Como es habitual cada diciembre, infolaft presenta a sus lectores un repaso de los hechos más relevantes ocurridos en el año que pasa en prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. La emisión de la Circular para el sector real, la expedición del Código de Extinción de Dominio, la reestructuración de la Fiscalía y la nueva norma para las cooperativas, además del surgimiento de Gafilat, hacen del 2014 un año de avances en la lucha contra el LA/FT.

 

Nacional

¡Por fin! Circular LA/FT para sector real

El 20 de febrero de 2014 la Superintendencia de Sociedades emitió la Circular 304-000001 por medio de la cual obligó a las empresas que con corte al 31 de diciembre de 2013 hayan registrado ingresos superiores a 160 000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) -algo más de 98 000 millones de pesos- a diseñar e implementar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo del LA/FT.

 

Ilustración de Oracio Studio para infolaft

 

No obstante, varias semanas después surgieron varias dudas en algunos sectores, entre ellas el ámbito de aplicación de la Circular, ya que no se hacía claridad sobre si los ingresos base eran brutos o netos, y tampoco se sabía cómo determinar quién era el responsable del sistema en aquellas empresas que tuvieran más de un representante legal. Esta situación llevó a la Superintendencia a derogar la Circular 304 el 17 de junio y en su lugar expedir la Circular 100-000001 de 2014.

Tal y como informó infolaft en su edición 63, los principales cambios introducidos consistieron en:

  • Aclarar que el cálculo se debía hacer con base en los ingresos brutos
  • Determinar que los representantes legales que se encuentren en áreas de mayor exposición al riesgo de LA/FT son los encargados de diseñar el sistema
  • Exigir la realización de un análisis de riesgo de LA/FT previo a la implementación
  • Obligar a las entidades a designar un oficial de cumplimiento como la persona responsable de la ejecución y seguimiento del sistema de autocontrol
  • Retirar las obligaciones que tenían las áreas de revisoría fiscal sobre la verificación del sistema.

 

Expedición Código de Extinción de Dominio

El 20 de enero el presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley 1708 de 2014, por medio de la cual se expidió el Código de Extinción de Dominio. Entre otras, en dicha norma se ampliaron las causales de la extinción de dominio y se autorizaron los procedimientos abreviados en casos donde los presuntos responsables reconozcan que sus bienes tienen una procedencia ilícita.

La administración de los bienes también fue reformada en razón de la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). En este sentido y desde el 20 de julio de 2014, una vez entró en vigencia la ley 1708, los bienes son administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Otro de los aspectos importantes de la nueva ley fue el de permitir retribuir económicamente a aquellas personas que denuncien bienes ilícitos ante la Fiscalía General de la Nación. El incentivo podría llegar hasta el 5% del valor del bien una vez monetizado.

 

Separación de Unedla

Por medio del Decreto 016 del 9 de enero de 2014 el Presidente de la República autorizó modificar la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación. Dentro de los cambios se destacó clausurar la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos (Unedla) y en su lugar crear dos direcciones separadas:

  • Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos.
  • Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción del Derecho de Dominio. 


Si bien a la Dirección de Extinción de dominio no se le asignaron funciones distintas, hay que señalar que las funciones que tuvo la antigua Unidad Nacional de Fiscalía Antinarcóticos y de Interdicción Marítima pasaron a la nueva Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos.

Por otra parte, el mismo Decreto 016 también creó varios nuevos órganos de policía investigativa, entre los cuales se destacan la Dirección Especializada de Policía Judicial Económico Financiera y la Dirección Especializada de Policía Judicial de Extinción del Derecho de Dominio.

 

Acuerdos en temas LA/FT en proceso de paz

El 24 de septiembre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) publicaron los borradores de los acuerdos a los que han llegado en tres de los cinco puntos en el marco del Proceso de Paz que se adelanta en La Habana, Cuba.

Particularmente el borrador del punto 4, el cual hace referencia a la ‘Solución al problema de las drogas ilícitas’, denota que el Gobierno pondrá en marcha una ‘‘estrategia para perseguir los bienes y activos involucrados en el narcotráfico y prevenir y controlar el lavado de activos’’. También se conoció que, de firmarse el fin del conflicto, se conformarán grupos de expertos que tendrán la tarea de elaborar un estatuto de prevención y lucha contra las finanzas ilícitas.

En torno a las instituciones se acordó que el Gobierno rediseñará o creará, cuando sea necesario, instancias de investigación, supervisión y/o control financiero y de lavado de activos que ayuden a detectar las redes financieras de las organizaciones ilegales asociadas al narcotráfico.

Si bien estos acuerdos representan un gran avance, llama la atención que solamente hicieron referencia a los dineros obtenidos por las Farc producto del tráfico de drogas y no se mencionan posibles recursos logrados a través de actividades como el secuestro, la extorsión y la minería ilegal.

