Desde hace varias décadas las operaciones encubiertas han venido siendo una de las técnicas más efectivas para combatir a las organizaciones criminales y su objetivo principal bien puede ser el de infiltrar a los grupos delincuenciales o trabajar con ellos de forma externa para obtener información valiosa que permita enjuiciarlos. Sin embargo, su ejecución puede develar fallas en los sistemas de prevención LA/FT de las entidades financieras utilizadas por los delincuentes.

 

Operaciones encubiertas son legales

En Colombia la actuación de los agentes encubiertos está regulada por el artículo 242 del Código de Procedimiento Penal, el cual señala que ‘‘cuando el fiscal tuviere motivos razonablemente fundados (…) para inferir que el indiciado o el imputado en la investigación que se adelanta continúa desarrollando una actividad criminal, previa autorización del Director Nacional o Seccional de Fiscalías, podrá ordenar la utilización de agentes encubiertos, siempre que resulte indispensable para el éxito de las tareas investigativas’’.

El mismo artículo en mención expresa que una vez aprobada la solicitud se puede disponer que ‘‘uno o varios funcionarios de la policía judicial o, incluso particulares, puedan actuar en esta condición y realizar actos extrapenales con trascendencia jurídica’’. Los particulares que pueden participar son aquellos ciudadanos de confianza del indiciado que puedan obtener información relevante para la imputación.

El hecho de que particulares ‘‘de confianza del indiciado’’ puedan participar en las operaciones encubiertas es bastante interesante, toda vez que por esa vía incluso los empleados, proveedores o socios de una compañía podrían, eventualmente, hacer las veces de agentes encubiertos en una operación de este tipo.

 

Operaciones realizadas en Colombia

Quizá uno de los errores más grandes que se pueden cometer es pensar que las operaciones encubiertas solo tienen lugar en Estados Unidos y que en Colombia no se realizan. Un ejemplo de ello es el libro The Infiltrator, publicado en 2009 por Robert Mazur, un exagente de la división de investigaciones del Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (IRS por su sigla en inglés). En el texto Mazur revela la forma como durante cinco años estuvo infiltrado en las operaciones de lavado de activos del Cartel de Medellín.

En uno de los apartes del libro Mazur cuenta que, haciéndose pasar por el lavador Bob Musella, en alguna ocasión paseaba en su vehículo Mercedes-Benz por el centro de Tampa (Florida) y vio un lujoso edificio del Banco de Crédito y Comercio Internacional (Bcci). El lujo le llamó tanto la atención que decidió llamar a un agente y programar una cita. Unos días más tarde Rick Argudo, vicepresidente de la sucursal de Tampa, lo atendió personalmente en una sala de conferencias privada de ese edificio.

Mazur dijo: ‘‘le expliqué [a Argudo] que mis asociados en Colombia estaban acumulando riqueza en cuentas bancarias panameñas y que [su] intención [era] enviarme fondos periódicamente para invertir en bienes raíces de la Florida. Argudo acordó abrir la cuenta. Yo había pasado la prueba, y al parecer era seguro hablar abiertamente conmigo. Mientras llenaba los formularios de la cuenta, habló sin romper su ritmo loco. Con la cabeza gacha y la pluma garabateando, dijo, ‘‘¿Crees que tendrás que mover el dinero en la dirección opuesta, desde los EE.UU. a Panamá? Porque tenemos muchos clientes aquí que tienen necesidad de colocar de forma confidencial los fondos en cuentas en el extranjero. Nosotros le podemos ayudar con eso en caso de necesidad’’.

Y añadió: ‘‘en el pasado, a menudo [hemos] ayudado a nuestros clientes a (…) [poner] sus fondos en nuestra sucursal en Gran Caimán, pero [no] recomiendo eso ahora porque Gran Caimán ha firmado un tratado con el IRS que permite al gobierno de Estados Unidos obtener los registros de cuentas’’. Argudo explicó que él y sus jefes ahora recomiendan que sus clientes depositen sus fondos en la rama Panamá. Los EE.UU. no podían seguirlos allí’’.

Es importante señalar que los agentes encubiertos en Colombia tienen la facultad, según la ley, de involucrarse en operaciones comerciales, asumir tareas, participar en reuniones con el indiciado o imputado y realizar transacciones con él.

 

Foto por infolaft

 

‘Hielo y Fuego’

Joseph Dubois fue un agente activo de la DEA y en un foro realizado hace dos años por infolaft relató la forma como, según él, se desarrolló la investigación que permitió la captura de más de 20 personas que presuntamente integraron una enorme red de lavado de dinero al servicio de grupos dedicados al tráfico de drogas en varios países de América Latina y Europa.

En palabras de Dubois, el caso inició luego de la autorización del Fiscal General de EE.UU. y de los fiscales de varios países intervinientes. Posteriormente, los agentes encubiertos de las oficinas de la DEA en Boston, Bogotá y otras ciudades, ‘‘descubrieron un esfuerzo cooperativo’’ entre los grupos narcotraficantes de alias ‘don Matías’ y la ‘Oficina de Envigado’.

