Una reciente norma mexicana obligó a decenas de oficiales de cumplimiento y auditores de bancos, casas de bolsa y Sofomes reguladas a presentar un examen de conocimientos en prevención LA/FT. Solamente quienes pasen la prueba podrán continuar representando a la entidad ante organismos estatales, los demás podrían ser relegados de sus funciones. Interesante experiencia que podría ser replicada en otros países de América Latina.

 

El examen tuvo lugar el pasado 28 de agosto y es la primera de dos oportunidades que tendrán los oficiales de cumplimiento para certificar sus conocimientos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (Cnbv). El segundo examen se realizará el próximo 28 de noviembre y quienes no lo aprueben serán despedidos, toda vez que contar con dicha certificación es un requisito legal.

Según Miguel Tenorio, experto mexicano en prevención del LA/FT y quien participó en la elaboración del examen, ‘‘el tema de la certificación en México fue una necesidad que tuvo el gobierno para efectos de poner un piso mínimo de conocimientos técnicos necesarios para que cualquier persona que haga una labor en términos de prevención tenga ese bagaje, ese conocimiento necesario para poder llevarlo a cabo’’.

El examen evalúa tres áreas específicas de los profesionales antilavado:

 

  1. Conocimiento de normas internacionales (se tienen en cuenta las convenciones y documentos que México ha suscrito en términos de prevención de LA/FT).
  2. Conocimiento de la norma local (busca establecer si los oficiales saben diferenciar los tipos de reportes, si conocen cuándo se tienen que realizar y qué obligaciones tienen como supervisados).
  3. Conocimientos en gestión de riesgos y auditoría.

 

Por ahora esta es una obligación impuesta al sector financiero por parte de la Cnbv; sin embargo, y según Miguel Tenorio, ‘‘hay otros sectores que están interesados en replicar el modelo porque realmente está dando un empuje a la necesidad de contar con una capacitación y entrenamiento adecuado para garantizar que, cuando menos, [los oficiales y auditores] tengan los conocimientos técnicos para llevar a cabo su función’’.

Infolaft conoció que el proceso completo de preparación y elaboración de los exámenes llevó más de un año y los primeros resultados se dieron a conocer el pasado 23 de septiembre. Infolaft supo que de 40 oficiales de cumplimiento que presentaron la prueba, 27 la aprobaron.

 

¿Por qué se dio esta obligación?

Vale la pena mencionar que la obligación de que los oficiales de cumplimiento y auditores financieros estén certificados por la Cnbv se emitió ad portas de la próxima evaluación mutua que el FMI realizará al sistema de prevención LA/FT mexicano.

Durante el proceso de preparación de la evaluación las autoridades mexicanas detectaron que una de las principales deficiencias del sistema era la baja calidad de los reportes de operaciones sospechosas (ROS). De acuerdo con Miguel Tenorio, ‘‘había un alto índice de informes erróneos con información no relevante y lo que hizo la autoridad fue analizar cuál era el problema y detectó –dentro de ese análisis causa efecto- que el tema era atravesado por un tema de conocimiento de los sujetos obligados a reportar’’.

Según la misma fuente la certificación de la Cnbv no riñe con las otras certificaciones que otorgan universidades y centros de estudios. ‘‘Al contrario, la intención es que el propio mercado empiece a depurar la gente que oferta el servicio. Si yo fuera alguien que está buscando certificarme, pues contrataría a alguien que esté certificado (por la Cnbv), no tomaría link con alguien que no ha pasado ese proceso porque ni siquiera me garantiza que tiene los conocimientos mínimos’’, expresa un convencido Tenorio.

 

La experiencia se podría replicar en otros países

Según conoció infolaft, Panamá y varios países de Sudamérica están visualizando la posibilidad de imponer la obligación de que los oficiales de cumplimiento sean certificados por una autoridad estatal. De acuerdo con Miguel Tenorio, ‘‘la realidad es que todo el mundo está atento a lo que pase en México’’.

Es importante mencionar que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) proporcionaron los recursos para que el gobierno mexicano realizara esta labor, razón por la cual sería apenas lógico que –de ser exitoso el proceso- lo implementaran en otros países del mundo.