Una vez las delegaciones del Gobierno y las Farc dieron a conocer el borrador del acuerdo final para la terminación del conflicto, llegaron fuertes críticas desde el Centro Democrático, el cual llamó la atención sobre varios puntos que, a su modo de ver, facilitarían el lavado de activos de la agrupación guerrillera. Adicionalmente, el procurador ha dicho que el actual proceso de paz será la más grande operación de lavado de activos de la historia. Análisis.

 

El 17 de octubre voceros del Centro Democrático publicaron varias capitulaciones por medio de las cuales hicieron fuertes cuestionamientos al proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba, entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

De acuerdo con los miembros de esa fuerza política, ‘‘el Gobierno no obligó a las Farc a reconocer lo que todo el mundo sabe: que son narcotraficantes  y que han financiado su violencia contra el pueblo colombiano con los recursos del narcotráfico’’. Adicionalmente, señalaron que ‘‘con la complicidad del Gobierno las Farc no se reconocen como narcotraficantes,  en el acuerdo no asumen ninguna responsabilidad en el desmonte de este negocio ilícito. Todos los compromisos específicos  para ello son asumidos exclusivamente por el Estado’’.

Ante esta críticas, el 22 de octubre el Gobierno publicó un informe por medio del cual expresó que ‘‘no es cierto’’ que no haya obligado a las Farc a reconocer su participación en el narcotráfico. ‘‘El Acuerdo ente el Gobierno y las Farc reconoce que el cultivo, la producción y comercialización de las drogas ilícitas también han atravesado, alimentado y financiado el conflicto’’, razón por la cual se acordó entre las partes que ‘‘la construcción de una paz estable y duradera supone la disposición por parte de todos de contribuir con el esclarecimiento de la relación entre el conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas y el lavado de activos derivados de este fenómeno’’.

En este mismo sentido, el Ejecutivo señaló que fueron las Farc quienes asumieron el compromiso de ‘‘contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas, con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas’’, al tiempo que tomarán las acciones necesarias para ‘‘poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno’’.

No obstante lo anterior, reconoció que todavía no se ha discutido la forma por medio de la cual se verificará el cumplimiento de los acuerdos, toda vez que ese tema se tratará en el punto 6 que hace referencia a los ‘‘mecanismos de verificación y seguimiento de lo acordado’’.

Otra de las críticas del Centro Democrático giró en torno a que las Farc no se comprometieron a acabar con sus cultivos de coca ni sus laboratorios, tampoco se obligaron a entregar la rutas de salida de la droga, ‘‘ni a entregar sus bienes y recursos derivados del narcotráfico’’.

 

Alvaro Uribe, jefe Centro Democrático

 

Aquí la respuesta del Gobierno fue un poco menos clara, ya que expresó que en la legislación vigente existe la ‘‘extinción judicial para las tierras adquiridas con recursos ilícitos y la recuperación de baldíos apropiados de manera fraudulenta’’, la cual se configura en el principal instrumento acordado. Sin embargo, las normas no han sido modificadas por el acuerdo y ‘‘simplemente se mencionan como una herramienta vigente’’, agregó el Ejecutivo.

Pero quizá la denuncia más fuerte del Centro Democrático tiene que ver con la posibilidad que se plantean respecto a que si las ‘‘Farc no se comprometen a entregar sus bienes derivados del narcotráfico, el cumplimiento de este acuerdo será la más grande operación de lavado de activos de la historia colombiana’’.

Adicional a lo anterior, el 13 de noviembre, durante un foro realizado en la Universidad del Rosario, el procurador Alejandro Ordoñez reiteró que el proceso de paz será la más grande operación de lavado de activos de la historia, pronunciamiento que hizo luego de que la Revista Forbes señalara que las Farc son el tercer grupo terrorista más rico del mundo.

Lo llamativo de toda la situación fue que en sus respuestas, tanto en las entregadas al Centro Democrático como las dadas al procurador Ordoñez, el Gobierno no se refirió de forma directa a esta acusación e incluso en los borradores no se menciona algo relacionado con una eventual entrega de bienes de las Farc o cuál será el manejo que se les dará.

Después de todo el rifirrafe, debe quedar en claro que en medio de la polarización que ha generado el proceso de paz no es viable dejarse llevar por apasionamientos políticos y, por el contrario, hay que ver con enfoque técnico los borradores de los acuerdos. Tal vez el tema de los bienes y los dineros ilícitos –posiblemente el más importante en materia de lucha contra el LA/FT- no se haya aclarado por parte del Ejecutivo porque todavía no se ha definido nada en la mesa o porque efectivamente no tienen claro qué hacer con ese problema.

Entonces, y ante esta realidad, lo único cierto hasta ahora es que mientras no se concrete el fin del conflicto las entidades deben continuar cumpliendo con sus sistemas de prevención LA/FT y estar atentas a cualquier decisión formal que se tome al respecto. Lo demás son versiones de uno y de otro lado.