La Fiscalía General de la Nación informó que impuso medidas cautelares con fin de extinción de dominio sobre 58 bienes avaluados en COP 150 mil millones que estarían a nombre de los involucrados en hechos de corrupción ocurridos en los departamentos de Quindío y San Andrés y que pusieron en riesgo más de COP 120 mil millones de recursos públicos.
El ente acusador comentó que “la operación ‘Diez por ciento’ avanza en su segunda fase con el propósito de identificar y afectar los activos de los involucrados en un esquema de corrupción, en el que un grupo de constructores hizo aportes a campañas políticas o retribuyó el 10% de sus contratos a cambio de que los mandatarios locales le adjudicaran proyectos viales, sociales y de desarrollo (…) como megacolegios y edificios públicos, y mantenimiento de inmuebles para puntos turísticos, entre otros”.
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El rastreo realizado por la fiscalía permitió detectar 58 bienes (51 inmuebles, 4 sociedades y 3 establecimientos de comercio) que estarían a nombre de los sujetos investigados por los hechos de corrupción en el archipiélago o que habrían estado al servicio de los consorcios contratistas.
Con la información sobre el posible origen o destinación ilícita de los bienes, una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre ellos. Las diligencias de ocupación se cumplieron en el transcurso de la semana pasada en municipios de Antioquia, San Andrés y Bogotá, y contaron con el apoyo de personal de policía judicial del CTI de la fiscalía, el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Policía Nacional.
Los 58 bienes afectados con las medidas cautelares están distribuidos de la siguiente manera:
- 30 inmuebles entre casas, lotes, apartamentos, parqueaderos y depósitos ubicados en Medellín, Bello, Envigado, Sopetrán, San Jerónimo y Girardota (Antioquia). Estos bienes estarían en cabeza de los contratistas Hernán Moreno Pérez, propietario de Furel S.A. y Fernando León Diez Cardona.
- 20 lotes, casas de campo y apartamentos en San Andrés que harían parte del patrimonio de los exgobernadores Aury del Socorro Guerrero Bowie (2012 – 2016) y Ronald Housni Jaller (2016 – 2020), del exrepresentante a la Cámara Jack Housni Jaller, y del contratista raizal Mauricio José Rodríguez Cotua. En este grupo de propiedades sobresalen dos lujosos inmuebles con piscina ubicados cerca a la playa, en el sector Sarie Bay. Estas dos casas, cuyo valor ascendería a COP 5 mil millones eran las residencias de los hermanos Ronald y Jack Housni Jaller, exgobernador y excongresista, respectivamente.
- Un apartamento con parqueaderos, depósito y cava en un exclusivo sector en el nororiente de Bogotá que pertenecería al exrepresentante a la Cámara, Jack Housni Jaller.
- Cuatro sociedades y tres establecimientos comerciales en Medellín (Antioquia) que conformaron los consorcios contratistas. En la sede de Concypa S.A., una de las sociedades ocupadas, los investigadores se incautaron COP 400 millones en efectivo que estaban en una caja fuerte.