 

Más cooperativas obligadas

El 25 de marzo la Superintendencia de Economía Solidaria expidió la Circular Externa 6 de 2014 por medio de la cual impuso a las cooperativas que no ejercen actividad financiera, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales, la obligación de implementar medidas para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

 

Ilustración de Oracio Studio para infolaft

 

Dentro de las tareas que deben cumplir las cooperativas objeto de la Circular se encuentran definir e implementar mecanismos de detección de operaciones inusuales, reportar operaciones sospechosas a la Uiaf, establecer procedimientos de conocimiento de los clientes/asociados, cumplir con la lista de Naciones Unidas y nombrar un empleado de cumplimiento (esto último no aplica para las entidades del grado 3 de supervisión).

Según la superintendente Olga Lucía Londoño, en entrevista con infolaft publicada en la edición 61, dicha norma cobija a aproximadamente 4800 entidades en todo el territorio nacional.

 

Galeano dejó la Superfinanciera

El 16 de mayo fue el último día de Jorge Humberto Galeano como superintendente delegado de Riesgo de Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera, luego de renunciar tras más de ocho años en el cargo. Su retiro se dio porque decidió aceptar una oferta del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según lo informado por infolaft en su edición 62, durante su gestión Galeano impuso 53 sanciones a entidades financieras, administradores y oficiales de cumplimiento por incumplimientos en sus sistemas de prevención LA/FT. Aunque no todas fueron de orden pecuniario, el monto de las multas superó los 4000 millones de pesos.

La mayor responsabilidad que Galeano Lineros tuvo en la Superfinanciera fue la transición del enfoque en la gestión, así como la supervisión del diseño e implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (Sarlaft) en todo el sistema financiero colombiano, el cual reemplazó al anterior Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos (Sipla) que tenía mayoritariamente un enfoque de cumplimiento.

 

No hubo nuevos regulados anunciados por Uiaf

El Informe de Gestión de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) correspondiente al período agosto 2012–octubre 2013 preveía que antes de 2014 se ampliaría el número de reportantes al incluir a los sectores de transporte de carga aérea y marítima, revisores fiscales, minería, hidrocarburos, operadores celulares, información catastral y seguridad social, además de la Agencia Nacional de Infraestructura.

De los anteriores solo se sabe que la Superintendencia de Puertos y Transporte está próxima a emitir una Circular que regula a las sociedades portuarias, muelles turísticos y empresas de transporte fluvial, entre otros.

Tal parece que habrá que esperar para conocer qué sectores serán obligados en los próximos años a cumplir con normas específicas en prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Mientras tanto, sería bueno guardar mesura en cuanto a los anuncios que hacen las autoridades.

 

Poco avance proyecto de ley anticontrabando 94 de 2013

Desde el 18 de septiembre de 2013 está radicado en la Secretaría del Senado de la República el Proyecto de Ley 94 de 2013, ‘‘por medio del cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal’’. La iniciativa amplía las funciones de la Uiaf y la faculta para detectar prácticas relacionadas con la defraudación en materia aduanera y recibir reportes de operaciones sospechosas por parte de los revisores fiscales.

El proyecto de ley no ha tenido mayores avances y solamente ha sido aprobado en primer debate el 17 de junio de 2014 en la Comisión Primera del Senado y en segundo debate el 9 de diciembre en la plenaria, razón por la cual para que se convierta en ley debe pasar por los otros dos debates en Camára (Comisión Primera y Plenaria) antes del 20 de junio de 2015.

 

Plenaria Senado. Foto Ángel Vargas

 

Internacional

Exjefes de gobierno en problemas por LA/FT

En mayo de 2014 el expresidente guatemalteco Alfonso Portillo fue sentenciado a cinco años y diez meses de cárcel, tras ser hallado culpable por una corte del Distrito Sur de Nueva York de participar en una ‘‘conspiración para cometer lavado de dinero’’. Portillo se había declarado culpable el 18 de marzo.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia fechado el 22 de mayo, el expresidente Portillo recibió un soborno de U$2.5 millones de dólares por parte del gobierno de Taiwán a cambio de que Guatemala lo reconociera diplomáticamente. El informe agregó que el dinero fue depositado en cuentas bancarias en Miami (EE.UU.) y París (Francia).

Otro que tiene problemas es el expresidente peruano Alejandro Toledo, toda vez que está siendo investigado en su país por un presunto lavado de activos. De acuerdo con un editorial de El Comercio, uno de los diarios más reconocidos de Perú, ‘‘todo empezó cuando la prensa reveló que la suegra del señor Toledo había realizado compras millonarias sin, aparentemente, tener una fortuna que pudiese justificar el origen de ese dinero. (…) Cuando todas las miradas giraron hacia su yerno, este inició lo que se convertiría en una seguidilla de explicaciones absurdas y contradictorias para intentar demostrar que él no había estado involucrado en dichas transacciones’’. 

