante del comité de la candidatura ‘‘ofreció un pago de soborno’’ a cambio de que el conspirador 1 prometiera su voto para que Marruecos organizara la copa mundo de 1998.

El conspirador 1 aceptó el soborno y meses después Blazer llamó desde las oficinas de la Concacaf en Nueva York a los miembros del comité de Marruecos para concretar el desembolso. No obstante, el numeral 35 de la acusación sostiene que ‘‘aunque se hizo el pago, en la reunión del comité ejecutivo de la Fifa celebrada el 2 de julio de 1992, Francia fue seleccionado sobre Marruecos para organizar la Copa del Mundo de 1998’’.

 

Mundial de 2010

La acusación en contra de Blazer recuerda que en 2004 la Fifa eligió a Sudáfrica como sede del mundial de 2010. El numeral 45 del documento dice que durante las semanas de las votaciones Blazer y el conspirador 1 viajaron a Marruecos, uno de los países aspirantes a ser sede, y allí un miembro del comité de candidatura le ofreció U$1 millón de dólares al conspirador 1 para que votara a favor de ellos.

Posteriormente, Blazer y el conspirador 1 recibieron una oferta de U$10 millones de dólares por parte del comité sudafricano (presuntamente con participación del gobierno de ese país) para apoyar la difusión del deporte. Según la acusación, en realidad se trataba de un soborno para que el conspirador 1 y un conspirador 3 votaran por Sudáfrica como sede de la cita mundialista. ‘‘El conspirador 1 indicó que había aceptado la oferta y dijo a Blazer que [le] iba a dar una porción de U$1 millón de dólares (…)’’, sostiene.

Durante los meses y años posteriores a la votación, en la que se le otorgó la sede a Sudáfrica, Blazer reclamó al conspirador 1 el pago del millón de dólares prometido; sin embargo, el conspirador 1 acordó con Blazer hacer el desembolso en varias cuotas debido a que se había gastado el dinero. Incluso, el ‘‘conspirador 1 también reveló que le había dado dos porciones más pequeñas de dinero al conspirador 3 y a otro funcionario de fútbol’’.

La acusación también sostiene que entre diciembre de 2008 y mayo de 2011 Blazer recibió del conspirador 1 tres pagos que sumados superaron los U$750 000 dólares. El primer desembolso se hizo por transferencia bancaria desde una cuenta en un banco caribeño de la Unión de Fútbol Caribeña (una de las tres federaciones de la Concacaf) hacia la cuenta corresponsal en Bank of América de Caimán Sportvertising, una empresa controlada por Blazer.

El segundo pago se hizo por medio de un cheque proveniente de una cuenta de la Unión de Fútbol Caribeña. Según la acusación, Blazer ‘‘causó el cheque para ser depositado en su cuenta de corretaje de Merrill Lynch en Nueva York. Aproximadamente un mes antes (…) el conspirador 1 envió un correo electrónico a Blazer para aconsejarle que el pago era inminente’’.

Mientras que el tercer pago se hizo a través de otro cheque proveniente de una cuenta de la Unión de Fútbol Caribeña, el cual fue entregado a Blazer en la sede de la Concacaf en Nueva York.

 

Indagaciones preliminares contra equipos en Colombia

Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación realizaron hace algunos días un análisis del caso Fifa, producto del cual entregaron un informe a un grupo de policía judicial que tendrá que establecer si existe la necesidad de iniciar un caso a nivel interno y si hay lugar a una indagación. Pero por ahora no hay una investigación formal en contra de algún directivo u entidad colombiana.

Por otra parte, infolaft pudo establecer que al cierre de esta edición había ocho casos de presunto lavado de activos adelantados por cinco diferentes fiscales de la Dirección de Fiscalía Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos en contra de algunos equipos del fútbol colombiano.

Según un documento al que esta revista tuvo acceso, existe un señalamiento contra la Corporación Deportiva Once Caldas y la Corporación Club Deportivo Tuluá que provino de un ciudadano que denunció ante la Presidencia de la República que en estas entidades ‘‘se estarían lavando dineros de procedencia ilícita’’. En este caso particular hasta el momento no hay más pruebas.

Otro caso es el del Unión Magdalena. En este hay un informe de inteligencia que sostiene que el gerente general de una reconocida empresa de la costa, quien fue condenado por tráfico de drogas, es uno de los principales accionistas del club deportivo. Así mismo, el documento consultado por infolaft sostiene que la mayoría de socios del club presentan tienen problemas judiciales.

En el caso del Valledupar Fútbol Club, otro de los que aparecen reseñados en el documento, simplemente se indica que hay una investigación por lavado de activos y nexos con el paramilitarismo al interior de esta organización deportiva.

Los restantes cuatro casos involucran al Envigado Fútbol Club, el Depor Fútbol Club, el Chicó Fútbol Club y la Corporación Deportiva Itagüí Ditaires, los cuales datan de los años 2008, 2009 y 2010 respectivamente. En una de ellas se indaga por accionistas que presuntamente fueron beneficiarios de miles de hectáreas de tierras y en otra se trata de establecer si hay antiguos integrantes del ‘Cartel de Medellín’ involucrados en uno de los equipos.

Sin embargo, una fuente consultada por infolaft –que pidió expresa reserva de su identidad- aclaró que hasta el momento no existe ninguna imputación y que las averiguaciones son preliminares. La misma fuente sostuvo que las indagaciones que se adelantan por ley 600 no han avanzado a una fase de sumario, ni los casos que se realizan en el marco de la ley 906 han pasado a fase de investigación.