La Financial Conduct Authority (FCA) ha introducido nuevas directrices para el tratamiento de las PEP o las "personas políticamente expuestas", pues afirman que estas pueden llegar a abusar de su oficina pública para el beneficio privado y pueden utilizar el sistema financiero para lavar sus producto, debido a su posición.
Los reglamentos exigen que las empresas cuenten con sistemas y procedimientos apropiados de gestión de riesgos para determinar si un cliente o su beneficiario final es un PEP.
En las nuevas directrices se menciona que: “las empresas deben comprender por qué un PEP, miembro de la familia o asociado cercano está operando a través de un intermediario o introductor, y de acuerdo con las directrices de la GAFI, utilizarlo como parte de su evaluación del riesgo". La nueva orientación requiere que las empresas apliquen enfoques "más estrictos" en los que se evalúe que este cliente tiene un mayor riesgo.
La FCA dice además, que en las circunstancias anteriores las empresas tendrán que tomar medidas adicionales para verificar la información sobre el cliente y la relación comercial propuesta, ya que un PEP plantea un mayor riesgo si el producto o la relación que se está buscando es mal utilizada para blanquear un producto de la corrupción a gran escala, o si se les confía una función pública prominente en un país que está en riesgo de corrupción..
La guía dice que cuando una empresa ha identificado un PEP, se requiere tener la aprobación de la alta dirección para establecer o continuar la relación comercial, tomar las medidas adecuadas para establecer la fuente de riqueza y fondos del cliente y una vez que la relación de negocios se celebra, se debe llevar a cabo un seguimiento continuo de la relación.
Otros atributos incluyen riqueza personal o estilo de vida inconsistente con fuentes legítimas conocidas de ingresos o riqueza, alegaciones creíbles de mala conducta financiera o responsabilidad por grandes ejercicios de contratación pública
(Nota agregada de Financial Reporter)