Los agentes investigaron a varias personas de Venezuela, Cúcuta y Medellín que trabajaban para la ‘Oficina de Envigado’ hasta que llegaron a un promotor venezolano con gran influencia en la red. Cuando los mencionados agentes se hicieron pasar por delincuentes, el promotor les ofreció trabajo para recoger grandes sumas de dinero en Nueva York, Miami, Canadá, Puerto Rico, algunos países de Europa, Australia y México.

De acuerdo con Dubois, fue gracias a la interacción con este promotor venezolano que los agentes encubiertos pudieron llegar hasta los promotores y traficantes más importantes de la ‘Oficina de Envigado’.

Quizá lo más interesante de la investigación para los oficiales de cumplimiento es que uno de los presuntos involucrados en la red era un ciudadano venezolano-americano que –de acuerdo con la acusación– movió grandes sumas de dinero ilícito a través de sus cuentas en una reconocida entidad bancaria de Estados Unidos.

Los agentes, señaló Dubois en su momento, entrevistaron a funcionarios del banco para establecer qué hallazgos tenían respecto al indiciado y ‘‘cuando menos cuatro empleados dijeron que no sabían qué era lo que hacía este tipo’’. No obstante, la entidad financiera salvó su papel gracias a los reportes de operaciones sospechosas que había efectuado sobre las transacciones del ciudadano venezolano-americano.

 

Caso Union Bank

‘Otro de los casos famosos de operaciones encubiertas vinculó al Union Bank of California, el cual recibió en 2007 una multa de U$10 millones de dólares por parte de la UIF de EE.UU. (Fincen en inglés). Según Fincen, el banco californiano ‘‘no controló adecuadamente ciertas cuentas mexicanas de casas de cambio y no pudo identificar y presentar cientos de informes de actividades sospechosas en el momento oportuno’’.

Según un informe del Departamento de Justicia fechado el 17 de septiembre de 2007, entre mayo de 2003 y abril de 2004 varios agentes encubiertos detectaron millonarias transacciones realizadas por casas de cambio mexicanas a través del Union Bank of California. Las operaciones encubiertas permitieron establecer que el dinero provenía del tráfico de drogas entre agrupaciones delincuenciales de México y Colombia.

Por cuenta de las investigaciones de los agentes encubiertos en los que se vio involucrado, el Union Bank de California tuvo que pagar una multa de U$31 millones de dólares, contratar consultores externos, incrementar su personal de cumplimiento, ejecutar valoraciones a clientes de alto riesgo para incrementar la debida diligencia y adquirir herramientas tecnológicas de prevención de lavado.

 

Consideraciones generales

La mejor fórmula para que las entidades financieras y las empresas del sector real en Colombia eviten verse afectadas por investigaciones encubiertas es básica: cumplir a cabalidad con sus sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Un elemento importante es enseñar a los empleados a ser directos y tajantes en sus respuestas a clientes, proveedores, compañeros de trabajo, entre otras contrapartes, cuando eventualmente les hagan propuestas extrañas. Por ejemplo, no sería bien visto en una operación encubierta –o incluso en una auditoría externa- que a un funcionario le pidan falsificar documentos u omitir información y que él diga: ‘mira, en este momento no puedo ayudarte, quizá más adelante’ o ‘déjame consulto con mi jefe a ver si él me da la autorización’. En estos casos la respuesta debe ideal sería: ‘eso que me está proponiendo va en contra de lo que señala nuestra política interna y no lo hacemos aquí’.

Las entidades también podrían verse afectadas por operaciones encubiertas no solamente a través de empleados o socios que no hacen claridad de su rechazo al delito, sino por aquellos que sí sean corruptos o que busquen beneficiarse de la comisión de otros delitos. Esta clase de situaciones devela fallas de los sistemas internos y por esa vía las autoridades podrían abrir procesos contra las empresas.

El caso del banco mencionado en la operación ‘Hielo y Fuego’ demuestra que, a pesar de que la entidad habría sido utilizada para lavar activos, la detección oportuna de operaciones sospechosas y los posteriores reportes la salvaron de verse inmersa en procesos judiciales y disciplinarios en Estados Unidos. Con toda seguridad, el banco contaba con una política de reporte que cumplió en este caso particular.

Por su parte, el Union Bank de California no pudo detectar numerosas transacciones sospechosas efectuadas por los agentes encubiertos durante la investigación y producto de ello fue sancionado. El hecho de que se trate de una investigación formal de la justicia que busca demostrar un lavado de activos no excluye a la entidad financiera de cumplir con sus controles.

Las operaciones encubiertas que involucran a agentes encubiertos colombianos, así como a extranjeros, continuarán ejecutándose sin discriminar empresas o sectores económicos, razón por la cual hay que estar atentos, no a detectar si en efecto se trata de operaciones encubiertas sino a la presencia de criminales en la organización. Es claro que las operaciones de este tipo en ocasiones son más efectivas que las visitas formales de los supervisores naturales.

 

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