 

Alejandro Toledo. Foto WEF

 

El mismo editorial de El Comercio recuerda que tras varias investigaciones de prensa se descubrió que ‘‘el dinero provenía de una sociedad fundada en Costa Rica por una empleada de limpieza y un guardia de seguridad del estudio de abogados que la constituyó’’. El abogado que realizó la constitución declaró que ‘‘la sociedad de testaferros había sido fundada por encargo’’ del expresidente Toledo. En síntesis, Toledo está siendo investigado en Costa Rica y en Perú.

Pero los problemas no solo tienen lugar en América Latina, toda vez que el exprimer ministro portugués José Sócrates fue capturado a finales de noviembre luego de que, según un informe de la Agencia EFE, ‘‘las autoridades solo han señalado que la investigación a Sócrates nace de la comunicación de una entidad financiera sobre operaciones bancarias, movimientos y transferencias de dinero sin justificación’’.

 

Nace Gafilat

Durante la XXIX reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), realizada en julio en Cartagena de Indias, se aprobó el cambio de nombre a Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

De acuerdo con Esteban Fullin, secretario ejecutivo de Gafilat, la decisión se tomó para mostrar la nueva actualidad del organismo y para hacer un reconocimiento a los países miembro que no están en Sudamérica, entre ellos México, Panamá, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

 

Logo oficial Gafilat

 

El rebautizo del organismo también incluyó un cambio de imagen y la presentación de una nueva página web (www.gafilat.org), acciones que tuvieron lugar el 29 de octubre de 2014 en el marco del Día Nacional de Prevención del Lavado de Activos.

 

Argentina y Cuba salen de lista Gafi. Entró Panamá

El 24 de octubre se conoció que el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) decidió retirar a Argentina y Cuba de su lista gris clara de jurisdicciones con deficiencias en sus sistemas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

De acuerdo con un comunicado conocido en su momento, dicho organismo acogió ‘‘con satisfacción el progreso significativo’’ de Argentina en la mejora de su régimen ALD/CFT, mientras que felicitó a la Isla por establecer el marco jurídico y normativo para combatir eficazmente el lavado de activos y la financiación del terrorismo, deficiencias que habían sido identificadas en febrero de 2013.

Sin embargo, no todas las noticias fueron buenas para la región en torno a las listas Gafi, toda vez que en junio de 2014 Panamá fue incluido en la lista gris clara por no tipificar adecuadamente el LA/FT, no aplicar un marco jurídico adecuado para la congelación de activos de terroristas y no garantizar el adecuado funcionamiento de su UIF, entre otras deficiencias.

En consecuencia, Nicaragua y Panamá siguen en la lista gris clara, y Ecuador permanece en la lista gris oscura.

 

Caso JP Morgan

El 7 de enero de 2014 la UIF de EE.UU. (Fincen por su sigla en inglés) sancionó al JP Morgan Chase Bank con el pago de U$461 millones de dólares por no reportar transacciones sospechosas efectuadas por Bernard Madoff, mientras que la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York ordenó ese mismo día una confiscación por U$1700 millones de dólares debido a las mismas fallas.

 

Foto por Tomas Hawk

 

No obstante, esa no fue la única inconsistencia detectada al interior del sistema de prevención LA/FT del JP Morgan, ya que también se conocieron anomalías en el sistema de control interno, en el proceso de debida diligencia de conocimiento del cliente, en el monitoreo de las operaciones de los clientes, en la medición del riesgo de LA/FT y en los controles para la banca corresponsal.

En total la sanción ascendió a U$2050 millones de dólares.

 

Sanción contra PricewatherhouseCoopers

El 18 de agosto el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (Nydfs por su sigla en inglés) sancionó a la firma PricewatherhouseCoopers (PwC) tras confirmar que omitió de un informe de auditoría importantes hallazgos de una alteración de información por parte del Bank of Tokyo Mitsubishi con el fin de ocultar transacciones con jurisdicciones sancionadas.

El expediente de la investigación recuerda que PwC fue elegido en 2007 para auditar al Bank of Tokyo Mitsubishi luego de que dicha entidad financiera fuera sancionada por el Nydfs por realizar transacciones con entidades de Irán, Sudán y Myanmar. Antes de finalizar el examen el banco le confesó a PwC que había establecido una política cuya finalidad era eliminar información relacionada con los países sancionados por Ofac, tras lo cual le pidió a la firma no reportar este hecho al Nydfs. PwC aceptó.

En su momento, de acuerdo a lo expuesto por el expediente, un directivo de PwC envió correos electrónicos a socios y empleados, en los cuales sugirió en varias ocasiones que un análisis detallado en ciertas áreas podría revelar las inconsistencias del banco y por lo tanto era mejor evitarlo.

La sanción a PwC consistió en el pago de una multa de U$25 millones de dólares, elevar los estándares aplicables a los consultores independientes de servicios financieros y no poder aceptar durante 24 meses nuevos contratos de auditoría en los que participen entidades vigiladas por el Nydfs.